La corrupción en las administraciones públicas no es un fenómeno espontáneo, sino un sistema de relaciones estables entre actores políticos, funcionarios y empresarios. En La Palma, la llegada de más de 1.200 millones de euros para la reconstrucción post-volcán ha sido el catalizador de una maquinaria de captura institucional sin precedentes. Sin embargo, la verdadera tragedia no es solo lo que ocurre con estos fondos, sino la impunidad con la que operan sus responsables, amparados en una densa cultura del silencio.

¿Por qué nadie habla? ¿Por qué se ha asentado la cultura del silencio? Trazar un paralelismo entre la dinámica de los territorios insulares y la omertà de las organizaciones criminales tiene una sólida base estructural. En una sociedad pequeña, como la de La Palma, la Administración Pública ejerce un monopsonio casi absoluto: es el principal empleador y el mayor adjudicador de contratos. Para quien no lo sepa, el monopsonio es como un monopolio de demanda, un tipo de mercado en el que existe un único comprador o demandante, en varios lugares. 

Quien denuncia en La Palma se enfrenta al dueño del mercado. Y en la isla ese dueño lo ejercen las administraciones públicas, ayuntamientos y Cabildo Insular. El disidente en la isla no sufre violencia física, pero sí la asfixia administrativa y la muerte civil. El castigo puede llegar a través de la oligarquía institucional, la denegación de licencias. la exclusión de subvenciones o el ostracismo personal. Es el miedo a la ruina económica lo que consolida un silencio que blinda a políticos e instituciones frente a la acción de la justicia y la posibilidad de que la UCO pueda intervenir. Sin embargo, no actúan porque quedan atadas de manos al no recibir denuncias formales con pruebas documentales.

Como trataré de exponer, en La Palma existen casos de presunta corrupción, significativamente relevantes, vinculados a las obras de reconstrucción, que se extienden a otros sectores de la economía insular. Lo que se necesita es que quien tenga indicios de esta corrupción, quien la conozca, la denuncie. Formalmente, basta una denuncia presentada ante el juzgado -por un particular, una organización, el Ministerio Fiscal o incluso un funcionario municipal- sobre posibles hechos de corrupción, para que un juez solicite, si aprecia indicios suficientes y abre diligencias previas, el encargo de la investigación a la Policía Judicial. En ese momento tiene dos opciones, encargársela al puesto o comandancia local de la Guardia Civil, si el caso es sencillo, o reclamar la intervención de la UCO si la complejidad técnica lo justifica.

Tras la catástrofe del volcán, La Palma ha recibido bastante dinero. Es incuestionable que el Estado Español es quien más dinero ha transferido para la reconstrucción de La Palma, cantidades significativamente relevantes, comparadas con las aportaciones del Gobierno Canario, que nunca da las cifras, o la de las instituciones locales. Bajo el paraguas de la reconstrucción, se ha ido construyendo el caldo de cultivo perfecto para quienes quieran implantar un sistema de corrupción, oculto y silencioso.

La reconstrucción post volcán se está ejecutando bajo un paraguas de impunidad, y personalmente tengo un gran reto, como es formular la denuncia correspondiente. Para ello, es necesario documentar ante la justicia las operaciones que aportarían las evidencias claras de corrupción, y que encajarían en los tipos penales más graves contra la Administración Pública. Las evidencias demuestran, como ha ocurrido con el caso de las mascarillas, que ha sido un empresario involucrado en la trama de corrupción, Aldama, el que ha destapado y aportado las pruebas más contundentes. El problema en La Palma es que no tenemos un Aldama, un empresario o un funcionario que denuncie, porque la omertà es tan sistemática que nadie alza la voz. Pero yo he decidido no callar.

Sería extenso enumerar todo ese catálogo de indicios de presuntas irregularidades. Sin embargo, quiero nombrar algunos de ellos. Quiero empezar por uno, que ya fue presentado ante el Ministerio Fiscal. El engaño con la nueva vía de Tacande de enlace entre la LP-212 y la LP-2, vendida al Estado como una obra de reconstrucción y rehabilitación. Es una obra que está dentro del convenio Estado-Ayuntamiento de El Paso, financiada con fondos estatales como si fuera una "reconstrucción", como he comentado.

