El Gobierno de Clavijo maltrata a las universidades canarias

Dentro del actual tsunami conservador y ultra contra el Estado social se incluyen las propuestas dirigidas a la desprotección de las personas más vulnerables y el calculado debilitamiento de los servicios públicos sanitario y educativo. En ese marco, las universidades públicas constituyen uno de sus objetivos. Lo podemos observar nítidamente en Isabel Díaz Ayuso y su poco disimulado intento de estrangulamiento financiero de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Canarias no es ajena a esa devastadora ola. Su Gobierno, el de CC y PP, al mal financiarlos, castiga a los centros superiores de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria; y, como casi siempre, no solo elude sus competencias y responsabilidades, sino que intenta despejar el balón hacia el Ejecutivo central, convirtiendo al autogobierno en una especie de elemento decorativo.

Cierto es que, afortunadamente, en las Islas se han venido produciendo las primeras reacciones ante esa situación tan negativa que condiciona el presente y pone en riesgo el futuro de nuestros centros superiores. Como la publicación del Manifiesto en defensa de las Universidades Públicas Canarias, suscrito ya por más de 4.000 personas. En su texto se destaca el preocupante clima de descrédito y ataque a la institución universitaria, tanto a nivel internacional como estatal, que cuestiona “el valor de la universidad pública, tachándola erróneamente de gasto superfluo o insinuando que debería limitarse a una visión utilitarista. Debemos alertar sobre estas tendencias: cuando se deslegitima y debilita a la universidad, se erosiona un pilar de la democracia y el progreso social”.

Se recuerda, además, que estas instituciones han actuado como un poderoso ascensor social, “formando a generaciones de canarias y canarios que fueron las primeras personas de su familia en acceder a la universidad, entre ellas, miles de mujeres que encontraron en la universidad el único espacio donde su talento no dependía de su apellido ni de su género”. Así sucedió en mi ámbito familiar y en miles de personas de mi generación y posteriores, que pudieron cursar estudios superiores en las universidades públicas canarias.

El Manifiesto asegura, asimismo, que defender las universidades públicas es defender una sociedad más “justa e ilustrada”, e instando a un compromiso “firme y concreto en defensa de nuestras universidades públicas canarias”. Exigiendo, por ello, a las administraciones competentes que cumplan plenamente el mandato legal del artículo 55 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en materia de financiación.

1% del PIB canario

Por otra parte, se acaba de crear la Asociación de Universidades Públicas Canarias (UPCAN), que encabezan los dos rectores de las universidades canarias, Francisco García Rodríguez (ULL) y Lluís Serra Majem (ULPGC), “con la voluntad de fomentar la cooperación universitaria, promover su internacionalización y su compromiso social”. Ambos rectores sostuvieron en su presentación que van a solicitar claridad de criterios y estándares de calidad en un sistema donde operan también otras instituciones.

En su acto de constitución, la UPCAN reclamó alcanzar para nuestro sistema universitario el 1% del PIB canario en el año 2030, como establece la LOSU, lo que supondría disponer de un presupuesto que superaría los 500 millones de euros para las dos instituciones, frente a los menos de 300 con los que cuentan ahora.

Esa circunstancia, disponer hoy de una financiación en torno al 0,5% de nuestro PIB, se produce cuando la Comunidad Canaria cuenta con un Presupuesto que supera en este ejercicio de 2026 los 12.500 millones de euros; y, también, con la realidad de un Gobierno, el de las dos derechas, que ha dejado de ejecutar una media de 1.143 millones anuales en 2023, 2024 y 2025, es decir, más de 3.400 millones en lo que va de legislatura. Mala gestión de los dineros públicos y desatención de nuestras universidades.

Frente a la naciente reacción social y de la comunidad universitaria, el grupo de Coalición Canaria responde presentando en el Parlamento una Proposición No de Ley (PNL) con el rimbombante título de “impulso de un acuerdo para el cumplimiento del objetivo de financiación universitaria pública previsto en la Ley Orgánica del Sistema Universitario”. En ella, lejos de asumir algún compromiso de mejora de la financiación de nuestras universidades públicas, CC sitúa la responsabilidad también en este tema en el Gobierno de España, como ya es marca de la casa.

Competencia y contrato programa

Por eso, nuestro grupo parlamentario presentó una enmienda a la totalidad a esa PNL de CC. Poniendo el acento en que, según refleja el artículo 134 del Estatuto de Autonomía de Canarias, la enseñanza superior es nuestra competencia y por tanto es deber del Gobierno de Canarias su adecuada y suficiente financiación.

La enmienda de Nueva Canarias, defendida de forma argumentada por nuestra diputada Carmen Hernández, plantea que se atienda la solicitud conjunta de los dos rectores de las universidades públicas, entregada por escrito a la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura el 30 de junio de 2025, “de crecimiento mínimo de su financiación estructural en los presupuestos de 2026 de 25,7 millones de euros, 13,8 millones para la universidad de La Laguna y 11,9 millones para la Universidad de las Palmas de Gran Canaria”, incorporando en el presupuesto vigente estas cantidades.

Asimismo, insta al Gobierno canario a presentar, en un plazo máximo de tres meses, un contrato programa negociado con las universidades públicas canarias, que, conteniendo los instrumentos de programación y financiación plurianuales, incluya los objetivos a conseguir, los recursos financieros para ello y los mecanismos de evaluación del grado de consecución de dichos objetivos. “Esta financiación por objetivos deberá ser adicional a la financiación estructural basal y a la financiación por necesidades singulares de nuestras universidades, tal como establece el artículo 56 de la LOSU”.

Reclamando, además, al Gobierno estatal la reactivación inmediata de la comisión de trabajo creada para el análisis y desarrollo del artículo 55 de la LOSU, que pretende destinar como mínimo el 1% del PIB al gasto público en educación universitaria pública en el conjunto del Estado, “con la participación de las comunidades autónomas, las universidades y los consejos sociales universitarios, sin eludir que la competencia en materia de enseñanza universitaria compete a la Comunidad Autónoma de Canarias y, por tanto, su deber de una financiación suficiente de las universidades canarias”.

Quiero apuntar, asimismo, el retroceso que ha sufrido en las cuentas públicas canarias la I+D+i con 21,8 millones de euros menos en 2026 que, en el Presupuesto de 2023, el último del pacto de Progreso, pese a que el global presupuestario es de 2.310 millones más que en 2023. Incumpliendo el Pacto Canario por la Ciencia y mostrando que la ciencia no es una prioridad para este Gobierno.

La actual ofensiva ultra ve en las universidades solo un negocio y, por eso, trata de debilitar a las públicas para favorecer a las privadas. Desde NC-bc rechazamos por completo ese modelo. Consideramos que nuestras universidades públicas constituyen un patrimonio de la sociedad canaria. Que merecen ser respetadas y apoyadas, recibiendo un trato justo del Gobierno de Canarias. Abandonarlas, como está sucediendo, supone un grave perjuicio para la sociedad de las Islas, para su docencia e investigación, para una mejor formación de su ciudadanía, para poder competir en un mundo cada vez más cambiante y donde la I+D+i es una piedra angular. Urge, por ello, un cambio de rumbo, cumpliendo la Ley, mejorando su financiación y, en definitiva, siendo consecuentes con el hecho de que la educación superior y la investigación científica son claves para para el futuro de Canarias, para su transformación y para la diversificación de su economía. Tenemos competencias y hay recursos económicos. Falta decisión política, saber priorizar el gasto público y hacer una gestión eficiente.

Román Rodríguez

Secretario nacional de Estrategia, Programas y Formación de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc).