La iniciativa ciudadana mantiene la recogida de apoyos mientras continúa la tramitación de un proyecto acuícola que el Cabildo de Gran Canaria ya ha rechazado mediante una moción

 

Más de 7.000 firmas registradas en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria respaldan la oposición ciudadana al proyecto de instalación de macrogranjas marinas frente a la costa de La Aldea de San Nicolás. La movilización comenzó el pasado 7 de junio, durante una convocatoria organizada por Greenpeace y la plataforma ciudadana Un Litoral Limpio en el muelle del municipio, donde vecinos y personas sensibilizadas con el medio ambiente mostraron su preocupación por el futuro del litoral.

 

 

La empresa Gran Canaria Bass Company, filial de una compañía de Emiratos Árabes Unidos registrada como sociedad limitada en España, ha solicitado autorización al Gobierno de Canarias para instalar 24 macrogranjas

marinas destinadas a producir 5.400 toneladas anuales de lubinas en la ZIA GC9, entre la Baja de Cabrera y Piedra de la Fuente, en el litoral comprendido entre La Aldea de San Nicolás y Artenara.

 

El procedimiento continúa abierto después de que la administración autonómica solicitara la evaluación de impacto ambiental del proyecto, al afectar a un ecosistema vulnerable. Por su parte, el Cabildo de Gran Canaria aprobó una moción de rechazo, aunque la decisión final corresponde al Gobierno de Canarias.

 

 

Los colectivos contrarios a la iniciativa sostienen que el proyecto se ubicaría en un espacio de alta sensibilidad ambiental, junto a la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, el Parque Natural de Tamadaba, los Sebadales de Guguy y la Franja Marina Mogán-La Aldea.

 

Según exponen, la instalación afectaría a colonias de anguila jardinera, fondos de maërl y campos de gorgonias, además de alterar el hábitat del angelote y aumentar el riesgo para especies protegidas como el delfín mular, la pardela cenicienta y el charrán común. También advierten del impacto sobre el mujo amarillo, un alga vulnerable cuya población ya ha disminuido de forma notable en Gran Canaria.

 

 

El proyecto contempla la ocupación de 47 hectáreas, una superficie equivalente a unos 66 campos de fútbol, mediante jaulas de 30 metros de diámetro y 20 de profundidad.Los promotores de la campaña aseguran que la actividad generaría 740 toneladas anuales de residuos orgánicos, además de biocidas y aceites que acabarían en el mar. A su juicio, el aumento de fósforo, nitrógeno y carbono favorecería procesos de toxicidad y la proliferación de microalgas, entre ellas la cianobacteria Lyngbya majuscula, especialmente en las aguas oligotróficas de Canarias.

 

 

Como ejemplo, los colectivos citan la situación registrada en Telde, donde vinculan el desarrollo de la acuicultura con episodios de contaminación, mortandad de peces y el cierre de playas como Melenara y Salinetas, además

de afecciones en los municipios de Mogán, Agüimes y San Bartolomé de Tirajana.

 

También recuerdan que Greenpeace informó de una mortalidad del 40 % de las lubinas en las explotaciones de Aquanaria Cultiva y señalan que la comunidad científica atribuyó el episodio a la acumulación de materia orgánica bajo las jaulas, el estrés de los peces y la reducción del oxígeno.

 

Otro caso es el del municipio de Yaiza, en Lanzarote, donde la actividad de la granja marina de la Bahía de Ávila provocó episodios de contaminación en las playas de La Quemada y La Arena. Tras la caducidad de la concesión, la empresa Yaizatún cesó su actividad y desmanteló sus 53 jaulas marinas, mientras el Ayuntamiento de Yaiza y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechazaron las prórrogas solicitadas.

 

 

Los impulsores de la recogida de firmas cuestionan el impacto económico positivo que se atribuye a este tipo de proyectos y destacan el peso de la pesca artesanal en Gran Canaria.

 

Según el censo oficial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la isla cuenta con 117 embarcaciones de Artes Menores, que generan empleo directo para unos 350 marineros y marineras. Además, estiman que esa actividad sostiene de forma indirecta a más de 1.400 familias vinculadas al litoral.

 

 

Los promotores consideran que todavía es posible frenar el proyecto y anuncian que mantendrán la recogida de firmas en distintos municipios, con el objetivo de trasladar su oposición a todas las instituciones que sean necesarias, incluida Europa.