El legado de Mr. Leacock: crónica de un fracaso anunciado

“La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes”.

— Martin Luther King Jr.

"En esta historia nadie puede decir que no sabía lo que iba a pasar. Y, aun así, casi nadie hizo lo suficiente para impedirlo”.

Hay imágenes que deberían incomodarnos como sociedad. Familias metiendo una vida entera en unas cuantas cajas. Personas mayores preguntándose dónde dormirán la próxima semana. Niños que solo quieren saber si podrán seguir yendo al mismo colegio.

No es una escena de cine ni un reportaje lejano, está ocurriendo aquí, en el norte de Gran Canaria, y quizá lo más doloroso sea precisamente eso: que nada de esto apareció de repente. Era un desenlace que llevaba demasiado tiempo anunciándose.

Del legado de Mr. Leacock al mayor desahucio colectivo del norte

Para entender lo que sucede hoy, conviene mirar atrás.

Durante buena parte del siglo XX, las tierras que ahora ocupan titulares y portadas pertenecieron a David John Leacock, el recordado Mr. Leacock. Ingeniero de formación y empresario agrícola de profesión, entendía algo que hoy muchas compañías proclaman en sus memorias corporativas como si fuera un descubrimiento reciente: una empresa nunca puede desligarse de las personas que la sostienen.

Miles de vecinos de Guía, Gáldar, Agaete y La Aldea encontraron trabajo en sus explotaciones. Modernizó el campo, impulsó infraestructuras hidráulicas, favoreció el cooperativismo y dejó una huella decisiva en el desarrollo económico del norte de Gran Canaria. Pero su recuerdo no perdura solo por lo que produjo; permanece, sobre todo, por la forma en que entendía las relaciones humanas.

Su último gesto resume toda una manera de vivir: dejó parte de su patrimonio a once de sus trabajadores más cercanos y pidió descansar para siempre en La Atalaya, junto a la tierra y a las personas con las que compartió su vida. Entonces, nadie hablaba de criterios ESG ni de Responsabilidad Social Corporativa. Se hablaba, simplemente, de humanidad.

La gran paradoja

Por eso resulta difícil no ver cierta ironía en lo que ocurre hoy. Precisamente aquellas antiguas instalaciones se han convertido en el escenario de un drama social que mantiene en vilo a decenas de familias.

La empresa propietaria tiene derecho a recuperar sus terrenos. Ese derecho existe y merece protección. Pero una empresa también termina definiéndose por las decisiones que toma cuando el ejercicio legítimo de un derecho tiene consecuencias profundas sobre personas especialmente vulnerables.

Hoy, abundan las declaraciones sobre sostenibilidad, compromiso social y responsabilidad corporativa. Sin embargo, esas palabras solo adquieren verdadero significado cuando las circunstancias dejan de ser cómodas. La responsabilidad social no se pone a prueba cuando todo va bien, sino cuando cumplir la ley quizá no agota todas las posibilidades de actuar con sensibilidad.

La cuestión, por tanto, no es únicamente si la empresa podía desalojar, sino si se hizo todo lo posible para evitar que la historia terminara de esta manera. Cada lector encontrará su propia respuesta.

Veinte años mirando hacia otro lado

Sería un error reducir toda la responsabilidad a una sola parte, ya que este problema no nació hace unos meses; ni siquiera hace unos años. Lleva más de dos décadas gestándose.

Durante ese tiempo, el asentamiento fue creciendo poco a poco. Se levantaron viviendas, llegaron nuevas familias, nacieron niños, se instalaron suministros, muchas personas fueron empadronadas. Lo excepcional terminó convirtiéndose en una realidad perfectamente conocida por todos.

Y, sin embargo, nadie afrontó el problema cuando todavía era posible hacerlo con tiempo, planificación y margen de maniobra. Como ocurre tantas veces, el paso de los años convirtió una dificultad gestionable en una crisis de enormes dimensiones.

El Ayuntamiento: gobernar también es anticiparse

Conviene decir algo con claridad. El Ayuntamiento de Santa María de Guía no podía impedir una resolución judicial, pero gobernar no consiste únicamente en reaccionar cuando la emergencia ya está encima de la mesa.

Gobernar también significa anticiparse. Gestionar implica prever. Y liderar consiste, precisamente, en evitar que los problemas alcancen el punto en el que todas las soluciones resultan insuficientes.

El propio Ayuntamiento conocía oficialmente la existencia del asentamiento. Había empadronado a muchas de las familias que residían allí y, desde finales de 2024, conocía igualmente el procedimiento judicial que acabaría desembocando en el lanzamiento. Esto, por tanto, es responsabilidad de todos los grupos de gobierno municipales desde que el asentamiento comenzó.

Por eso la pregunta realmente incómoda no es por qué no pudo detener el desahucio. La pregunta es otra. ¿Qué se hizo durante todos esos años para que nunca tuviéramos que llegar hasta aquí? Porque cuando una administración comienza a buscar soluciones cuando el reloj ya marca el descuento, probablemente haya dejado de gestionar para empezar, simplemente, a improvisar.

Cuando las administraciones desaparecen

También sería injusto ignorar que un problema de esta magnitud superaba claramente la capacidad de un municipio como Guía. Ahí aparecen otros silencios. ¿Dónde estuvieron el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias?

Ambas instituciones conocían desde hacía meses que se acercaba un lanzamiento con un enorme impacto social. Ambas disponen de recursos y competencias muy superiores a las de un pequeño ayuntamiento.

Sin embargo, la impresión que queda es la de una respuesta tardía, fragmentada y escasamente coordinada. Como si cada administración hubiera esperado a que otra diera el primer paso. Y cuando todos esperan, nadie termina actuando.

El verdadero fracaso

Es probable que dentro de unos meses cada parte defienda su actuación: la empresa recordará que actuó conforme a derecho, el Ayuntamiento insistirá en que no podía paralizar una resolución judicial, el Cabildo explicará el alcance de sus competencias, el Gobierno de Canarias volverá a hablar del déficit estructural de vivienda…

Quizá todos tengan parte de razón, pero mientras cada uno enumera los límites de su responsabilidad, decenas de personas pierden su hogar, y eso solo puede significar una cosa: falló la anticipación, la coordinación institucional, la política pública de vivienda, la planificación, la responsabilidad social y la empatía. También faltó voluntad para afrontar el problema cuando todavía era posible hacerlo sin llegar a este extremo. En definitiva, todo el sistema ha fallado.

Que no nos acostumbremos

Tal vez lo más preocupante sería acostumbrarnos a estas escenas, mirarlas con resignación y pensar que forman parte del paisaje, aceptar como normal que niños, personas mayores y familias enteras afronten un futuro incierto mientras las instituciones intercambian competencias y las empresas consideran cumplido su deber con el simple respeto a la legalidad.

Porque una sociedad no se mide únicamente por la riqueza que genera, se mide, sobre todo, por la forma en que protege a quienes atraviesan sus momentos más difíciles.

Y hay una frase que resume toda esta historia.

Nadie puede decir que no sabía lo que iba a pasar: lo sabía la empresa. Lo sabía el Ayuntamiento. Lo sabía el Cabildo. Lo sabía el Gobierno de Canarias.

Todos tuvieron tiempo. Y, aun así, hemos llegado hasta aquí. Eso convierte este desahucio en algo más que un conflicto jurídico. Lo convierte en la crónica de un fracaso anunciado. Porque cuando todos tienen una explicación, pero nadie consigue ofrecer una solución, la conclusión resulta tan sencilla como incómoda: todos fallaron y el precio lo pagan, como siempre, los más vulnerables.

Cosme Vega, portavoz de Drago Canarias en Guía