1976: un año decisivo para la defensa del patrimonio histórico en Gran Canaria

Familiares de Francisco Montesdeoca en un túmulo. Destaca el cartel que insta a la preservación del yacimiento. 1935. Francisco Montesdeoca Suárez - Familia Montesdeoca Franco. Museo Canario

 

El año 1976 marcó un punto de inflexión en la conciencia patrimonial de Gran Canaria. Mientras en Arucas avanzaban los trabajos para la protección de uno de los conjuntos urbanos más singulares del Archipiélago, en Gáldar la ciudadanía se veía obligada a salir a la calle para reclamar la conservación de uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la cultura prehispánica canaria.

 

Aquellos dos acontecimientos, aparentemente independientes, reflejan dos realidades muy diferentes de la gestión del patrimonio histórico en Canarias durante la segunda mitad del siglo XX.

 

En Arucas, la defensa de su casco histórico se fundamentó en un exhaustivo estudio histórico-artístico promovido por el Ayuntamiento y respaldado por especialistas en patrimonio. El expediente de declaración como Conjunto Histórico-Artístico puso de relieve el extraordinario valor arquitectónico de la ciudad, la singularidad de su trama urbana y la necesidad de preservar un conjunto monumental que había sabido mantener buena parte de su identidad histórica. El trabajo recordaba que la protección del patrimonio no podía limitarse a los edificios monumentales, sino que debía extenderse al paisaje urbano, a las perspectivas visuales y al conjunto de valores culturales que conforman la personalidad de una ciudad.

 

Especial relevancia tuvo la figura del historiador y urbanista Fernando Chueca Goitia, cuyas reflexiones sobre la destrucción de los cascos históricos españoles sirvieron de fundamento teórico para la protección de Arucas. Chueca denunciaba los efectos de la especulación urbanística y defendía la conservación de los centros históricos como espacios vivos de memoria colectiva, anticipando debates que décadas más tarde seguirían plenamente vigentes.

 

Mientras tanto, a apenas treinta kilómetros de distancia, la realidad era muy distinta.

 

En Gáldar, el problema no consistía en proteger un casco urbano histórico, sino en evitar la desaparición física de uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de la isla. La necrópolis de La Guancha y el yacimiento de El Agujero sufrían desde hacía años un progresivo deterioro provocado por el abandono, la ocupación de su entorno y la ausencia de medidas eficaces de conservación.

 

La respuesta no partió inicialmente de las administraciones, sino de la sociedad civil. Jóvenes, arqueólogos, artistas, escritores e investigadores convocaron en julio de 1976 una manifestación sin precedentes para reclamar la defensa del patrimonio arqueológico canario. Aquella movilización constituyó uno de los primeros movimientos ciudadanos organizados en Canarias cuya finalidad exclusiva era la protección del patrimonio histórico.

 

Resulta inevitable establecer el contraste.

 

Mientras Arucas conseguía que las instituciones reconocieran oficialmente el valor excepcional de su patrimonio urbano mediante un procedimiento administrativo ejemplar, Gáldar veía cómo sus ciudadanos tenían que reivindicar en la calle la protección efectiva de un yacimiento que ya había sido declarado Monumento Histórico-Artístico décadas atrás.

 

Dos formas opuestas de afrontar un mismo deber colectivo: conservar la memoria histórica.

 

Este trabajo pretende reconstruir aquella historia a través de los testimonios publicados en la prensa de la época, los documentos oficiales y las opiniones de sus protagonistas. Más que una simple crónica de acontecimientos, constituye una reflexión sobre la responsabilidad de las administraciones públicas, el compromiso de la sociedad civil y las consecuencias que produce la falta de actuación cuando el patrimonio cultural queda expuesto al abandono.

 

La Guancha: cuando el patrimonio quedó a merced del abandono

 

En la costa de Gáldar, donde el mar golpea desde hace siglos las antiguas tierras de El Agujero, permanece uno de los testimonios más valiosos de la cultura de los antiguos canarios: el yacimiento arqueológico de La Guancha. Sin embargo, su historia no solo habla de un pasado aborigen de extraordinaria riqueza, sino también de décadas de abandono, destrucción y conflictos que pusieron en peligro un legado irrepetible.

 

En octubre de 1985, el conservador de El Museo Canario, Julio Cuenca Sanabria, denunció públicamente una situación que calificó de incomprensible. Las obras promovidas por la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias para cerrar y proteger el yacimiento fueron paralizadas por orden judicial tras el interdicto de “Obra Nueva” presentado por propietarios de varias viviendas clandestinas construidas en la propia zona marítimo-terrestre y prácticamente sobre los restos arqueológicos.

