¿Andalucía hoy, Canarias mañana? ¿Seguiremos alzando la mirada?

Hay pactos que cambian gobiernos y otros que terminan cambiando el rumbo del debate político. El reciente acuerdo entre el Partido Popular y Vox en Andalucía pertenece, probablemente, a esta segunda categoría. Sus consecuencias trascienden las fronteras andaluzas y obligan a mirar hacia otros territorios donde la aritmética parlamentaria también puede condicionar el futuro. Canarias es uno de ellos.

Hace algunas semanas ya advertía de que la creciente influencia de Vox podía convertirse en un escenario especialmente complejo para el Archipiélago. Hoy esa reflexión cobra aún más sentido. No porque Andalucía y Canarias sean iguales, sino precisamente porque son profundamente diferentes. Y esa diferencia hace que determinadas decisiones puedan tener aquí un impacto mucho mayor.

El acuerdo alcanzado en Andalucía vuelve a colocar la inmigración en el centro del debate político. Independientemente de la valoración que cada uno haga de ese pacto, la pregunta es inevitable: ¿qué ocurriría si un modelo similar terminara aplicándose en Canarias?

Nuestro Archipiélago no puede analizar la inmigración desde la misma perspectiva que otros territorios. Somos la frontera sur de Europa y la Ruta Atlántica ha convertido a nuestras islas en uno de los principales puntos de llegada de personas que arriesgan su vida buscando un futuro mejor. La presión migratoria forma parte de nuestro día a día y exige una respuesta coordinada entre Canarias, el Estado y la Unión Europea.

Por eso Canarias lleva años reclamando más recursos y una mayor implicación del Gobierno central y de las instituciones europeas. Pensar que un fenómeno tan complejo puede resolverse únicamente endureciendo el discurso político o reduciendo los recursos destinados a la atención humanitaria supone, a mi juicio, simplificar un problema que afecta a la seguridad, a la convivencia y a los derechos humanos.

Reducir el apoyo a las organizaciones que trabajan sobre el terreno no hará desaparecer la inmigración. Lo más probable es que aumente la presión sobre unos servicios públicos que ya soportan una enorme carga y sobre unas administraciones que, desde hace años, vienen reclamando ayuda para gestionar una realidad que supera sus capacidades.

Además, Canarias vive en gran medida del turismo y de la imagen que proyecta al exterior. La estabilidad institucional, la convivencia y la capacidad para afrontar situaciones complejas también forman parte de esa imagen. Cualquier decisión que incremente la tensión social o transmita improvisación puede acabar teniendo consecuencias económicas para todos.

La historia política demuestra que muchos acuerdos que nacen en una comunidad autónoma terminan sirviendo de referencia para otras. Por eso lo que hoy sucede en Andalucía no debería resultar indiferente para los canarios.

Y, para muestra, un botón. El reciente acuerdo de confluencia entre Coalición Canaria y Municipalistas Primero Canarias en Arucas evidencia que el mapa político del Archipiélago continúa transformándose. Nadie puede afirmar cuál será el alcance de estas alianzas en el futuro, pero sí es legítimo preguntarse qué mayorías podrían hacer posibles y cuáles serían sus límites.

Hace apenas unas semanas, Canarias vivió un momento histórico con la visita del papa León XIV. Bajo el lema "Alza la mirada", el Pontífice invitó a poner en el centro la dignidad de las personas, la solidaridad y la responsabilidad compartida ante uno de los mayores desafíos que afrontan nuestras islas: la inmigración. Muchos responsables políticos estuvieron presentes, compartieron ese mensaje y reivindicaron públicamente esos valores.

Precisamente por eso cabe preguntarse si esos mismos principios seguirán siendo irrenunciables cuando la aritmética parlamentaria obligue a decidir con quién gobernar. Porque la coherencia política no se demuestra en una fotografía ni en un discurso; se demuestra cuando llega el momento de tomar decisiones difíciles.

Y aquí surge otra cuestión de fondo. Los ciudadanos tienen derecho a preguntarse cuál es el verdadero objetivo de las nuevas alianzas políticas que comienzan a dibujarse en Canarias. ¿Responden a un proyecto común para afrontar los grandes desafíos del Archipiélago o, principalmente, a una estrategia para construir una mayoría parlamentaria?

No hay nada ilegítimo en alcanzar acuerdos. La democracia exige diálogo, negociación y capacidad de entendimiento. Pero esos pactos deben sustentarse sobre un proyecto claro y unas líneas rojas conocidas por los ciudadanos. Porque las alianzas no solo determinan quién gobierna; también condicionan las políticas que finalmente se aplican.

Canarias afronta retos enormes: la gestión de la inmigración, el acceso a la vivienda, la dependencia del turismo, la diversificación económica, la sanidad, la educación y el reto demográfico. Problemas que requieren liderazgo, estabilidad y una visión de futuro que vaya mucho más allá de la simple suma de escaños.

Lo ocurrido en Andalucía no significa que vaya a repetirse en Canarias. Sería precipitado afirmarlo. Sin embargo, la política demuestra que los pactos crean precedentes y abren escenarios que hace apenas unos años parecían impensables.

Quizá haya llegado el momento de volver a alzar la mirada. No para recordar un lema ni una fotografía, sino para exigir a quienes aspiran a gobernar Canarias la misma coherencia que proclaman en sus discursos. Porque la política no se mide por las promesas, sino por las decisiones.

Las urnas decidirán quién gobernará Canarias. Pero serán los pactos los que terminarán revelando para qué quería gobernar cada partido. Y esa será, tarde o temprano, la verdadera prueba a la que tendrán que enfrentarse todos aquellos que aspiran a dirigir el futuro de esta tierra.

Moisés Rodríguez Gutiérrez