Canarias no puede ser siempre el destino de las decisiones ajenas

Hay momentos en los que una noticia deja de ser solo una noticia y se convierte en un espejo. El caso del MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus y cuya llegada ha sido coordinada por el Ministerio de Sanidad con destino a Granadilla de Abona, en Tenerife, no abre únicamente una cuestión sanitaria. Abre también una cuestión política más profunda: hasta qué punto Canarias participa de verdad en las decisiones que luego tiene que gestionar sobre el terreno.

Ese es, en el fondo, el verdadero debate.

Porque una tierra insular como la nuestra no puede seguir viviendo bajo una lógica demasiado conocida: otros deciden, Canarias absorbe; otros resuelven el marco, Canarias asume la consecuencia. En este caso, España confirmó que recibiría el buque por razones legales, humanitarias y operativas, después de que Cabo Verde no pudiera hacerse cargo de la situación, mientras el Gobierno de Canarias expresó su rechazo por la falta de información suficiente y por la inseguridad política y comunicativa del proceso.

Conviene ser claros: defender a Canarias no significa negar ayuda ni comportarse con insolidaridad. No se trata de levantar un discurso pequeño, asustado o egoísta. Al contrario. Las islas saben bien lo que significa la vulnerabilidad, la dependencia de grandes decisiones tomadas lejos y la necesidad de cooperación entre territorios. Precisamente por eso, lo mínimo exigible cuando se pide a Canarias que gestione una situación sensible es respeto institucional, transparencia y participación real en la decisión. Esa exigencia no es un capricho. Es una cuestión de dignidad política.

El caso del MV Hondius ha tenido, además, todos los ingredientes que obligan a extremar esa exigencia. La OMS y las autoridades internacionales han seguido el episodio por el posible brote de hantavirus; tres personas con síntomas ya fueron evacuadas del buque, y el Ministerio de Sanidad ha insistido en que los pasajeros y tripulantes que siguen a bordo están sin síntomas en el momento de su traslado a Canarias. Reuters y RTVC han informado también de fallecidos vinculados al brote y del seguimiento internacional del caso.

Precisamente por eso, el problema no es solo el virus. El problema también es cómo se gobierna el miedo.

Las crisis sanitarias no se administran únicamente con protocolos clínicos. Se administran también con verdad, con anticipación y con una comunicación pública capaz de evitar dos errores igualmente dañinos: el alarmismo y la opacidad. Si la población percibe que la información llega tarde, a trozos o a través de filtraciones y desmentidos cruzados, lo que se deteriora no es solo la confianza en una operación concreta. Se deteriora algo más delicado: la sensación de que el territorio cuenta de verdad cuando se trata de proteger a su gente.

Canarias conoce demasiado bien esa herida.

La conoce cuando se la trata como plataforma logística antes que como comunidad política. La conoce cuando su condición geográfica sirve para justificar decisiones tomadas desde la distancia. La conoce cuando se da por hecho que, por estar en el mapa adecuado, aquí siempre se puede recibir, contener, absorber o gestionar, casi como si el Archipiélago fuera una prolongación operativa de otras prioridades y no una realidad con voz propia.

Y ahí es donde este caso obliga a reflexionar.

Porque defender a los canarios no consiste en alimentar el rechazo irracional. Consiste en recordar algo muy sencillo: ningún territorio merece ser tratado como periférico cuando llega la hora de decidir. Si Canarias tiene capacidad sanitaria, si puede colaborar, si puede formar parte de una respuesta internacional seria y humanitaria, entonces debe hacerlo desde el respeto institucional y con información clara. No como último eslabón de una cadena de decisiones ajenas, sino como sujeto político escuchado, informado y tomado en serio.

Además, hay una enseñanza más profunda que no deberíamos dejar pasar. Las islas viven siempre en un equilibrio delicado entre apertura y protección. Somos tierra de paso, de encuentro, de ayuda y de conexión. Pero esa vocación abierta solo puede sostenerse si no se convierte en una coartada para exigirnos siempre disponibilidad sin reciprocidad. La solidaridad verdadera no se impone desde arriba. Se construye con confianza. Y la confianza empieza por no enterarse tarde de lo que luego habrá que explicar, soportar y gestionar aquí.

Ese es el punto que merece ser defendido con serenidad, pero también con firmeza.

Canarias no puede ser una comunidad que solo es llamada a demostrar responsabilidad cuando otros ya han decidido. No puede ser el territorio al que se le pide calma sin haberle ofrecido antes claridad. No puede ser siempre el lugar donde aterrizan los efectos de decisiones que no se han compartido suficientemente con quienes van a convivir con ellas.

Tal vez el debate de estas horas no sea solo qué hacer con un crucero afectado por un brote. Tal vez el debate de fondo sea otro: qué lugar ocupa Canarias en la arquitectura real del Estado cuando las decisiones son sensibles, urgentes y de alto impacto público.

Y esa pregunta no debería responderse con resignación.

Debería responderse con una defensa serena, adulta y firme de algo elemental: que las islas no están para ser consultadas solo cuando conviene, sino para ser parte plena de las decisiones que luego marcan su realidad. Porque ayudar honra. Cooperar dignifica. Pero obedecer tarde y gestionar a ciegas, no.

Canarias no necesita privilegios.

Necesita algo más importante: respeto político a la altura de su responsabilidad real.

Vidal Bolaños Betancort