La Medalla de Oro de Las Palmas para Quevedo: cuando la viralidad sustituye al mérito

Hace unos días conocíamos la decisión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de conceder la Medalla de Oro de la ciudad al cantante Quevedo. El joven artista, convertido en fenómeno global gracias al éxito de “Quédate” y a millones de reproducciones en plataformas digitales, es hoy uno de los nombres más reconocibles de la música urbana española. Para muchos, un motivo legítimo de orgullo isleño. Sin embargo, la cuestión de fondo no es si su éxito merece reconocimiento popular, que sin duda lo tiene, sino si representa el tipo de mérito que debe simbolizar la máxima distinción institucional de una ciudad.

Nadie puede discutir la capacidad de Pedro Luis Domínguez Quevedo para conectar con toda una generación, ni el impacto comercial de su carrera. También es evidente que ha contribuido a visibilizar el acento y la identidad canaria en una industria globalizada donde durante años apenas existía representación isleña. Todo eso constituye un logro artístico y mediático relevante. Pero las medallas de oro de una capital no deberían concederse únicamente por notoriedad, cifras de streaming o impacto viral, sino por dejar una huella profunda, duradera y ejemplar en la sociedad.

Las medallas de oro municipales no nacieron como premios al entretenimiento ni como herramientas de promoción institucional. Históricamente han servido para reconocer trayectorias extraordinarias de servicio público, aportaciones culturales de largo recorrido o contribuciones ejemplares al desarrollo social y humano de una ciudad. Precisamente por eso, su prestigio depende de la excepcionalidad y del criterio con el que se conceden.

El Ayuntamiento justifica la concesión apelando a su “proyección internacional”, a su capacidad para actuar como embajador cultural de las islas y a su condición de referente para la juventud. El argumento, en apariencia moderno y atractivo, plantea sin embargo una pregunta incómoda: ¿qué criterios deben prevalecer cuando una institución decide elevar a alguien al máximo reconocimiento público de la ciudad?

El debate no debería centrarse en demonizar la música urbana ni en despreciar la cultura popular contemporánea. La música comercial, incluso la más masiva, puede tener un valor artístico y social legítimo. Tampoco se trata de cuestionar que nuevas generaciones encuentren referentes distintos a los tradicionales. El problema aparece cuando las instituciones públicas parecen sustituir la idea de trayectoria y servicio por la lógica de la visibilidad inmediata.

Y es precisamente ahí donde emerge una contradicción difícil de ignorar.

Resulta paradójico que el mismo Ayuntamiento que impulsa campañas institucionales sobre igualdad de género, que premia a colectivos feministas y que reivindica constantemente discursos de respeto y sensibilización, otorgue simultáneamente su máxima distinción a un artista cuyas letras participan, en numerosas ocasiones, de dinámicas muy habituales dentro de la música urbana actual: hipersexualización, cosificación femenina o relaciones planteadas desde códigos claramente machistas.

No se trata de afirmar que Quevedo sea el único artista que incurre en ello ni de convertirlo en un símbolo moral de todos los problemas culturales contemporáneos. Pero sí resulta legítimo preguntarse hasta qué punto una institución pública puede separar completamente el fenómeno comercial de los mensajes asociados a él cuando decide convertirlo en referente oficial de la ciudad.

La contradicción es aún más evidente si se compara este reconocimiento con la situación de muchos otros sectores culturales y sociales de Canarias. Investigadores, docentes, sanitarios, deportistas modestos, activistas sociales o creadores locales llevan décadas desarrollando una labor silenciosa y transformadora con recursos mínimos y escaso respaldo institucional. Mientras gran parte de la cultura de base, el teatro independiente, la investigación histórica, la literatura local o la música tradicional, sobrevive entre subvenciones insuficientes y burocracia constante, el Ayuntamiento decide reservar uno de sus mayores símbolos honoríficos para una figura que ya dispone de éxito económico, exposición mediática y reconocimiento internacional más que consolidados.

Resulta inevitable comparar esta decisión con otras distinciones otorgadas históricamente a docentes, médicos, investigadores o figuras culturales que dedicaron toda una vida al servicio de la comunidad antes de recibir reconocimiento institucional. Ahí es donde aparece el verdadero agravio comparativo: no en premiar a un artista popular, sino en rebajar implícitamente el nivel de exigencia simbólica asociado al mayor reconocimiento público de una ciudad.

Ese es quizá el principal problema de la decisión: el mensaje que transmite sobre qué entiende hoy la política por mérito público. La sensación de que la popularidad inmediata pesa más que la contribución sostenida en el tiempo. Que el impacto mediático vale más que el legado.

Las instituciones democráticas necesitan símbolos sólidos y coherentes. Las máximas distinciones civiles nacieron históricamente para reconocer trayectorias excepcionales de servicio, excelencia o compromiso social mantenidas durante años. Cuando esos reconocimientos empiezan a concederse siguiendo principalmente criterios de tendencia, viralidad o rentabilidad mediática, no se engrandece necesariamente a quien recibe el premio; se debilita el prestigio del propio galardón.

Quevedo seguirá llenando estadios, acumulando reproducciones y disfrutando de una carrera probablemente exitosa con o sin medallas institucionales. El verdadero debate no es él, sino el papel de unas instituciones que deberían actuar como último espacio de preservación del valor del esfuerzo a largo plazo, la coherencia ética y el reconocimiento cívico más allá de las modas del momento.

Porque una ciudad también se define por aquello que decide admirar públicamente. Y cuando el reconocimiento institucional deja de medir la profundidad del legado para medir únicamente el tamaño del escaparate, no solo cambia el prestigio de las medallas: cambia también la escala de valores que las instituciones transmiten a la sociedad.

Moisés Rodríguez Gutiérrez