“No se puede hablar de transición ecológica mientras se destruyen barrancos, los espacios naturales, el patrimonio cultural, se ocupan zonas de alto valor ambiental, se degradan espacios rurales y se entregan recursos estratégicos a empresas que extraen beneficios sin devolver a las islas una parte proporcional de la riqueza generada”.

 

Se acabó el tiempo de la imposición de parques eólicos y fotovoltaicos. El intento de las Zonas de Aceleración de las Renovables (ZAR) en Lanzarote, despertó a la ciudadanía y a la mayoría de ayuntamientos de la isla. El Gobierno de Canarias intentó seguir en camino de los desastres territoriales de Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y la Gomera. Y la gente dijo, aquí No. Se acabó. No queremos que se repita lo de otras islas. En Lanzarote decide la ciudadanía y sus instituciones. 

 

Durante años se ha querido presentar la transición energética en Canarias como una cuestión técnica, ajena al debate democrático, ajena a la ciudadanía. 

 

Se ha dicho que cualquier crítica a la implantación de renovables era una oposición al progreso o una negación de la emergencia climática.

 

La realidad es otra: Canarias no ha tenido ni tiene planificación de la transición energética.

 

Lo que existe es una política de ocupación territorial, de entrega de suelo público y privado, de apropiación de recursos comunes —el viento y el sol— y de concentración de beneficios en manos de grandes empresas del oligopolio energético.

 

Hace más de una década que se viene advirtiendo de que el problema no era la energía renovable en sí misma, sino el modelo impuesto para desarrollarla: grandes infraestructuras concentradas, ausencia de planificaciones insulares, procedimientos acelerados, sin participación ciudadana y una normativa diseñada, el artículo 6bis, para facilitar la especulación del suelo.

 

El artículo 6 bis ha sido el instrumento de esa política. 

 

Un mecanismo de perversión política que ha permitido convertir el territorio canario en un mercado al servicio de intereses privados, debilitando la protección del paisaje, de los ecosistemas, de los suelos agrarios y de la capacidad de decisión de las instituciones locales y de la ciudadanía.

 

No se puede hablar de transición ecológica mientras se destruyen barrancos, los espacios naturales, el patrimonio cultural, se fragmentan paisajes, se 

 

ocupan zonas de alto valor ambiental, se degradan espacios rurales y se entregan recursos estratégicos a empresas que extraen beneficios sin devolver a las islas una parte proporcional de la riqueza generada.

 

La emergencia climática no puede ser utilizada como coartada para imponer una nueva fase de expolio territorial.

 

El daño ya está hecho

 

El problema ya no es solamente evitar nuevos proyectos mal planteados. El gran debate es cómo recuperar el territorio dañado.

 

Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife, La Gomera y Lanzarote han sido objeto de una presión creciente mediante proyectos eólicos, fotovoltaicos, líneas de evacuación, infraestructuras de conexión y grandes operaciones energéticas que, en muchos casos, han sido impulsadas sin una visión integral del territorio insular.

 

En Gran Canaria, la transformación de amplias zonas del sureste y la afección a barrancos, espacios  naturales y rurales, al patrimonio arqueológico y etnográfico,  muestran hasta dónde puede llegar un modelo que confunde transición energética con ocupación masiva del territorio.

 

En Fuerteventura, la presión sobre el suelo, el paisaje y los ecosistemas revela una estrategia que no responde a las necesidades de la isla, sino a las oportunidades de negocio de grandes operadores.

 

En Tenerife y La Gomera, las infraestructuras de interconexión y los proyectos asociados plantean igualmente graves interrogantes sobre su impacto territorial, ambiental y social.

 

Y en Lanzarote, la reacción social frente a las llamadas Zonas de Aceleración de Renovables demostró que la ciudadanía no está dispuesta a aceptar que se decida el futuro de la isla desde despachos alejados del territorio y al servicio de intereses empresariales.

 

La paralización de las ZAR, no es el final del problema. Debe ser el comienzo de una rectificación profunda.

