Hay una diferencia fundamental entre informar y construir una narrativa. Informar consiste en trasladar hechos a la ciudadanía para que cada persona saque sus propias conclusiones. Construir una narrativa consiste en seleccionar esos hechos, ordenarlos y presentarlos de manera que refuercen una determinada percepción de la realidad. Y en Gáldar cada vez resulta más difícil ignorar que la comunicación institucional parece orientada más a lo segundo que a lo primero.

 

Durante años, el Ayuntamiento ha desarrollado una presencia pública constante a través de redes sociales, notas de prensa, campañas, vídeos y actos institucionales. La actividad comunicativa es tan intensa que prácticamente no pasa una semana sin que aparezca una nueva publicación destacando una obra, una inversión, un evento, un reconocimiento o un proyecto. A primera vista podría parecer una muestra de transparencia. Sin embargo, observada con detenimiento, surge una pregunta incómoda: ¿se está informando a la ciudadanía o se está construyendo una imagen política cuidadosamente diseñada?

 

Lo más llamativo es que la estrategia parece ir mucho más allá de comunicar la gestión municipal. Da la impresión de que cualquier noticia positiva relacionada con Gáldar acaba integrada en un mismo relato. Si un vecino destaca en el deporte, si una asociación recibe un reconocimiento, si un artista obtiene éxito fuera del municipio o si una empresa local logra crecer, la comunicación institucional tiende a presentar esos hechos como parte del progreso colectivo impulsado desde la administración. No se dice de forma explícita que el Ayuntamiento sea responsable de esos logros, pero la constante asociación entre éxito y gestión pública termina transmitiendo precisamente esa sensación.

 

Poco a poco se construye una percepción según la cual todo lo bueno que ocurre en Gáldar parece tener alguna conexión con quienes gobiernan. Los méritos individuales quedan diluidos dentro de una narrativa más amplia donde la institución aparece siempre en el centro. El esfuerzo personal, el talento, la iniciativa privada o el trabajo de colectivos independientes pasan a ocupar un papel secundario frente a una imagen repetida una y otra vez: la de un municipio que avanza gracias a la acción permanente de su gobierno.

 

Ese mecanismo es especialmente eficaz porque no necesita recurrir a la mentira. La propaganda moderna ya no funciona como en los regímenes autoritarios del siglo pasado. No necesita censurar ni imponer una versión única de la realidad. Le basta con amplificar determinados mensajes hasta que terminan dominando la percepción pública. Cuando una administración dispone de recursos económicos, canales institucionales y presencia constante en los medios, puede influir enormemente en la forma en que los ciudadanos interpretan lo que sucede a su alrededor.

 

La reciente polémica sobre el elevado gasto destinado a comunicación y publicidad institucional no hace sino reforzar estas dudas. Más allá de las explicaciones técnicas sobre contratos, plazos o importes estimados, la cuestión de fondo sigue siendo la misma: ¿por qué necesita un ayuntamiento una maquinaria comunicativa de semejante dimensión? ¿Está pensada para mejorar el acceso a la información pública o para consolidar una imagen política de éxito permanente?

 

La situación resulta todavía más preocupante si se observa desde el punto de vista democrático. Mientras el gobierno municipal dispone de recursos públicos para difundir su relato de manera continua, la oposición carece de herramientas equivalentes. Esto genera un desequilibrio evidente en el espacio público. Los ciudadanos reciben diariamente mensajes que refuerzan una determinada visión de la realidad, mientras las voces críticas tienen una capacidad mucho menor para hacerse escuchar.

 

El resultado es un escenario donde la institución y quienes la gobiernan comienzan a confundirse. Las obras se identifican con los dirigentes. Los logros del municipio se asocian a los responsables políticos. Los éxitos de los ciudadanos terminan incorporándose al relato institucional. Y cualquier crítica corre el riesgo de parecer un ataque al progreso mismo de Gáldar.

 

Nadie discute que un ayuntamiento deba informar. Lo preocupante es cuando la comunicación deja de tener como objetivo principal informar y pasa a tener como objetivo reforzar una imagen. Porque en ese momento la ciudadanía deja de ser considerada como un conjunto de personas a las que hay que rendir cuentas y empieza a ser vista como una audiencia a la que hay que convencer.

 

Quizá el mayor éxito de esta estrategia sea precisamente que muchos ciudadanos ya no perciben la diferencia. Han acabado aceptando como algo normal que toda noticia positiva termine acompañada de la imagen institucional correspondiente, que cada logro colectivo refuerce la posición de quienes gobiernan y que cualquier avance del municipio aparezca inevitablemente ligado a la acción del Ayuntamiento.

 

Sin embargo, una democracia sana debería reconocer algo mucho más sencillo: no todo lo bueno que ocurre en Gáldar es mérito del Ayuntamiento. Gran parte de lo que hace avanzar a un municipio nace del esfuerzo de sus vecinos, de sus empresas, de sus asociaciones, de sus deportistas, de sus artistas y de personas que trabajan cada día sin cámaras, sin notas de prensa y sin campañas de promoción. Cuando la comunicación institucional absorbe esos éxitos y los incorpora a una narrativa política permanente, deja de limitarse a informar sobre la realidad para empezar a apropiarse simbólicamente de ella.

 

Y esa es una frontera que toda administración democrática debería vigilar con especial cuidado. Porque el dinero público debe servir para informar a los ciudadanos, no para convencerlos constantemente de quién merece el mérito de todo lo bueno que sucede a su alrededor.