La sentencia que desmonta la falacia de la “Ecoisla”

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de anular el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, aprobado en diciembre de 2022, no es un simple tropiezo administrativo. Es algo mucho más profundo: el desmoronamiento político y jurídico del gran relato construido durante once años por Antonio Morales.

 La sentencia no entra en debates ideológicos. Habla de legalidad. Y lo que viene a decir es extremadamente grave: el Cabildo tramitó y aprobó el principal documento territorial de la isla utilizando un marco normativo prácticamente derogado, ignorando la Ley del Suelo de Canarias de 2017. 

Es decir, se impulsó un nuevo modelo territorial para Gran Canaria apoyándose en directrices superadas jurídicamente. Sin embargo, lejos de asumir responsabilidades, Antonio Morales ha reaccionado atacando la decisión judicial y presentándose como víctima de una injusticia. 

Pero la cuestión esencial no es la sentencia. La cuestión es qué modelo territorial intentaba blindar a través de ese plan anulado. Ahí está la gran contradicción. 

Durante más de una década se ha vendido el concepto de “Ecoisla” como símbolo de sostenibilidad, transición ecológica y equilibrio territorial. Pero cuando se analiza el contenido real del plan anulado, el discurso se derrumba. 

La “Ecoisla” de las 129 000 camas turísticas 

El documento contemplaba alrededor de 129 000 camas turísticas. Una cifra descomunal para una isla que ya soporta niveles extremos de presión urbanística, turística y demográfica. La realidad es evidente: mientras se hablaba de sostenibilidad, se seguía apostando por expandir el modelo turístico tradicional, ocupando nuevos espacios del litoral y profundizando la dependencia económica de la industria turística. 

Gran Canaria vive ya síntomas claros de saturación: encarecimiento brutal de la vivienda; expulsión de población residente; colapso de servicios; destrucción progresiva del territorio; y pérdida de calidad de vida en barrios históricos y zonas costeras.

El crecimiento descontrolado del alquiler vacacional 

El plan no abordaba el fenómeno más explosivo de los últimos años: Barrios como Guanarteme ( junto al entorno de Playa de Las Canteras ) y Vegueta-Triana, se han convertido en laboratorios de gentrificación acelerada. La población residente está siendo desplazada por un mercado turístico cada vez más agresivo, mientras los salarios reales hacen imposible acceder a una vivienda digna.

La llamada “Ecoisla” no protegió el derecho a habitar la isla. Protegió la rentabilidad del negocio turístico. 

La transición energética convertida en colonización territorial.

La otra gran falacia del discurso oficial es la llamada transición energética. Lo que revela el modelo impulsado por Antonio Morales no es una transición democrática y descentralizada, sino una estrategia diseñada, profundamente centralizada al servicio de grandes operadores energéticos. 

Detrás del lenguaje verde aparecen: grandes parques eólicos y fotovoltaicos; nuevas líneas de evacuación eléctrica; ocupación masiva de suelo rústico; y la colonización de barrancos y espacios naturales de enorme valor paisajístico y ecológico. 

Ahí están los casos del Barranco de Arguineguín, con las presas de Chira, Soria y Las Niñas. El Barranco Grande (Tejeda-La Aldea ) y Agaete. Todos en la agenda del plan de Morales. 

El problema no es únicamente energético. Es democrático y territorial. Morales siempre negó la participación ciudadana en el diseño del modelo de transición energética. Se ha facilitado, mediante mecanismos excepcionales y altamente cuestionados, que grandes multinacionales ocupen suelo estratégico y conviertan el viento y el sol —recursos colectivos— en negocios privados. 

Mientras ha despreciado un modelo alternativo basado en: autoconsumo; comunidades energéticas; cubiertas residenciales y hoteleras; polígonos industriales; eficiencia energética; ahorro; y soberanía energética distribuida. 

Es decir: ha rechazado precisamente el modelo que permitiría repartir beneficios, democratizar la energía y reducir la ocupación del territorio. 

Más carreteras para más colapso. 

La movilidad representa otro de los grandes fracasos estructurales. La autovía entre el aeropuerto y Las Palmas es hoy uno de los mayores ejemplos de mala planificación territorial acumulada durante décadas. Polígonos, centros comerciales y urbanización dispersa han creado un corredor completamente dependiente del automóvil privado. 

Y lejos de corregir esa dinámica, el modelo territorial impulsado por el Cabildo la profundiza. Más carreteras. Más infraestructuras. Más tráfico. El resultado es un colapso permanente. El gran símbolo de esta estrategia es el tren al sur, presentado como solución mágica para los próximos veinte años. 

El debate de fondo sigue ausente: ¿qué modelo territorial genera diariamente millones de desplazamientos obligados? ¿Por qué no se corrige la hiper concentración económica y urbanística del eje costero? La movilidad no se resuelve únicamente construyendo infraestructuras gigantescas. Se resuelve replanteando el territorio. 

Emergencia hídrica, residuos y vivienda.

 Los silencios del modelo del plan. El discurso oficial habla constantemente de sostenibilidad. Pero la realidad muestra enormes carencias estructurales: crisis hídrica; mala gestión de aguas residuales; deterioro del sistema de residuos; dependencia exterior extrema; y emergencia habitacional creciente. 

Nada de esto ha sido afrontado con la profundidad necesaria. No existe un gran plan insular de ahorro y eficiencia hídrica. No existe una estrategia contundente de vivienda pública. No existe una apuesta real por la reducción del consumo territorial y energético. No existe una política seria de decrecimiento turístico. 

Por eso la sentencia del TSJC tiene un valor político mucho mayor que el estrictamente jurídico. Porque desnuda la distancia entre el relato y la realidad. 

El fin del relato.

 Durante once años se construyó una imagen política basada en conceptos emocionalmente poderosos: “Ecoisla”. “Sostenibilidad”. “Transición ecológica”. “Progreso verde”. 

El documento anulado revela otra cosa: expansión turística; intensificación y destrozos territoriales nunca vistos en Gran Canaria. El barranco de Arguineguín es la prueba "delictiva". 

Dependencia de los megaproyectos energéticos. nuevas infraestructuras; y ocupación creciente del suelo. La sentencia no solo anula un plan. Anula una narrativa. Y obliga a abrir un debate mucho más profundo y más incómodo: ¿quién decide realmente el futuro territorial de Gran Canaria? ¿La ciudadanía? ¿O los grandes intereses turísticos, energéticos y constructivos que llevan décadas condicionando el modelo insular?

Julio Cuenca Sanabria

Pedro Hernandez Camacho.