Fondos europeos y territorio: un verano para estar atentos

¡Cuidado! La época estival, sinónimo de descanso y fiestas, es también el momento perfecto para que nos metan un "gol por la escuadra". Y no hablo del Mundial, precisamente.

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, dirigida por Mariano Hernández Zapata, acaba de celebrar la IX Mesa de Energías Renovables. Según la nota oficial, fue un "encuentro de trabajo" para analizar el estado de los proyectos energéticos, la ejecución de los fondos europeos y las medidas para acelerar la implantación de renovables. Pero, ¿qué se está cocinando realmente ahí?

La experiencia de los últimos años invita a mantenerse en guardia ante la posible fragua de una "Declaración de Interés Público o Social". Este acto administrativo es la herramienta legal mediante la cual la administración reconoce que una obra aporta un beneficio prioritario para la colectividad. No es una etiqueta de "buenas intenciones"; tiene consecuencias legales y urbanísticas de gran calado:

• 1.- Puerta abierta al suelo prohibido: Permite otorgar licencias en terrenos donde el plan urbanístico normalmente no contempla ese uso.

  2.- Vía libre a la expropiación: Es el paso previo obligatorio para que la administración pueda obligar a un propietario a vender sus terrenos para, por ejemplo, una línea de alta tensión o una planta de biogás. Sin esta declaración, las leyes de protección del territorio serían un obstáculo insalvable.

  3.- Blindaje y rapidez: Justifica el gasto de dinero público y, a menudo, acelera los plazos burocráticos apelando a la urgencia.

En resumen, es la herramienta perfecta para decir: "Esta obra es tan importante que está justificado saltarse las leyes de protección del suelo". Una maniobra con la que se sortearía, además, cualquier denegación de licencias previa a dicha declaración.

Ante esta hipótesis, surgen preguntas inevitables: ¿Por qué la tan nombrada descarbonización se ejecuta de espaldas a la protección del paisaje y de los ciudadanos? ¿Por qué el Gobierno de Canarias se echa en brazos de las eléctricas y promotores —agresores habituales del territorio— en lugar de proteger nuestra tierra? ¿Por qué este pacto de gobierno actúa más como un lobby empresarial que como una administración seria y defensora del interés general?

Los grandes poderes económicos no están por la labor de dejar escapar los actuales fondos Next Generation, el mayor paquete de estímulo de la Unión Europea, aunque sea a costa de destrozar Canarias. No es casualidad que estas decisiones dependan de la Consejería de Mariano Hernández Zapata, responsable de la tramitación de buena parte de estos proyectos. Nuestra experiencia indica que estos acuerdos suelen favorecer a las grandes empresas energéticas, mientras que los intereses territoriales quedan relegados a un segundo plano o, directamente, desaparecen.

Canarias necesita una transición energética, sí, pero no cualquier transición. La lucha contra el cambio climático no puede ser la coartada para degradar el territorio, sacrificar el paisaje o pisotear los derechos de las comunidades afectadas. Si hablamos de interés público, este debe medirse por el beneficio real de la sociedad canaria, no por la rentabilidad de unos pocos.

Conviene permanecer muy atentos porque, como dice el refrán: los veranos los carga el diablo.

Paco Vega