Desestabilizador torpedeo a la más alta institución canaria

Nicolás Guerra Aguiar

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El señor Torres Pérez, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y ex presidente del Gobierno de Canarias (2019–2023), fue portada de periódicos durante meses y señalado por contrincantes políticos (¿acaso enemigos?) como aparente delincuente tras la denuncia del procesado señor de Aldama, “supuesto nexo conductor del caso Koldo”.

 

Recuerde, estimado lector: se le relacionó de manera pública con altísimos cargos del Gobierno español potencialmente inmersos en fraudes y sucios negocios vinculados a la compraventa y apaños de mascarillas durante la pandemia del covid. Así, por ejemplo (diario ABC, 27/11/2025): “Aldama declara que Torres estaba obsesionado con ser ministro y puso sobre la mesa sus favores a la trama”. Como subtítulo añade: “El comisionista dice haber aportado pruebas a la causa y asegura […] que el ministro debería estar bastante preocupado”.

 

Cinco meses después (29/4/2026), la portada de infobae.com recoge (“Juicio por el ‘caso mascarillas’ en directo”) la contradicción del señor Aldama con su anterior aseveración en torno al mismo “colaborador” en la maquinación: “Aldama [...] desvincula a Torres de la trama de las mascarillas”. Por tanto, cabe sospechar -salvo sorpresas de última hora- que o bien el hoy procesado retiró las “pruebas”, acaso estas carecían de valor acusatorio o, simplemente, no existieron (es decir, desmiente, niega, rectifica, se retracta durante la comparecencia final, último día de su intervención).

 

Este caso es uno (pero no el único) de los tantos desequilibrios, desajustes y confusiones que algunos gobernantes llevan a la ciudadanía. Pero aún es peor la conclusión a la cual están llegando miles de votantes: corrupciones, corruptelas, miserias, envilecimientos, traiciones a éticas y honestidades… caracterizan la política de este país. Y va tomando cuerpo la urgencia de la involución o vuelta a tiempos pasados por más que -y ahí está la madre de la baifa- signifiquen recortes de libertades, reducciones de derechos constitucionales e, incluso, la justificación de tales actuaciones como de vital urgencia… ¡para defender a nuestra democracia!

 

Ya no se trata exclusivamente de quienes, en el ejercicio de su derecho, reclaman vueltas al ayer (primera contradicción: desde la libertad actual podría imponerse una etapa en la cual la misma libertad sería la más perjudicada, el derecho más restringido). Además, aumentan los que desde sus primeros años juveniles elevan voces contrarias a la Carta Magna, planteamiento rigurosamente opuesto al de millones de españoles que durante la dictadura franquista se expusieron a represiones, palizas, cárceles, asesinatos... Y lo hicieron, precisamente, para reclamar este periodo actual de incompleta democratización y dar fe de la única verdad sobre las doctrinas dominantes en la España anterior.

 

Guste o no estética y éticamente; apetezca o desagrade; fortalezca esperanzas o desmoralice; refuerce nobles principios o eche por tierra democráticos planteamientos, lo cierto es que asistimos en estos días a una visión empantanada y maloliente sobre figurados desajustes de personajes muy importantes para los partidos que se alternan en el poder desde 1981.

 

Me refiero a dos enjuiciamientos o procesos judiciales conocidos (caso ‘Koldo’, caso ‘Kitchen’) y coincidentes en el espacio físico - temporal mas no en la aproximación cronológica: uno arrancó hace un par de años; el otro, en 2016. Pero ambos concomitan en sus hipotéticos efectos: estos pueden ser beneficiosos para la concienciación ciudadana y descubrimiento de las verdades o, al contrario, dañinos para la pureza democrática y, por ende, atractivos y seductores para quienes buscan el desequilibrio institucional.

 

Beneficiosos o favorecedores, en primer lugar, puesto que podrían definirse como el esperadísimo y ansiado chispazo tras el cual andamos quienes desesperamos y creemos en la inteligencia humana y su capacidad de reacción ante los peligros. Pero hoy tal respuesta anda “en el candelabro”, al decir de una expolítica a la cual pusieron en tal responsabilidad a pesar de sus desajustes y confusiones como fue identificar la casa teldense de los Millares Sall como la “Casa de la Sal”.

 

Como segunda posibilidad (los efectos desestabilizadores para el equilibrio democrático), es manifiesto un retroceso muy marcado de valores: tal es, por ejemplo, el respeto a las instituciones y a las personas. Valgan dos ejemplos: durante una sesión, un diputado español (por cierto: magistrado en excedencia y catedrático universitario) se subió al estrado donde se encontraba el presidente en funciones del Congreso. Allí se encaró con él vociferando, situación grabada por las cámaras de televisión y, por tanto, a disposición ciudadana. Fue expulsado y amonestado. Otro: durante un acto electoral en Andalucía, un diputado interviniente llamó “chuloputas” (La Voz de Galicia) al señor presidente del Gobierno. Gran parte de los asistentes corearon y gritaron “¡Sánchez, hiiijo de puta!”.

 

Así pues, gentes del PSOE (entre ellos, un exministro) y del PP (un expresidente, una exvicepresidenta, algunos exministros…) ocuparon el asiento reservado para los declarantes (como testigos, como acusados...) en dos juzgados españoles. En uno, el ya explicado caso ‘Koldo’. En el segundo, el caso ‘Kitchen’, relacionado con supuestos espionajes al extesorero del PP durante el gobierno del señor Rajoy; su conductor, como confidente de la Policía; supuestas amenazas recibidas; hipotéticos robos de información; espionaje; un magistrado que sospecha sobre micrófonos ocultos en su despacho; el inspector-jefe de la UDEF, investigador investigado (!) y a quien vigilan especialistas en vigilancia policial…

 

Y a consecuencia del primer caso, aparece la máxima institución canaria (Presidencia del Gobierno de Canarias). Tal simbólica entidad representativa de nuestra tierra, ocupada por el señor Torres Pérez durante su cuatrienio como presidente, ya es identificada con una persona ayer supuestamente sospechosa: “¡Desde la misma Presidencia se hacen chanchullos”!, escuché una vez en la guagua. Pero el informe de la UCO desmonta las acusaciones y mentiras sobre el señor Torres (Gomera noticias, 4/11/25). Y lo corrobora el señor de Aldama. Por tanto, supongo que quienes desde partidos políticos colaboraron a poner en duda la honorabilidad del expresidente, noblemente se retracten y limpien las excrecencias vertidas sobre él como presidente.

 

(Por cierto: licenciado en Filosofía y Letras, sección de Románicas, el señor Torres conoce los dos iniciales versos de un soneto -“No me mueve, mi Dios, para quererte, / el cielo que me tienes prometido”- atribuido a san Juan de la Cruz, Teresa de Jesús y otros autores: aunque Dios le prometió el cielo al autor, no es tal la razón de ese querer espiritual, místico, sino otra.

 

A la par, que me apalabrara (¡jejé!) el señor ministro la Viceconsejería de Deportes -actividades físicas que me llevan casi al éxtasis- si retornara a la presidencia del Gobierno canario, no justifica este artículo : sólo es producto de la racionalización, un intento de poner las cosas en su sitio. A fin de cuentas, así entiendo la Política.)

 

Nicolás Guerra Aguiar

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