Gáldar: ¿Reconocer la gestión pública o hacer campaña permanente?

La creación de nuevos galardones y reconocimientos públicos siempre genera una pregunta legítima: ¿qué se está premiando exactamente? Cuando el reconocimiento recae sobre alguien que ocupa una responsabilidad pública en activo, la frontera entre el agradecimiento institucional y la promoción política se vuelve inevitablemente difusa.

 

Los cargos públicos no son voluntarios ni benefactores ocasionales, es su trabajo, cobran por ello. Su función consiste precisamente en gestionar recursos públicos, atender demandas ciudadanas, impulsar proyectos y mantener una relación constante con los barrios y colectivos del municipio. Es decir, aquello que suele destacarse en estos reconocimientos forma parte de las obligaciones inherentes al cargo.

 

Por ello, resulta razonable preguntarse si tiene sentido otorgar distinciones a responsables políticos mientras continúan ejerciendo sus funciones. ¿Se premia una labor extraordinaria o simplemente el cumplimiento de aquello para lo que fueron elegidos y remunerados? Si la cercanía con los vecinos, el apoyo a las actividades culturales o la atención a las demandas ciudadanas son méritos excepcionales, entonces quizás el problema sea que se ha normalizado una política de mínimos.

 

La cuestión adquiere una dimensión aún más delicada cuando estos reconocimientos se producen mientras la persona sigue teniendo capacidad de decisión sobre inversiones, subvenciones, infraestructuras, permisos o actuaciones que afectan directamente a quienes organizan o participan en la vida social del municipio. Aunque no exista ninguna contraprestación explícita, la imagen que se proyecta hacia la ciudadanía puede generar dudas sobre la independencia de estos homenajes.

 

En democracia, la apariencia también importa. No basta con que algo sea legal; debe parecer imparcial. Cuando un responsable político en activo recibe elogios públicos organizados desde ámbitos que mantienen una relación constante con la administración municipal, surge inevitablemente la sospecha de si estamos ante un reconocimiento sincero o ante una forma indirecta de reforzar una determinada imagen pública.

 

Por eso, muchas personas consideran que los homenajes más adecuados son aquellos que llegan al final de una trayectoria, cuando ya no existe capacidad de influencia institucional. La jubilación, el cese de la actividad política o la conclusión de una etapa permiten valorar con perspectiva los resultados obtenidos, sin interferencias ni posibles conflictos de interés.

 

El problema no es reconocer el trabajo bien hecho. El problema es cuándo y por qué se reconoce. Porque cuando los aplausos llegan durante el ejercicio del poder, siempre queda flotando una duda razonable: ¿se está premiando una trayectoria o se está contribuyendo a construir una campaña permanente de imagen?

 

El Ayuntamiento de Gáldar debería ser especialmente consciente de esta cuestión. En una época en la que la confianza ciudadana en las instituciones se resiente, cualquier acto que pueda interpretarse como una confusión entre reconocimiento social y promoción política corre el riesgo de generar más preguntas que respuestas.

 

La verdadera medida del servicio público no debería ser el número de homenajes recibidos durante el mandato, sino el juicio que la ciudadanía haga de la gestión una vez finalizada. Los reconocimientos que llegan cuando ya no existe poder que ejercer suelen tener una virtud que los distingue de todos los demás: son mucho más difíciles de confundir con propaganda.

 

Y quizás convenga abrir también otro debate que parece haberse normalizado en demasiados municipios: la presencia constante de cargos políticos como pregoneros, homenajeados o protagonistas de actos festivos y culturales. Nos hemos acostumbrado a ver representantes públicos inaugurando, entregando premios, dando pregones y ocupando espacios que históricamente estaban reservados a vecinos destacados, personas vinculadas a la cultura popular, al deporte, a la educación o a la propia historia de cada barrio. ¿No sería conveniente diferenciar un poco más entre la representación institucional y el protagonismo social? Las fiestas pertenecen a los pueblos, no a quienes gobiernan circunstancialmente. Cuanto más se confundan ambas cosas, más difícil será distinguir dónde termina el reconocimiento ciudadano y dónde empieza la promoción política.