El artículo 1.2 de nuestra Constitución recoge que el poder emana del pueblo; o sea que, los tres poderes de que disponemos actualmente en nuestro país: el poder legislativo, el ejecutivo y, también, como no podía ser de otra manera, el judicial, emanan del pueblo. Sin embargo, cuando hablamos del tercer poder, la conexión con la ciudadanía parece diluirse.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo que condenó al Fiscal General del Estado por revelación de secretos, ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿quién controla a los jueces? Y, sobre todo, ¿quién controla a quienes los controlan a ellos?

En la actualidad, el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, es elegido por el Congreso y el Senado con una mayoría de tres quintos. En teoría, parece un mecanismo para garantizar consenso; pero en la práctica, es lo más parecido posible a un sistema de cuotas. El resultado lo vimos durante años. El CGPJ estuvo 5 años, 7 meses y 21 días en funciones; ya que su mandato de 5 años había expirado en diciembre de 2018 y no se renovó hasta julio de 2024, tras un acuerdo entre PP y PSOE.

Ese acuerdo estableció un reparto paritario: 10 vocales propuestos por cada partido. Sobre el papel había equilibrio; en la práctica, un año después, los datos han mostrado otra cosa. La APM, asociación conservadora mayoritaria, ha copado 58 plazas en un ciclo reciente de 120 nombramientos realizados por el nuevo CGPJ y ostenta el control mayoritario en la Sala Gobierno del Tribunal Supremo donde obtuvo tres de los 5 puestos de votación elegidos en las últimas elecciones.

La consecuencia directa es que la percepción ciudadana no ha cambiado. Según el Eurobarómetro de 2024, solo el 47% de los españoles confía en la justicia, 9 puntos por debajo de la media europea. Cuando los vocales se reparten, el ciudadano concluye, con razón o sin ella, que existen "jueces de unos" y "jueces de otros". Aunque cada magistrado falle conforme a derecho, la sombra de la sospecha ya está instalada.

Ante este diagnóstico, surge la propuesta de que sean los propios jueces quienes elijan a sus representantes. Es el llamado "modelo europeo" y funciona en países de nuestro entorno.

En España, sin embargo, choca con una realidad. Según datos del propio CGPJ, de las cuatro asociaciones judiciales mayoritarias, tres se integran en la corriente conservadora: APM, Foro Judicial Independiente y AJFV, que representan una mayoría absoluta holgada de los jueces. Solo las Juezas y Jueces para la Democracia se sitúa en el espectro progresista, con una minoría que no les permite, ni por asomo, competir en igualdad de condiciones con la corriente conservadora.

Si aplicáramos el modelo arriba indicado, de forma automática, sustituiríamos el riesgo de partidización política por el riesgo de corporativismo y de predominio de una única sensibilidad. El propio "parche del 10-10" de 2024 lo demuestra: aun con cuotas pactadas, quien controla la carrera acaba controlando los nombramientos clave.

A esto se suma otro elemento que erosiona la confianza: la percepción de injerencia. El Pleno del CGPJ aprobó el 21 de marzo de 2024 su informe a la proposición de ley de amnistía, cuando la norma ya había superado su trámite en el Congreso. El informe, aprobado por 9 votos a 5, señalaba que la medida no tenía encaje en la Constitución porque vulneraba el principio de igualdad y quebrantaba la separación de poderes. Más allá del contenido jurídico, el hecho de que el órgano de gobierno de los jueces se pronuncie de forma tan rotunda sobre una ley de naturaleza eminentemente política, alimenta la sensación de que las fronteras entre poderes se difuminan.

El equilibrio es delicado. Los jueces deben velar por la Constitución. Pero legislar corresponde al Parlamento. Y no debemos poner en duda, que criticar una sentencia, es parte del debate democrático; no un ataque al Estado de Derecho.

Si el problema es la dependencia de los partidos y el riesgo es el corporativismo, la solución debe pasar por devolver al ciudadano un papel en el proceso. No se trata de "politizar" la justicia. Se trata de "democratizar" su gobierno, sin renunciar al mérito ni a la independencia.

Una fórmula posible es un modelo mixto. Que una parte de los vocales del CGPJ, por ejemplo 10 de 20, sean elegidos directamente por la ciudadanía a partir de listas de juristas de reconocido prestigio, avalados por criterios objetivos de mérito y experiencia. Y que la otra mitad la elija el Parlamento con mayorías reforzadas de 4/5. De esta forma, ningún bloque tendría mayoría absoluta. Los partidos perderían el monopolio del nombramiento. Y los jueces no dependerían únicamente del voto de sus asociaciones. El ciudadano recuperaría la sensación de que, en última instancia, él también decide quién gobierna la justicia.

Y concluyo: Un poder sin control, a mi juicio, es un poder que se aleja de la sociedad; y un poder controlado exclusivamente por otros poderes, no me cabe la menor duda, de que pierde, legitimidad.

La independencia judicial es irrenunciable. Pero la independencia no puede confundirse con la opacidad ni con la ausencia de rendición de cuentas.

Si de verdad creemos que la soberanía reside en el pueblo, debemos arbitrar fórmulas para que ese principio, llegue también al gobierno de los jueces.
 

Solo así evitaremos que la justicia sea percibida como una casta y solo así reforzaremos el pilar que yo creo más débil de nuestra democracia: la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Juan Reyes González