Cuando la imputación se trata como si fuera una condena, se quiebran dos pilares del Estado de Derecho al mismo tiempo. Y esto no es un matiz retórico; es una deriva práctica con consecuencias reales. Se condena a una persona que aún no ha sido juzgada, y la reparación llega tarde o nunca. La imputación abre una fase de investigación, que sirve para verificar si hay indicios, que sirve para escuchar a las partes y además, para practicar pruebas; pero nunca acredita culpabilidad. Sin embargo, en el ciclo mediático actual, el titular “imputado por organización criminal”, funciona como veredicto.

La presunción de inocencia queda relegada al final, enterrada, como si fuera un matiz sin importancia; mientras el subtítulo ya ha dictado sentencia. El daño a la reputación es inmediato. Una vez que el nombre queda asociado a “trama”, “liderazgo” o “blanqueo”, el matiz jurídico no lo borra. Si dos años después llega un sobreseimiento, la noticia ocupa tres líneas en página interior, y la mancha no se limpia con una resolución judicial que casi nadie lee.

Pero, eso no es un problema solo de José Luis Rodríguez Zapatero; es un problema de cualquier ciudadano. El día que aceptemos que el descrédito social precede y sustituye al proceso penal, perderemos la garantía que nos protege a todos; porque mañana puedes ser tú, por una denuncia maliciosa, por un error de apreciación, por un informe policial, que luego se desmonta. La reputación no se repara con un “perdone nos equivocamos” judicial.

Ni que decir tiene, que el Estado de Derecho funciona, cuando la gente cree que el veredicto lo dicta un juez independiente, tras un proceso contradictorio; por contra, si la percepción mayoritaria es que quien condena es el primer titular de la mañana, la cadena, sin duda alguna, se rompe.

Y cuando eso ocurre, lo que pasa es que la gente deja de creer en los tribunales; se suele oír decir: “Si ya lo han condenado en la tele”, ¿para qué esperar a la sentencia? Y se abre la puerta al descrédito sistemático de cualquier resolución que no coincida con lo que ya se dio por probado, hasta el punto de que, si absuelve el juez, es porque “está vendido”; y si condena: es porque, “por fin se hizo justicia”. Y, es obvio que en ambos casos, el criterio no es la prueba; sino el titular previo. Y así, de esta manera, es como se erosiona la legitimidad del sistema judicial sin cambiar una sola ley.

Sobre la actuación de la oposición en este caso, me parece destructiva más allá de lo razonable; porque la oposición tiene el derecho y el deber de fiscalizar, porque puede preguntar, pedir comisiones de investigación, llevar el asunto al Congreso, presentar acusaciones populares, etc., y eso, no me cabe la menor duda, que es democracia parlamentaria; por contra, convertir cada paso procesal en un acto de propaganda, filtrar piezas de forma selectiva y exigir medidas cautelares extremas antes de escuchar al investigado, es destructivo.

Cuando la estrategia política consiste en mantener el tema en la primera línea del telediario, sin importar el estado de la instrucción, se deja, a mi juicio, de hacer oposición y se pasa a hacer demolición. En el caso Plus Ultra, hemos visto cómo desde el primer día se ha tratado la imputación como si fuera condena firme; se ha exigido prisión provisional, sin que el riesgo de fuga esté acreditado, y se ha utilizado el caso para pedir mociones de censura y desgaste general. Lo que yo pienso, es que esa táctica puede dar rédito a corto plazo; pero tiene un coste institucional. Cuando la confrontación política consume el proceso judicial, ambos pierden, porque el proceso deja de ser creíble y la política deja de parecer capaz de discutir ideas.

Tras la declaración de Zapatero del próximo mes de Junio, el juez seguirá instruyendo, y la acusación formal, si llega, aún quedará lejos. La UDEF, no tiene más función que la de investigar e informar, y el juez de decidir; confundir esos dos roles, obviamente, distorsiona el proceso. El juicio mediático daña reputaciones y debilita la confianza en la Justicia; y el legado de Zapatero se juzga también por las leyes y decisiones de su mandato.

Defender la presunción de inocencia no es defender la impunidad. Es defender la regla que nos protege a todos. Defender a Zapatero no implica compartir su gestión. Lo que está en juego es si aceptamos que el proceso judicial mantenga su ritmo y sus garantías, o si lo sustituimos por un juicio permanente en redes y televisiones.

Si queremos un país donde la política se discuta con argumentos y la justicia se aplique con pruebas, hay que exigir dos cosas: que la oposición haga oposición y no demolición, que los medios no conviertan la imputación en condena; porque el día que el titular sustituya a la sentencia, perderemos todos. Y ese día, nadie tendrá derecho a quejarse de que “no hay Estado de Derecho”, porque, lo habremos desmontado nosotros, a golpe de titular.

El caso Plus Ultra, ha dejado de ser solo un expediente judicial, para convertirse en una prueba sobre como tratamos la presunción de inocencia y el papel de la oposición. Si la imputación sustituye a la sentencia en la opinión pública, el Estado de Derecho pierde más que un nombre, pierde credibilidad. Lo que decida el juez. debe valer más que cualquier titular; y vaya por delante, que defender eso, no es defender a una persona, es defender, nada más y nada menos, que el sistema que nos protege a todos.

Juan Reyes González