Tarazona: dieciséis meses entre el anuncio y la gestión

En política se pueden heredar problemas, pero no excusas para siempre. El actual Grupo de Gobierno de Santa María de Guía tiene razón cuando sitúa el origen del embrollo de la residencia de Tarazona en decisiones adoptadas durante el mandato anterior, con Pedro Rodríguez al frente. Lo que no resulta aceptable es utilizar esa herencia para esquivar cualquier responsabilidad propia después de casi dos años gobernando.

Y esa responsabilidad inicial no puede diluirse bajo una referencia genérica al «Gobierno anterior». Pedro Rodríguez era el alcalde cuando se impulsaron y ejecutaron las obras, cuando se trasladó a las 26 personas residentes con la promesa de que regresarían en unos cuatro meses y cuando el Ayuntamiento recepcionó, en agosto de 2023, unos edificios cuya inscripción registral acabaría bloqueada por los problemas con las servidumbres. Bajo su mandato quedó una infraestructura de alrededor de ocho millones de euros terminada sobre el papel, pero sin las condiciones necesarias para ponerse en funcionamiento. Ese es el origen del problema y supone un grave fracaso de gestión política.

Conviene recordar, además, un dato que parece haberse borrado interesadamente del relato oficial. Cuando en noviembre de 2022 se decidió trasladar a las 26 personas mayores que vivían en la antigua residencia de Tarazona a otros centros de Gran Canaria, Alfredo Gonçalves no era uno que pasaba por allí. Era el concejal de Servicios Sociales y participó, junto al entonces alcalde Pedro Rodríguez, en la reunión en la que se comunicó a las familias que el traslado sería temporal y que las obras durarían aproximadamente cuatro meses.

Han pasado más de tres años y medio desde entonces. Aquellas personas mayores no regresaron cuando se les prometió. Algunas han fallecido sin poder volver a la residencia de su municipio. Otras continúan alejadas de su entorno habitual, mientras sus familias han tenido que asumir las consecuencias de una provisionalidad que acabó convirtiéndose en permanente.

Por tanto, el alcalde actual puede criticar la gestión de su antecesor, pero no puede presentarse ahora como alguien limpio de polvo y paja. Formaba parte del gobierno municipal y dirigía, precisamente, el área más directamente relacionada con las personas afectadas.

Un problema “resuelto” que tardó dieciséis meses en resolverse

El 14 de febrero de 2025, el Ayuntamiento anunció públicamente el desbloqueo de la residencia. El alcalde, Alfredo Gonçalves; y el concejal de Política Social, Mayores y Discapacidad, Alejandro Rivero; comparecieron junto a los seis propietarios colindantes y aseguraron que se había alcanzado un acuerdo que permitiría inscribir el inmueble en el Registro de la Propiedad y avanzar en la fórmula prevista para su puesta en funcionamiento, que entonces pasaba por su cesión al Cabildo, aunque las últimas informaciones apuntan a que esa vía podría haber cambiado.

Alejandro Rivero no era, además, un actor secundario en este expediente. En octubre de 2024 fue quien explicó en el Pleno municipal que el complejo no podía cederse al Cabildo porque la antigua residencia de Tarazona no había podido inscribirse en el Registro de la Propiedad, debido a la oposición de propietarios colindantes por cuestiones relacionadas con las servidumbres. Cuatro meses después participó en el anuncio de que el asunto había quedado resuelto en “tiempo récord” y agradeció públicamente tanto la disposición de los propietarios como el trabajo del personal técnico municipal.

La comunicación municipal fue triunfalista. Se habló de un problema solucionado en apenas cuatro meses, de un acuerdo alcanzado en “tiempo récord” y de la capacidad del nuevo Gobierno para abrir unas puertas que, según afirmaban, el anterior alcalde había mantenido cerradas.

El acuerdo fue relámpago, la ejecución de las actuaciones materiales necesarias para restituir las servidumbres afectadas no tanto.

Ahora, en julio de 2026, el Ayuntamiento vuelve a presentar como un gran logro la ejecución de esas obras. Las imágenes difundidas muestran, fundamentalmente, la instalación de tuberías y una acometida que permite que el agua vuelva a llegar al estanque utilizado por los agricultores propietarios de las parcelas colindantes.

Es positivo que finalmente se haya hecho, pero las imágenes plantean una pregunta inevitable: si el problema estaba resuelto desde febrero de 2025, ¿por qué se tardó más de dieciséis meses en ejecutar una actuación tan concreta?

No hace falta demostrar que el retraso haya sido intencionado ni afirmar que se esperó deliberadamente a que se acercaran las elecciones. Basta con mirar los hechos. Se presentó a bombo y platillo un acuerdo como si fuera la solución definitiva y, después, el expediente quedó aparcado durante más de un año, sin que se ejecutara una de las actuaciones imprescindibles para culminar la inscripción registral.

Por eso, la responsabilidad política de ese retraso no recae únicamente en el alcalde, también alcanza a Alejandro Rivero, responsable del área de Política Social y uno de quienes presentaron públicamente el acuerdo como la solución definitiva al problema.

Eso no es una gestión eficiente. Es falta de diligencia y una dejación evidente de responsabilidad política.

Un año de retraso que ya no pertenece al Gobierno anterior

La responsabilidad primera recae, por tanto, en el Gobierno presidido por Pedro Rodríguez. No dejó un pequeño fleco administrativo, sino una obra recepcionada que no podía avanzar hacia su puesta en marcha porque durante la ejecución se afectaron servidumbres de propietarios colindantes y esas cuestiones no quedaron resueltas. La consecuencia fue enorme: una residencia nueva cerrada, 26 personas mayores desplazadas y millones de euros públicos invertidos en una infraestructura que no podía prestar el servicio para el que había sido construida.

Pero el actual gobierno también tiene que asumir las suyas.

Desde febrero de 2025 existía un acuerdo con los propietarios. El propio Ayuntamiento afirmó entonces que el problema había quedado resuelto. Si después hicieron falta dieciséis meses para ejecutar las obras acordadas, más de un año adicional de retraso en la apertura de la residencia es directamente atribuible a la gestión actual.

Durante ese tiempo no solo permaneció cerrada una instalación terminada y financiada con alrededor de ocho millones de euros. También continuaron generándose gastos de vigilancia, limpieza, jardinería, alarmas, seguros y mantenimiento. En 2025, el propio Ayuntamiento reconocía que esos costes rondaban los 80.000 euros anuales.

Más preocupante todavía resulta que, mientras el requisito registral seguía sin completarse, se anunciara que se estaban preparando los pliegos de licitación y que la residencia podría abrir antes de finalizar 2025. Aquella previsión carecía de una base suficientemente sólida, porque todavía no se había resuelto materialmente el obstáculo que impedía avanzar con garantías.

Se anunciaron fechas, se generaron expectativas y se volvieron a incumplir. Un brindis al sol.

Unos por otros y la residencia sin abrir

El caso de Tarazona resume demasiado bien la forma de gestionar de los dos últimos gobiernos municipales.

Pedro Rodríguez dejó una residencia supuestamente terminada y recepcionada, pero jurídicamente bloqueada. Dejó también a 26 personas mayores fuera de Tarazona y una promesa de regreso en cuatro meses que no se cumplió. Esa es la responsabilidad principal y no puede rebajarse ni esconderse detrás de los errores posteriores. El actual Gobierno llegó denunciando aquella situación, anunció que la había solucionado en tiempo récord y tardó después dieciséis meses en ejecutar las actuaciones que daban contenido real a ese acuerdo.

Unos por otros y la casa sin barrer.

La ciudadanía no necesita nuevas publicaciones triunfalistas ni que se presente cada pequeño avance como si fuera la inauguración definitiva, necesita saber si la propiedad ya está correctamente inscrita, en qué situación se encuentra la licitación de la gestión y cuál es la fecha realista de apertura.

Especialmente, necesitan respuestas las familias de quienes salieron de Tarazona pensando que regresarían cuatro meses después. También las numerosas personas dependientes que esperan una plaza residencial y ven cómo una infraestructura pública permanece cerrada mientras las administraciones se van pasando las culpas y preparan nuevos anuncios.

Resolver ahora una parte del problema siempre será mejor que no resolverla. Pero ejecutar con dieciséis meses de retraso una actuación que ya se había presentado como solucionada no convierte a nadie en un gestor eficiente.

La propaganda puede repetir un anuncio todas las veces que quiera. La realidad es mucho más sencilla: la residencia de Tarazona continúa cerrada. El origen del desastre y la responsabilidad política principal corresponden al gobierno de Pedro Rodríguez; el retraso añadido desde 2025 corresponde ya al actual grupo de gobierno. Ninguno de los dos puede salir indemne de una gestión que han acabado pagando las personas mayores, sus familias y el conjunto de la ciudadanía.

Cosme Vega, portavoz de Drago Canarias en Guía