El problema no es investigar a Zapatero, es juzgarlo antes en los platós

Ni que decir tiene, que la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, en el caso Plus Ultra, ha puesto el foco mediático y político sobre su figura. Visto lo visto, cuando un expresidente es investigado, la tentación, es convertir el sumario en un espectáculo; pero si queremos hablar con rigor, debemos separar sí o sí, tres planos: el policial, el judicial y el político. Si los confundiéramos, no tengo, ni la menor duda, de que no ayudará en nada a esclarecerlos.

Pues bien, empecemos con la presunción de inocencia, que dicho sea de paso, no admite excepciones, en tanto que, el artículo 24.2 de la Constitución, reconoce a toda persona el derecho a la presunción de inocencia; y miren por donde, que no hay una presunción de inocencia “de segunda”, para los exmandatarios; es obvio, que ese principio significa, que Zapatero, como cualquier ciudadano, es inocente hasta que exista una sentencia en firme. El cometido de la imputación, es nada más y nada menos, que abrir la fase de investigación; pero de ninguna manera, tiene la potestad de acreditar la culpabilidad de alguien. Olvidar esto tiene coste, cuando se da por probado lo que solo está siendo investigado, el juicio deja de celebrarse en la Audiencia Nacional y pasa a celebrarse en tertulias y redes. Eso, para mí, no es democracia deliberativa; es condena anticipada.

Una vez, y ya hemos dejado claro el contenido de la presunción de inocencia, yo creo que procede continuar con la Unidad que informó sobre la presunta irregularidad, que “está en boca de todos”: la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF); que obviamente, se halla encuadrada en la Comisaría General de la Policía Judicial, que orgánicamente depende de la Dirección General de la Policía, que está adscrita, como no podía ser de otra manera, al Ministerio del Interior, y que su cometido consiste en investigar delitos económicos, fiscales, blanqueo de capitales y corrupción.

En el caso que nos trae aquí, el tan “cacareado”caso Plus Ultra, la UDEF ha elaborado varios informes que forman parte del sumario; estos informes, no son otra cosa, que un elemento de prueba más; por lo que no sustituyen al juez ni vinculan a la defensa. El juez valora esos informes junto a las declaraciones, la documentación mercantil y las pruebas periciales; y las defensas pueden contradecirlos, proponer peritos y pedir diligencias. Y esto es así; esta es la manera de como funciona el proceso acusatorio. El juicio mediático es un problema para todos, porque tiene tres rasgos, que podríamos definir de esta forma: filtraciones selectivas, titulares que dan por probado lo que no está probado, y confusión entre indicios e indicios probados. En las últimas semanas hemos visto cómo la imputación de Zapatero se ha tratado como si fuera una condena; y eso genera dos efectos negativos, porque, en primer lugar, daña la reputación de una persona que aún no ha sido juzgada; y la reputación, es seguro, que no se repara con un sobreseimiento dos años después; y en segundo lugar, debilita la confianza en la justicia, porque si el ciudadano percibe que la condena la dicta el titular y no la sentencia, pierde fe en el Estado de Derecho. Está claro, que la crítica política a la gestión de Zapatero es legítima y necesaria; pero el prejuzgamiento no lo es. Es evidente, que el derecho a informar no incluye el derecho a condenar.

Y concluyo, diciendo que el caso Plus Ultra contra José Luis Rodríguez Zapatero, pone sobre la mesa el choque entre tres tiempos que no van al mismo ritmo: el tiempo de la justicia, el tiempo de los medios y el tiempo de la política; en lo jurídico, la presunción de inocencia es el punto de partida y de llegada; la imputación no es condena; lo que hace, es abrir una fase de investigación para comprobar si hay indicios suficientes de tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo; y hasta que no haya sentencia firme, Zapatero es inocente. Es obvio, que ese principio no protege a una persona concreta; protege el sistema. Si éste, se quiebra para un expresidente, queda debilitado para cualquier ciudadano; en lo institucional, hay que distinguir varios roles: La UDEF investiga como policía judicial y elabora informes; el juez decide qué prueba admite, qué diligencias practica y si hay base para mantener la imputación; y el Ministerio del Interior no juzga, solo dirige orgánicamente a la Policía Nacional. Confundir estas funciones lleva a pensar que una filtración o un informe policial equivale a una sentencia. En lo mediático, el juicio paralelo tiene coste. Las filtraciones selectivas, los titulares que dan por probado lo que está bajo secreto y las peticiones de prisión provisional lanzadas en tertulias, crean una condena social antes del juicio. Eso daña la reputación de forma irreversible y erosiona la confianza en los tribunales.
 

En lo político, he de decir también, que el legado de Zapatero no puede reducirse a una causa judicial, en tanto en cuanto, su etapa al frente del Gobierno dejó cambios estructurales muy relevantes, tales como: la Ley de Dependencia, matrimonio igualitario, Ley de Igualdad, final de la actividad armada de ETA en 2011, retirada de Irak, creación de la UME, y la respuesta inicial a la crisis de 2008-2011. Todas y cada una de ellas, fueron medidas debatidas, aprobadas y controladas por el Parlamento y el Constitucional. Se pueden valorar como aciertos o errores, pero, no cabe duda alguna, de que forman parte del registro objetivo de su mandato.

En lo concerniente a lo procesal, el 2 de junio no se cerrará nada. Tras su declaración, el juez puede mantenerlo como investigado y seguir pidiendo pruebas, acordar medidas cautelares, si alguna acusación lo solicita y el riesgo lo justifica; o rebajar su situación, si las explicaciones y la documentación despejan los indicios; para que se llegue a una acusación formal, aún queda instrucción por delante; las causas con sociedades extranjeras y movimientos internacionales suelen ser más lentas.

Obviamente, la idea de fondo es simple; en un Estado de Derecho, los juicios se ganan y se pierden en los tribunales, con prueba contradictoria y derecho de defensa; el resto es ruido. Y separar el ruido de la prueba es la única forma de que el debate público sobre Zapatero, sobre Plus Ultra y sobre cualquier caso, no acabe comiéndose la presunción de inocencia, por el camino.

Juan Reyes González