Coaliciones electorales: el coste de las malas compañías

Por todos es sabido que Coalición Canaria aspira a recuperar terreno político en Gran Canaria. Aunque, siendo precisos, quizá no se trate de recuperar un espacio perdido, sino de conquistar uno que nunca ha llegado a consolidarse del todo desde hace décadas. En ese contexto, la formación nacionalista parece explorar la posibilidad de articular una especie de coalición electoral en la isla, buscando aliados locales que le permitan sumar fuerzas y mejorar sus expectativas electorales, porque todos sabemos quién o quiénes están ahora mismo de moda y apuntan a ese posible acuerdo.

El problema es que en política los sumatorios no siempre dan el resultado esperado. Y menos aún cuando se trata de alianzas que pueden alterar la percepción del electorado. Por estos lares no es ningún secreto qué formaciones están marcando la agenda política actual ni cuáles son las que podrían entrar en esa ecuación de pactos. Y ahí es donde empiezan los riesgos.

En este sentido, incluso una posible confluencia con Coalición Canaria podría restar apoyos en determinados sectores del electorado de Gran Canaria, donde aún persiste un rechazo histórico a lo que representa el espacio político de ATI CC. A ello se suma que, si además se abren escenarios de entendimiento o pactos con Vox, el efecto acumulativo podría resultar todavía más perjudicial en términos electorales de lo que se pretende ganar en suma de siglas.

Coalición Canaria parte de una realidad compleja en Gran Canaria. Su implantación es desigual y su marca política no siempre conecta con el electorado de la isla de la misma forma que en otros territorios. Por eso, cualquier intento de crecer mediante alianzas debe ser especialmente quirúrgico. Porque no todo lo que suma en teoría, suma en las urnas.

Conviene recordar, además, que los resultados obtenidos en unas elecciones municipales no son necesariamente extrapolables a otras citas con las urnas. Haber conquistado una alcaldía o contar con una sólida implantación local no garantiza que el votante vaya a reproducir ese mismo comportamiento cuando se trata de elegir a sus representantes en el Cabildo o en el Parlamento de Canarias. De hecho, es precisamente en las elecciones autonómicas donde suelen apreciarse las mayores diferencias de voto entre instituciones, y no hablamos de unas pocas papeletas, sino de miles de votos que pueden marcar el éxito o el fracaso de una estrategia política. Confundir liderazgo municipal con respaldo automático a un proyecto autonómico ha sido, en más de una ocasión, un error de cálculo.
 

Si en esa estrategia de crecimiento se acaban incorporando apoyos o dependencias de formaciones como Vox, directa o indirectamente, en acuerdos presentes o futuros, el efecto puede ser el contrario al buscado. Lo que se presenta como una ampliación de base electoral puede interpretarse como una pérdida de coherencia política. Y en política, la coherencia es un activo tan frágil como decisivo.

Este debate no es teórico. Ya existen precedentes recientes en la propia política canaria, como el caso de Teguise, donde la formación nacionalista ha terminado gobernando con el apoyo de la extrema derecha pese a haber sostenido previamente que no habría pactos con ese espacio político. Ese tipo de giros alimenta la percepción de que las líneas rojas, en ocasiones, se vuelven más flexibles de lo que se proclama en campaña.

Como curiosidad añadida, resulta llamativo que en ese mismo contexto el concejal de Vox responsable de áreas como bienestar animal gestione competencias directamente vinculadas a una materia cuyo marco legislativo estatal su partido rechaza frontalmente, incluyendo el propio concepto de derechos de los animales. Todo ello, aparentemente, sin que chirríe demasiado en el funcionamiento cotidiano de la institución. Una coherencia institucional, cuanto menos, singular.

En este punto aparece una cuestión clave: hay partidos de la isla que ya han trazado su propia ruta política, con un discurso definido y un posicionamiento claro ante el electorado. La pregunta es si en ese recorrido tiene cabida Vox, o si determinadas alianzas terminan por desdibujar más de lo que suman.
 

Porque una cosa es sumar fuerzas desde la afinidad política y otra muy distinta es diluirse en alianzas que generan rechazo en parte del electorado propio. A veces, el problema no es el adversario, sino con quién decides sentarte a la mesa.

Las declaraciones recientes de Cristina Valido han vuelto a poner de manifiesto esa tensión entre estrategia y principios. Cuando se normaliza la idea de acuerdos amplios que incluyen a fuerzas situadas en la extrema derecha del espectro político, se abre un debate inevitable sobre los límites de la acción política y sobre qué se está dispuesto a sacrificar en nombre de la aritmética electoral.
 

Y es ahí donde la reflexión se vuelve incómoda pero necesaria. Porque quizá haya partidos a los que no les convenga tanto la gran coalición como a quienes la proponen. Quizá haya formaciones locales que, precisamente por su identidad y su base electoral, deberían pensarse dos veces si les compensa entrar en determinados juegos de alianzas, a no ser que se estén cambiando de acera.
 

Ahora bien, también conviene no perder de vista una realidad cada vez más evidente: las mayorías absolutas forman parte, en gran medida, del pasado. La fragmentación política obliga a entenderse y a alcanzar acuerdos entre fuerzas distintas. Despreciar o excluir de entrada a una parte del electorado mediante vetos permanentes no solo dificulta la gobernabilidad, sino que puede conducir a la repetición constante de elecciones y al bloqueo institucional.
 

Desde una perspectiva democrática, el diálogo y la búsqueda de consensos deberían formar parte del juego político. Ser diferentes no debería convertirse en un obstáculo insalvable para hablar, negociar o llegar a acuerdos en beneficio de la ciudadanía. Otra cuestión es cómo se construyen esos acuerdos y hasta qué punto respetan los compromisos adquiridos con los votantes.
 

Porque si todos los partidos afirman perseguir el interés general, pero al mismo tiempo terminan incumpliendo con facilidad lo prometido durante las campañas electorales, el problema deja de ser quién pacta con quién para convertirse en una cuestión de credibilidad. Y cuando la confianza de los ciudadanos se erosiona, el deterioro afecta al conjunto del sistema político.
 

En ese contexto, la política actual casi nunca se entiende en solitario. La cuestión no es si hay que pactar, sino con quién, para qué y a qué precio. Y esa es una factura que, tarde o temprano, siempre termina evaluando el electorado.
 

Quizá haya proyectos en crecimiento que deberían consolidarse antes de entrar en alianzas que los condicionen.
 

Al final, la política también es percepción. Y cuando el electorado percibe contradicción, oportunismo o pérdida de rumbo, la factura suele llegar en forma de desconfianza.

Moisés Rodríguez Gutiérrez