No pudieron destruir la memoria

La dignidad frente al silencio, la persecución, las burlas, las represalias, el odio de clase, podría titular esta reflexión; regodearme en nombres, apellidos, cargos públicos y contar cada abuso de poder con detalles pormenorizados; pero no, no quiero perder tiempo y energía en seres oscuros y siniestros, enturbiar estos días de celebración de miles de familias canarias que sufrimos el horror del fascismo.

Quienes llevamos décadas soportando este dolor en nuestra propia carne sabemos bien lo que significa luchar contra el olvido y la indiferencia. Tras alcanzar este lunes 18 de mayo un acuerdo histórico con el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Pérez, que por fin financiará y asumirá de forma inmediata una excavación seria, rigurosa y real para localizar a decenas de represaliados, salvajemente torturados, asesinados y enterrados en la fosa común del cementerio de Vegueta.

La verdad esperábamos algo más que silencio de quienes cercenaron nuestras libertades constitucionales. Sin embargo, lo único que hemos encontrado ha sido una ausencia ensordecedora de explicaciones, disculpas o asunción de responsabilidades por parte de quienes durante años nos hicieron tanto daño.

Ni una palabra de aquellos políticos y “técnicos” que actuaron sin escrúpulos, engañando a las familias y frustrando nuestras esperanzas. Los mismos que, por el simple hecho de ejercer como portavoz de la Plataforma de Familiares en esta noble causa, me abrieron expedientes disciplinarios en mi trabajo generándome graves secuelas psicológicas que sigo arrastrando, me amenazaron con llevarme ante los tribunales sin base judicial alguna por expresar libremente mi derecho a la libertad de expresión. Todo ello por defender algo tan básico y humano como dar sepultura digna a nuestros seres queridos masacrados.

Pero el daño no fue únicamente institucional. También fue profundamente humano. Mis padres, fallecidos en 2018 y 2020, murieron tristes, decepcionados y desolados tras años de humillaciones y promesas incumplidas por quienes viven y ganan mucho dinero con la política. Fueron víctimas de un absoluto y vergonzoso desprecio administrativo que, bajo apariencia burocrática, escondía la misma lógica autoritaria que en 1936 decidió quién merecía vivir y quién debía desaparecer.

Durante demasiado tiempo intentaron agotarnos mediante amenazas, alienación, ridiculización, silencios, boicots y obstáculos. Pretendieron convertir la memoria en resignación y el miedo en obediencia. Sin embargo, se equivocaron. Porque frente a su soberbia ha prevalecido algo mucho más fuerte: la dignidad de nuestra persistencia.

Hoy, después de tantos años de lucha, la verdad comienza a abrirse paso. Y aunque nadie pueda devolvernos el tiempo perdido ni reparar plenamente el sufrimiento causado, cada paso hacia la recuperación de nuestros fusilados y desaparecidos representa una victoria moral frente a quienes quisieron condenarlos al olvido.