 

La Guancha: el precio de proteger el patrimonio demasiado tarde

 

Hay errores administrativos que el tiempo termina convirtiendo en conflictos sociales. La historia de La Guancha, en Gáldar, es uno de esos ejemplos que deberían estudiarse en todas las administraciones públicas como un manual de lo que nunca debe hacerse cuando se gestiona el patrimonio histórico.

 

Con demasiada frecuencia se ha querido presentar el conflicto surgido en torno al vallado del yacimiento arqueológico como una confrontación entre vecinos y arqueólogos, entre intereses particulares y defensa del patrimonio. Esa interpretación resulta tan cómoda como incompleta. La realidad fue mucho más incómoda para las administraciones responsables.

 

La Guancha llevaba décadas esperando una protección efectiva. Mientras los túmulos funerarios, uno de los conjuntos arqueológicos más relevantes de la Gran Canaria prehispánica, permanecían prácticamente abandonados, las edificaciones fueron aproximándose peligrosamente a un espacio que jamás debió perder su integridad paisajística. Nadie actuó cuando todavía era posible hacerlo sin generar conflictos. Nadie puso orden cuando aún había margen para evitar lo que después resultaría inevitable.

 

Las administraciones fallaron cuando tenían la obligación de planificar.

Y cuando, por fin, decidieron intervenir, el problema ya estaba servido.

 

Los vecinos no aparecieron de la noche a la mañana. Sus viviendas, sus accesos y sus garajes existían desde hacía años. Habían consolidado una realidad tolerada durante demasiado tiempo por quienes tenían el deber de proteger aquel enclave arqueológico. Resulta difícil exigir sacrificios a la ciudadanía cuando la propia Administración fue incapaz de ejercer, durante décadas, la autoridad que ahora pretendía imponer.

 

Un reportaje publicado en febrero de 1985 refleja con claridad esa contradicción. Los vecinos afirmaban que apoyaban la conservación del yacimiento y aseguraban haber contribuido durante años a evitar su degradación. Su protesta no iba dirigida contra la protección de La Guancha, sino contra la forma en que se ejecutó el proyecto y la ausencia de diálogo institucional.

 

Al mismo tiempo, los responsables del patrimonio tampoco carecían de razón. señalaban entonces una evidencia incontestable: el verdadero error consistió en haber permitido construir viviendas junto a un enclave arqueológico de semejante importancia. Su reflexión sigue teniendo hoy plena vigencia. Si el patrimonio se hubiera protegido cuarenta o cincuenta años antes, aquel enfrentamiento jamás habría existido.

 

Ésa es precisamente la gran paradoja de La Guancha.

 

Cuando una administración protege el patrimonio desde el primer momento, la sociedad termina aceptándolo como algo natural. Cuando actúa tarde, después de años de permisividad, la protección deja de percibirse como una obligación colectiva para convertirse en un problema individual.

 

El episodio alcanzó su máxima expresión cuando la Justicia ordenó la suspensión del vallado. La sentencia evidenció que la improvisación administrativa tiene consecuencias jurídicas. Mientras la Consejería defendía la prioridad del interés patrimonial, el juzgado estimó las pretensiones de los propietarios respecto a la perturbación de la posesión. El arqueólogo Julio Cuenca expresó públicamente su indignación porque, desde su punto de vista, los intereses particulares parecían imponerse al interés general.

 

Sin embargo, quizá la pregunta correcta no sea por qué se produjo aquella resolución judicial, sino por qué se llegó a una situación en la que los tribunales tuvieron que decidir sobre un conflicto que nunca debió existir.

 

El patrimonio no se destruye únicamente con excavadoras o con expolios. También se deteriora mediante la indiferencia administrativa, la ausencia de planificación y las decisiones que se aplazan durante décadas. La dejación de funciones acaba siendo, muchas veces, la forma más silenciosa de destrucción patrimonial.

 

La historia de La Guancha demuestra que proteger el patrimonio cuando ya está rodeado de viviendas, intereses legítimos y derechos consolidados es extraordinariamente difícil. La política patrimonial no puede basarse en reaccionar cuando el daño ya está hecho. Debe anticiparse a los problemas, no limitarse a administrarlos.

 

Por eso, la verdadera responsabilidad histórica de lo ocurrido no puede descargarse exclusivamente sobre los vecinos, ni tampoco sobre los técnicos que intentaron salvar el yacimiento cuando ya era tarde. La responsabilidad principal corresponde a quienes, durante décadas, permitieron que uno de los espacios arqueológicos más valiosos de Canarias llegara a ese punto de deterioro institucional.

 

La Guancha no debería recordarse únicamente como un conflicto urbanístico o judicial. Debería permanecer en la memoria colectiva como la prueba de que el patrimonio histórico nunca puede depender de la improvisación política.

 

Porque cuando las administraciones llegan tarde, el patrimonio siempre paga el precio. Y, con él, toda la sociedad.

 

Armando Pérez y Tejera. Cronista Oficial de la Ciudad de Arucas