Autogobierno, territorio y demografía

Desarrollamos la vida sobre un territorio concreto. En nuestro caso, Canarias, un archipiélago con ocho islas habitadas. Y las distintas actividades -industriales, agrícolas, ganaderas, turísticas, energéticas, de movilidad de personas y mercancías...- impactan sobre el mismo. Sobre sus paisajes rurales. Sobre sus costas. Sobre los espacios urbanos. Sobre la calidad del aire que respiramos. Por eso, se hace imprescindible legislar para hacer posible en las mejores condiciones la vida cotidiana de sus habitantes, el desarrollo de las distintas actividades económicas y, asimismo, la preservación de la Naturaleza. Pensando no solo en el corto y medio plazo, sino con mirada mucho más larga. Esta es, sin duda, una de las principales competencias del Estatuto y en las que ha habido etapas en que se han tomado las decisiones adecuadas y otras en que no se ha defendido el interés de la mayoría.

Para conseguir ese equilibrio, el Parlamento de Canarias aprobó distintas leyes para proteger nuestro privilegiado territorio y medio ambiente. Entre otras, la Ley 12/1987 de declaración de espacios naturales de Canarias de 1987, presidiendo Jerónimo Saavedra el Gobierno del pacto de progreso. Declarando 70 parajes naturales, así como 35 parques naturales, entre ellos, por citar algunos, La Geria, Las Dunas de Corralejo, Guayadeque, Anaga, Valle Gran Rey, Cumbre Vieja y Teneguía.
 

Siete años después se aprobaría, por unanimidad de la Cámara, la Ley 12/1994 de Espacios Naturales, siendo Manuel Hermoso presidente del Ejecutivo. Una ley cuya finalidad es “la protección, conservación, restauración y mejora de los recursos naturales del archipiélago canario y de los procesos ecológicos esenciales que en ellos tienen lugar, así como el mantenimiento y restauración del paisaje que sustentan”.
 

Posteriormente, la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias tiene por objeto regular “la actividad administrativa en materia de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística y definir el régimen jurídico urbanístico de la propiedad del suelo y vuelo, de acuerdo a su función social”, en ejercicio de las competencias estatutarias y en el marco de la legislación estatal sobre conservación de los espacios naturales protegidos, régimen del suelo y valoraciones. Además, con el decreto legislativo 1/2000 se aprueba el texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias.
 

Pero no se trata solo de preservar espacios -parques nacionales, reservas, parques naturales o rurales-, sino también de generar condiciones para que la actividad económica module su impacto sobre el territorio y el medio. Atenuando la ocupación de suelo, el consumo energético y de agua o el propio crecimiento demográfico. Respecto a este último, Canarias creció entre 1980 y 2025 un 65% en población, pasando de los 1,3 millones a 2,2; el doble que el conjunto de España (31,73%). En el mismo periodo, Euskadi aumentó un 5,30%, subiendo de 2,1 millones a 2,2. Las proyecciones para 2050 sitúan a Canarias con más de 450.000 habitantes más que ahora; en el País Vasco, sus proyecciones, en este caso para 2045, sumarían 77.000 habitantes a los actuales.
 

Para estudiar esa realidad y sus consecuencias desde la Presidencia del Gobierno canario creamos en la legislatura 1999/2003 un comité de expertos sobre población e inmigración que analizó en profundidad la situación y ofreció respuestas, las centrales vinculadas a nuestro modelo de crecimiento. En su informe concluyen que “la presión de la población sobre el territorio tiene en Canarias un carácter especial, porque las islas no soportan la misma capacidad que los territorios continentales, sobre todo las islas alejadas”.
 

Por otra parte, las conclusiones del Comité de expertos resaltaban la importancia de las directrices generales de ordenación territorial y las sectoriales del turismo -también promovidas por aquel Gobierno y aprobadas por el Parlamento en 2003- para reorientar el modelo económico hacia la sostenibilidad y modular el crecimiento poblacional. Asegurando, además, que todas las actuaciones políticas demográficas deben estar subordinadas “a las opciones de desarrollo futuro en el ámbito de la economía y del medio ambiente, en particular. En el caso de Canarias, su singularidad exige la máxima coherencia entre las opciones de desarrollo futuro que se adopten y la acción en el campo de la demografía”.
 

