Guía: la vergüenza personificada

Hay momentos en los que una institución queda retratada no por sus discursos, ni por sus campañas, ni por sus inauguraciones, sino por el comportamiento de quien la representa. Y cuando quien ocupa la máxima responsabilidad pública de un municipio protagoniza un episodio que genera una enorme alarma pública, el daño no es solo personal: es institucional.

 

Porque un alcalde no es un vecino cualquiera. A quien ocupa un cargo público se le presupone responsabilidad, prudencia y ejemplaridad. No por ser perfecto, sino porque representa a miles de vecinos y a una institución que debe estar por encima de cualquier polémica.

 

Lo conocido esta semana y publicado por distintos medios de comunicación ha vuelto a colocar el nombre de un municipio en el centro de titulares profundamente negativos. Y eso, independientemente del recorrido judicial que tenga el caso, ya supone un perjuicio evidente para la imagen pública del ayuntamiento y del pueblo al que representa.

 

Conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol no es un asunto menor. La seguridad vial no admite relativizaciones, especialmente cuando se trata de un cargo público. La ciudadanía exige responsabilidades y coherencia, sobre todo a quienes tienen la obligación de dar ejemplo.

 

Pero además, este episodio ha abierto un debate político inevitable sobre la imagen institucional y el desgaste que determinadas conductas provocan en la confianza ciudadana. Porque un alcalde no solo gobierna: también representa.

 

La indignación ciudadana no nace únicamente de los hechos publicados, sino también de la sensación de desconexión entre la responsabilidad que exige el cargo y el silencio político posterior. En situaciones así, muchos vecinos esperan explicaciones, autocrítica y un ejercicio claro de responsabilidad pública.

 

Y aquí entra una cuestión relevante. El propio Código Ético del PSOE establece literalmente: “Cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo”.

Es decir, el propio partido fija unos estándares de ejemplaridad política que van más allá de la mera legalidad y que buscan proteger la credibilidad de las instituciones y la confianza de los ciudadanos.

 

Por supuesto, toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y será la justicia quien determine las consecuencias jurídicas que correspondan. Pero la responsabilidad política y la responsabilidad penal no siempre avanzan al mismo ritmo. Y eso es precisamente lo que hoy muchos ciudadanos están discutiendo.

 

Lo verdaderamente triste es que el nombre de un pueblo trabajador, honesto y lleno de gente decente quede asociado a una polémica de este calibre. Guía de Gran Canaria merece ser noticia por el esfuerzo de sus vecinos, por su historia y por su gente, no por episodios que deterioran su imagen pública.

 

La política necesita recuperar credibilidad, ejemplaridad y sentido institucional. Y eso empieza por entender que representar a un municipio es un privilegio, pero también una enorme responsabilidad.

 

Guía de Gran Canaria no merece verse arrastrada una y otra vez por polémicas que deterioran su imagen pública y dañan el orgullo de sus vecinos. Guía es mucho más que los errores o comportamientos de quienes circunstancialmente ocupan un cargo. Es un pueblo con historia, con gente trabajadora, con tradiciones y con dignidad. Y precisamente por eso merece recuperar su nombre, su prestigio y el respeto institucional que nunca debió ponerse en entredicho.

 

Ahora toca dimitir.