La vía, que ya está bastante avanzada, lleva más de dos largos años ejecutándose. Es una vía nueva que no existía antes de la erupción. El decreto de adjudicación por más de 7 millones de euros a Excavaciones VICARP S.L., una empresa sobre la que cabría cuestionar su capacidad técnica y financiera para ejecutar la obra, fue firmado de manera directa, sin licitación, por D. Sergio Javier Rodríguez Fernández en su calidad de alcalde en funciones de El Paso. Hoy, Rodríguez Fernández es el presidente del Cabildo Insular de La Palma. La obra avanzó mediante cesiones gratuitas de terreno obtenidas casa por casa a cambio de promesas verbales de recalificación urbanística. Este patrón deja entrever indicios de presuntas prevaricación administrativa (art. 404 CP) y malversación (art. 432 CP) y supuesto cohecho impropio (art. 420 CP). El silencio sobre esta obra ya es un indicador de las anomalías que puede haber en este expediente.

En general, todas las obras de reconstrucción de viales contienen el caldo de cultivo perfecto para quienes intentaran alimentar la corrupción. La recuperación del enlace La Laguna-Las Norias, de la carretera LP-211, de Todoque, las vías anexas, Cumplido, El Pedregal, Callejón de Morera, Cabrejas, Aniceto, la recuperación del Callejón de La Gata, etc., todas se ejecutan con indicios de incumplimientos de la legalidad, y hay razones de sobra para pensar así. Todas son obras de emergencia, sin proyecto, sin controles ordinarios, con adjudicaciones directas, sin publicidad en el portal de transparencia.

Los ayuntamientos y el Cabildo se han visto gestionando un volumen excepcional de fondos al que no estaban acostumbrados, ni para el que tenían capacidad técnica y administrativa. Esa desproporción facilita que los controles internos colapsen. A ello se añade que son obras que se ejecutan con total opacidad en la trazabilidad de fondos. El Estado español en esto debería ser exigente, y quizás sea una de las razones por la que no facilita las transferencias que faltan.

El volumen de obras ha puesto en evidencia que en la isla no había empresas con rigor técnico y financiero para ejecutar las obras. De ahí que se entienda que la mejor obra de reconstrucción que se haya hecho sea la carretera de la costa, por Dragados. Los hechos están demostrando que la reconstrucción se está haciendo mal e interesadamente.

La corrupción en una sociedad existe y persiste porque el control político no existe.  Y, en el caso de La  Palma, la oposición política parece ser cómplice de lo que ocurre. Y el silencio administrativo adquiere tintes que me ayudan a creer en esa persistencia. Los interventores y secretarios locales no responden, no actúan. ¿Son funcionarios secuestrados por el poder político? Los hechos son incuestionables, cuando ninguna de las administraciones da respuesta a solicitudes de información. Ninguna, ni tan siquiera a los requerimientos del Comisionado de Transparencia.

Quiero también añadir otros indicios relacionados con la reconstrucción de viales. Es el caso del Camino Aniceto. Esta vía fue inicialmente abierta por un particular, que le interesaba llegar a sus viviendas vacacionales, afectando a propiedades privadas, incluso sin ser afectadas por coladas. El Ayuntamiento continúa con la ejecución y el asfalto. Se invade una parcela privada, sin declaración de utilidad pública referida a su parcela concreta. sin citación para el levantamiento de actas previas a la ocupación (art. 52 LEF), sin hoja de aprecio o propuesta de indemnización y sin ninguna comunicación oficial de ninguna administración.

El Ayuntamiento, como en el resto de los viales, y también el Cabildo, actúan materialmente sobre derechos sin el título jurídico habilitante previo. La Ley de Expropiación Forzosa (LEF) no se está aplicando. Y, de hecho, el Cabildo ahora quiere esconder sus carencias, reuniendo a los vecinos de las afectaciones de la LP-213 (La Laguna-Las Norias), alegando que se van a pagar las expropiaciones. Es una estrategia que podría tener como efecto dificultar el esclarecimiento de posibles irregularidades.

