Cada vez que releo el Boletín Oficial de Canarias donde se publicó el decreto que declaró Bien de Interés Cultural (BIC) el cementerio de Vegueta en 2010, sigo sin entender cómo omitieron de forma intencionada la mitad de su historia. El texto oficial exalta con pulcritud la arquitectura de los panteones y la memoria de las "familias ilustres", pero guarda un silencio sepulcral sobre la tragedia que alberga ese mismo suelo.

 

A pocos metros de los lujosos monumentos donde descansan una parte de quienes planificaron y ejecutaron la represión, yace un centenar de mártires de la clase trabajadora. Siguen ahí, arrojados a una fosa común, invisibles para la burocracia patrimonial. Es una bofetada democrática que la resolución de 2010 ignore a las víctimas mientras el propio recinto mantiene cruces con yugos y flechas, blindando la simbología de una dictadura criminal.

 

Esta omisión en los diarios oficiales no es un error burocrático descuidado; es la continuación institucional de un relato diseñado para el encubrimiento. Durante décadas, el imaginario colectivo se construyó sobre la falacia de que en Canarias "no hubo guerra", un eufemismo tramposo utilizado por el negacionismo histórico para camuflar el genocidio fascista en el archipiélago. Al no existir un frente de batalla abierto, se pretendió instaurar la idea de una transición incruenta, ocultando que lo que verdaderamente se ejecutó en las islas fue una operación de exterminio sistemático, planificada y dirigida contra la resistencia obrera, civil y republicana.

 

El encubrimiento funcionó con precisión quirúrgica desde el primer día: detenciones clandestinas, sacas nocturnas, cuerpos arrojados al mar o al fondo de tubos volcánicos, y enterramientos masivos registrados de forma opaca. En el caso del cementerio de Vegueta, los archivos militares y municipales confirman la existencia de decenas de fusilados sepultados en los cuarteles 5 y 6. El silencio administrativo reflejado en el decreto de 2010 ha operado como una segunda capa de cal viva sobre estos cuerpos, perpetuando el trauma a lo largo de las generaciones. Hoy en día, el negacionismo no siempre viste uniforme; se disfraza de equidistancia, de la necesidad de "no abrir heridas" o de argumentos burocráticos que dilatan sistemáticamente las exhumaciones.

 

Mientras los colectivos sociales y las familias presentan informes científicos rigurosos respaldados por archivos militares para recuperar a sus seres queridos, la respuesta institucional suele ser el cálculo político y la lentitud exasperante. Tratar la búsqueda de los desaparecidos como un asunto incómodo o secundario es una forma activa de negacionismo que equipara el derecho internacional a la reparación con una mera disputa ideológica.

 

La declaración de protección patrimonial de 2010 no puede seguir siendo un ejercicio de amnesia selectiva. Proteger el patrimonio artístico no debe significar blanquear el terror. Aunque el Ministerio de Memoria Democrática estudie y financie proyectos de excavación inmediata, la reparación total no llegará hasta que las instituciones autonómicas y locales asuman que el fascismo en Canarias dejó una herida estructural que no se borra mirando hacia otro lado. Un cementerio no está completo si solo se reconoce la belleza de sus mármoles burgueses y se oculta deliberadamente el horror de sus fosas comunes.