 

 

Responsabilidades políticas e institucionales.

 

Esta situación no es fruto de un error aislado ni de una decisión puntual. Es el resultado de una estrategia política sostenida durante años.

Distintos gobiernos de Canarias han contribuido a consolidar un modelo basado en la flexibilización normativa, la subordinación del territorio a los intereses del oligopolio energético y la marginación de la ciudadanía de las decisiones estratégicas.

 

Coalición Canaria, Partido Popular, PSOE, Nueva Canarias, Podemos y otras fuerzas que han participado en diferentes gobiernos o han sostenido estas políticas tienen responsabilidades que no pueden eludir.

 

También las tienen los aparatos técnicos y administrativos que han facilitado autorizaciones, declaraciones ambientales y procedimientos que, han priorizado la rapidez y la rentabilidad empresarial frente a la protección territorial y al interés general.

 

No vale ahora mirar hacia otro lado. No vale presentarse como sorprendidos. Desde hace años se conocían las consecuencias de este modelo.

Quienes guardaron silencio, (ecologistas del poder de Morales) quienes justificaron la ocupación del suelo y quienes celebraron como éxito una política de destrucción territorial tienen que asumir su responsabilidad ante la sociedad canaria.

 

La transición energética debe ser sobreana, democrática y diustribuida

 

Canarias necesita una transición energética. Pero no una transición diseñada desde los consejos de administración de las grandes empresas.

 

Necesitamos una transición energética canaria, soberana, democrática y vinculada a un nuevo modelo de desarrollo social y económico.

 

Eso exige, como mínimo:

 

1. La derogación inmediata del artículo 6 bis y de cualquier normativa que facilite la especulación territorial bajo el pretexto de la transición energética.

2. La paralización y revisión de los proyectos que afecten gravemente a espacios naturales, suelos agrarios, paisajes protegidos, barrancos y zonas de alto valor ecológico.

3. La elaboración de planes de transición energética específicos para cada isla, con participación real de cabildos, ayuntamientos, comunidades locales, colectivos sociales, sector agrario y ciudadanía.

4. Prioridad absoluta para el autoconsumo, las comunidades energéticas, la generación distribuida, las cubiertas de edificios, los espacios ya urbanizados y las infraestructuras existentes.

5. Creación de mecanismos públicos y comunitarios que permitan que los beneficios de la energía renovable permanezcan en Canarias y reviertan en empleo digno, servicios públicos, reducción de la pobreza energética y mejora de la calidad de vida.

6. La protección efectiva del territorio como condición imprescindible de cualquier política energética.

 

No se trata de elegir entre renovables o territorio. Se trata de decidir quién controla las renovables, dónde se instalan, para qué modelo económico sirven y quién recibe sus beneficios.

 

El verdadero debate

 

El debate no puede limitarse a si un aerogenerador o una planta fotovoltaica generan impacto. Toda infraestructura lo genera. El verdadero debate es político: qué tipo de Canarias queremos construir.

 

¿Una Canarias convertida en plataforma energética de grandes multinacionales, con suelo ocupado, paisaje degradado y beneficios que se marchan fuera?

 

¿O una Canarias que utiliza sus recursos renovables para reducir la dependencia exterior, combatir la pobreza energética, fortalecer la economía local y proteger el territorio?

 

La transición energética no puede ser una nueva forma de colonialismo económico ni una excusa para acelerar el saqueo de las islas.

 

Canarias necesita recuperar el control sobre su suelo, sobre su viento, sobre su sol y sobre su futuro.

 

Y necesita hacerlo isla a isla, territorio a territorio, comunidad a comunidad.

 

No hay transición ecológica sin democracia.

 

No hay energía limpia si se construye sobre la destrucción del territorio.

 

No hay futuro para Canarias si sus recursos continúan en manos de quienes convierten el archipiélago en un negocio.

 

Julio Cuenca. 

Pedro Hernández. 

Plataforma salvar Chira-Soria Sos Gran Canaria.