La apertura del Camino Aniceto es un hecho claro de lo que mantengo en este artículo. Incluso no es extraño que el arquitecto municipal empiece a interesarse por terrenos sobre coladas en la zona. La parcela 423 es un elemento de la supuesta especulación encubierta. Esta parcela parece beneficiarse de la apertura del Camino Aniceto: el nuevo vial le genera accesibilidad directa para la rehabilitación y construcción de viviendas vacacionales.

No quisiera dejar de mencionar, aunque no esté directamente relacionado con la reconstrucción, el monopolio del ocio y el uso de pantallas perfectas de empresas públicas como SODEPAL. Mientras la isla lucha por recuperar su tejido productivo, el negocio de los eventos culturales ha sido acaparado sistemáticamente. Y hay un grupo, un ecosistema empresarial liderado por D. Pedro Chacón León, quien a través de El Time Media Events S.L. y su presunta sucesora funcional, Big Time 2022 S.L., e incluso otras empresas instrumentales que ha creado (se registran hasta seis empresas), ha concentrado posiblemente un millón de euros en contratos públicos, en estos últimos cinco años. Dada la dificultad para determinar todo el dinero recibido, esa cifra podría ser considerablemente mayor.  En este tipo de adjudicaciones, directas, sin publicidad, y con exclusividad, toda sociedad democrática debe velar por que no existan presuntos fraudes a la administración (art. 436 CP) y prevaricación.

El oportunismo y la ambición ha hecho, desgraciadamente, que, con la catástrofe del volcán, algunos empresarios y particulares se hayan hecho más ricos. Es el caso de la constitución de dos empresas, con 3.000 euros de capital social, creadas ad hoc para captar millones de subvenciones de los fondos NextGenerationEU, para realizar sondeos de geotermia de alta entalpía. Son empresas como Geotermia La Palma SL, constituida en vísperas de las convocatorias mineras, cuyo administrador único es una sociedad instrumental representada por Tomás Barreto Lorenzo; y Tajogaite Energía, creada por cuatro empresarios del plátano, la automoción o la mecánica. La falta de solvencia y la opacidad deberían ser motivo suficiente para abrir la puerta a investigaciones que examinen si se han cometido presunto fraude de subvenciones (art. 308 CP) y tráfico de influencias (arts. 428-430 CP).

No quiero olvidarme de uno de los posibles fraudes más sonados, y más mimados por el poder político, Gobierno Canario y Cabildo Insular. Se trata de la empresa pública GESPLAN, utilizada como "medio propio" para evitar licitaciones, que acumula ya más de 3,4 millones de euros en encargos de ambas administraciones. GESPLAN mantiene en secreto el protocolo técnico con el que tasa las propiedades de los damnificados. Y el absoluto hermetismo en negar la publicidad de los beneficiarios de las subvenciones, llamadas compensaciones, es alarmante. Así como otro hermetismo en la ejecución de las obras de reconstrucción.

Sobre las subvenciones/compensaciones asistimos a uno de los casos más graves. Un caso que no se trata de eludir la ley sino de modificar la ley para legitimar la opacidad. El hecho de que el Comisionado de Transparencia de Canarias y los propios servicios jurídicos del Parlamento hayan emitido resoluciones o informes exigiendo la publicidad de los beneficiarios, y que la respuesta haya sido introducir una enmienda en la Ley de Volcanes  5/2025 para blindar legalmente esa opacidad, es un acto de una gravedad inusual. Supone que el poder político conocía que su actuación era contraria a derecho (lo acreditan los informes jurídicos); en lugar de rectificar, usó su mayoría parlamentaria para cambiar las reglas, y convirtió una irregularidad administrativa en una opción legislativa deliberada.

Esto tiene nombre en la doctrina administrativa: desviación de poder en sede legislativa, algo que los tribunales contencioso-administrativos espero que identifiquen. El hándicap es que no será hasta abril de 2027 cuando se pronuncie el TSJC. Algo, por cierto, bastante sospechoso.