Moratoria y directrices
 

De ahí la enorme relevancia de las leyes que promovimos en esa legislatura.  La Ley 6/2001 de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias (conocida como ley de la moratoria), que desclasificó más de 300.000 camas turísticas y que posibilitó parar el crecimiento para reflexionar y tomar, sosegadamente, decisiones de futuro. Marco legal que resultó determinante para desclasificar el suelo turístico de Veneguera, evitando los planes de masiva construcción que impulsaban empresarios con el apoyo nada disimulado de algunos dirigentes de Coalición Canaria; más tarde, en la primavera de 2003 se aprobó la ley 6/2003 que declaraba el barranco de Veneguera como espacio natural protegido, impidiendo su desarrollo urbanístico y preservando definitivamente Veneguera. Sin que supusiera coste alguno para las arcas públicas.
 

Paralelamente se proyectó, debatió y elaboró la ley 19/2003 de Directrices de Ordenación General y Turística de Canarias. Aprobada por unanimidad de la Cámara. Centrada en un crecimiento modulado, la no ocupación de más territorio, favoreciendo la reforma de la planta obsoleta, y la renovación de las ciudades turísticas, así como la diversificación y la cualificación de la oferta y una mayor formación del personal del sector. En los siguientes tres años solo se podía aumentar el 1% la oferta hotelera en las islas turísticas, siempre basada en parámetros de calidad; para las islas verdes se estableció una legislación específica (Ley 6/2002).
 

Ley del Suelo
 

Sin embargo, no todo serían avances en protección del territorio y el medio, así como en la modulación del crecimiento. Así sucedería con la aprobación de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias. En su momento expresamos que contenía algunos elementos positivos, como la unificación de las normas previas; el planteamiento de compensar por conservar o el respeto a la delimitación y regulación de los espacios naturales protegidos; y, también, la supresión de la caducidad de los instrumentos de ordenación, la flexibilización de los plazos de adaptación de los planes y la simplificación de la autorización de obras para actividades propias en suelo urbano y rústico.
 

Pero, junto a ellos, la Ley del Suelo impulsada por Fernando Clavijo presenta numerosos aspectos regresivos. De entrada, y a diferencia de las leyes anteriores, el haber sido elaborada con poco debate y sin consenso político ni social.  Así como por su apuesta por un modelo desarrollista que subordina a los intereses económicos el territorio, el medio natural, el futuro. Su abandono del urbanismo de planeamiento, sustituido por el urbanismo de proyecto. Y, además, por incorporar en suelo agrario la autorización de usos complementarios turísticos, de ocio, industriales o deportivos; lo que facilita una presión especulativa sobre el suelo rústico de irreparables consecuencias.
 

Desde Canarias para Canarias
 

En cualquier caso, la solución para la inmensa mayoría de los problemas en estos ámbitos se encuentra en la Comunidad Canaria y sus instituciones y no en otras instancias estatales y europeas, como algunos se empeñan en hacer creer. Desde aquí, desde Canarias, se puede frenar en el medio y largo plazo el crecimiento en las islas turísticas a través de la desclasificación de suelo turístico no desarrollado. Así como establecer una limitación al crecimiento de plazas alojativas condicionado a las distintas realidades insulares en las islas turísticas. Ofreciendo un tratamiento diferencial a las islas verdes, con un crecimiento moderado desde parámetros de calidad y respeto medioambiental.
 

Desde Canarias y las competencias de su autogobierrno se puede legislar adecuadamente sobre las viviendas vacacionales. Diferenciando entre pequeños y grandes tenedores, regulando la actividad y evitando que las zonas residenciales se vuelvan turísticas. Y, asimismo, se puede aprobar una ecotasa finalista que paguen los no residentes y cuya recaudación se destine a rehabilitar las infraestructuras públicas y preservar los recursos naturales.
 

En definitiva, nuestro autogobierno dispone de instrumentos suficientes para ordenar los espacios naturales, poner límites al crecimiento y frenar los efectos negativos sobre la población en ámbitos como la vivienda, el tráfico, las infraestructuras o los servicios públicos. Tomando decisiones de manera autocentrada, para ser más sostenibles, para tener mejor presente y futuro. Solo hacen falta, la historia lo demuestra, gobiernos con convicciones, voluntad y determinación para hacerlo posible.
 

Román Rodríguez

Secretario nacional de Formación, Programas y Estrategias de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc).