El Ayuntamiento de Gáldar adeuda más de 763 000 euros al Cabildo por el impuesto sobre residuos medioambientales

 

El Ayuntamiento de Gáldar mantiene una deuda de 763 596,25 euros con el Cabildo de Gran Canaria por el Impuesto sobre residuos de tratamiento en complejos medioambientales, correspondiente a los ejercicios 2023, 2024 y 2025, según la resolución por la que el Cabildo autoriza el fraccionamiento de esta deuda tributaria. 

 

El importe total se desglosa en 655 743,89 euros de principal, 79 736,26 euros de recargos y 28 116,10 euros de intereses de demora, lo que suponen 107 852,36 euros en recargos e intereses añadidos al importe inicialmente adeudado. 

 

El expediente fue llevado al Pleno municipal celebrado el 26 de febrero de 2026 bajo el título «Autorización para la detracción de fondos de la Carta Económica proveniente del Bloque Canario de Financiación Municipal», con el fin de autorizar al Cabildo de Gran Canaria a descontar automáticamente de las transferencias que recibe el Ayuntamiento las cantidades necesarias para atender esta deuda tributaria.

 

El Partido Popular de Gáldar denuncia la falta de transparencia con la que se tramitó este asunto. Según la formación, ni el título del expediente ni el acuerdo sometido al Pleno identificaban expresamente que la autorización tenía como finalidad garantizar el pago de una deuda tributaria superior a 763 000 euros por el impuesto que grava el tratamiento de los residuos urbanos en los complejos medioambientales del Cabildo.

 

La resolución del Cabildo, señalan los populares galdenses, autoriza el fraccionamiento de la deuda en 12 mensualidades de 63 633,02 euros, mediante retenciones automáticas sobre los fondos que el municipio recibe del Bloque Canario de Financiación Municipal, entre agosto de 2026 y julio de 2027. Además, establece que los intereses de demora quedan integrados en el importe total de la deuda. 

 

Para el Partido Popular, los vecinos de Gáldar tienen derecho a conocer con claridad la situación económica del Ayuntamiento y las obligaciones que asume la Corporación. Por ello, considera que los expedientes que se elevan al Pleno deben identificar expresamente el concepto, el importe y el alcance económico de las deudas cuya financiación o garantía se somete a aprobación, permitiendo que los concejales y la ciudadanía dispongan de una información completa y transparente antes de la adopción de los acuerdos.