Este caso puede implicar un tipo penal delictivo, en el que podrían concurrir los funcionarios y políticos que diseñaron este esquema. En ese supuesto, estaríamos ante presunta prevaricación administrativa (art. 404 del Código Penal), que requiere resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia. Los informes jurídicos contrarios son precisamente la posible prueba del conocimiento de la ilegalidad.

Sería prolijo y extenso enumerar todos los hechos sospechosos. Sin embargo, ese es mi reto personal. Documentar y trasladar a la justicia los supuestos casos de corrupción. No puedo dejar de mencionar la compra especulativa de fincas en coladas a precios irrisorios, y ese inusitado interés de “heredar” los derechos históricos del cultivo del plátano sepultado. Está pasando con esto lo que en la doctrina penal se denomina insider trading inmobiliario o, en términos penales más precisos, puede encuadrarse en el tráfico de influencias (arts. 428-430 CP) si los compradores son personas con acceso privilegiado a información sobre los planes de actuación de la administración sobre esas coladas.

Aquí me detengo a observar lo ocurrido con la empresa Dos Tumbos y los empresarios vinculados a ASEPALMA. Dos Tumbos es una entidad que, presuntamente, burla las obligaciones contractuales (por ejemplo, los pagos a la Seguridad Social) y recibe adjudicaciones.  Si además un funcionario o político estuviera directamente implicado en la compra o en facilitar la información, pues en ese caso se plantearía la necesidad de esclarecer posibles delitos penales, como el uso de información privilegiada y eventualmente cohecho.

Llama la atención que una empresa ahora construye una gasolinera, y paralelamente la administración aprueba la rotonda perfecta para el acceso a dicha gasolinera. Y su ambición es tal que ya está planificando otra gasolinera en Dos Pinos.

En general, la reconstrucción es la puerta perfecta para que la impunidad se haya convertido en una decisión política intencionada y planificada. La corrupción sobre la que observo indicios en la reconstrucción del post-volcán no es una suma de negligencias. Que el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane oculte sistemáticamente el destino de casi 24 millones de euros de convenios estatales, o que el de Tazacorte haga lo mismo con más de 9 millones, demuestra que la falta de transparencia es un pacto institucional no escrito.

El sistema funciona porque los mecanismos de fiscalización han sido neutralizados. Los políticos levantan los reparos de los interventores, y las instituciones ignoran a los órganos de transparencia sabiendo que el agotamiento ciudadano jugará a su favor. Hasta que no se rompa la asfixia del clientelismo y las instancias nacionales y europeas (como la OLAF o la Fiscalía Especial Anticorrupción) decidan intervenir de oficio sobre este esquema opaco, la reconstrucción de La Palma seguirá siendo un negocio cautivo en manos de los mismos nombres, pagado con el dinero de todos y blindado por el silencio de la isla.

Para entender cómo es posible que desaparezca el rastro de decenas de millones de euros en contratos de emergencia y adjudicaciones opacas en La Palma, hay que mirar más allá de la isla. Como bien ha diagnosticado la abogada y fundadora de la plataforma España Mejor, Miriam González (esposa del ex vice primer ministro inglés Nick Clegg) , el problema estructural de España es que la clase política acumula un poder desorbitado. En nuestro país, los políticos han dejado de ser gestores temporales del interés público para comportarse como dueños de las instituciones.

Esta colonización se traduce en una anomalía democrática: la ausencia de límites. Cuando un político siente que la administración y sus fondos son suyos, el uso de empresas instrumentales como GESPLAN o SODEPAL para eludir controles deja de verse como una irregularidad y se asume como una prerrogativa del cargo. El sistema está diseñado para que el político decida quién fiscaliza, quién informa y quién levanta los reparos legales. En este escenario, la corrupción y el clientelismo no son accidentes: son la consecuencia natural de un poder sin contrapesos.

Francisco Rodríguez Pulido

Profesor de Secundaria jubilado, licenciado en Química y Pedagogía