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El desalojo inminente de la Casa de Mr. Leacock, previsto para el próximo 30 de junio, no es simplemente una noticia preocupante: es la prueba evidente de un fracaso institucional sostenido durante más de una década.
En este edificio histórico de Guía, situado a escasos metros de Gáldar, residen en la actualidad alrededor de 200 personas. No se trata de una ocupación reciente ni improvisada. Hablamos de familias con menores, personas mayores y ciudadanos en situación de extrema vulnerabilidad que llevan más de 15 años viviendo allí. Quince años en los que las administraciones han tenido tiempo más que suficiente para actuar con previsión, diseñar soluciones y evitar llegar a este punto. Pero no lo han hecho.
Lo que ha predominado durante todo este tiempo ha sido la inacción, la falta de planificación y una preocupante ausencia de políticas sociales eficaces. Ahora, cuando el problema estalla y adquiere dimensión mediática, el Ayuntamiento de Guía reacciona solicitando ayuda urgente a otras administraciones, como la Delegación del Gobierno, el Gobierno de Canarias o el Cabildo Insular. Sin embargo, esta reacción no puede interpretarse como una solución, sino como un intento tardío de desplazar responsabilidades que son, en gran medida, propias.
Porque conviene recordar que los servicios sociales municipales, los llamados servicios sociales de atención primaria, son competencia directa del ayuntamiento. Su función no es secundaria ni opcional, sino esencial para garantizar la cohesión social y la dignidad de la ciudadanía. Estos servicios están obligados a detectar de forma temprana las situaciones de exclusión, a evaluar las necesidades reales de las personas afectadas, a intervenir de manera continuada, a acompañar a las familias en riesgo y a facilitar el acceso a recursos básicos, incluyendo alternativas habitacionales dignas. También les corresponde proteger a los menores, gestionar ayudas de emergencia y coordinarse con otras administraciones para evitar que situaciones como esta se cronifiquen.
La pregunta es inevitable: ¿dónde han estado esos servicios durante los últimos 15 años en Guía?
Lo ocurrido en la Casa de Mr. Leacock no es un episodio aislado ni imprevisible. Es el resultado directo de no haber actuado cuando correspondía. Se ha permitido que cientos de personas vivan durante años en condiciones precarias, sin regularización, sin alternativas reales y sin un plan de intervención social serio. Se ha mirado hacia otro lado mientras el problema crecía y se consolidaba.
Y este no es el único caso. En los edificios situados frente a la ITV del municipio se reproduce la misma realidad: ocupaciones prolongadas en el tiempo, centenares de personas viviendo en viviendas que no son de su propiedad y una administración que, lejos de anticiparse, ha optado por la pasividad. Esta permisividad no ha sido inocua. Ha contribuido a agravar el problema, a normalizar situaciones de exclusión y a generar un escenario cada vez más difícil de revertir.
Lo más grave no es solo la falta de acción, sino la ausencia total de previsión. La política social de los ayuntamientos no puede limitarse a reaccionar cuando llega una orden de desalojo. Su verdadero propósito es evitar que se llegue a ese extremo. Y aquí no solo se ha llegado, sino que se ha hecho después de años de abandono institucional, hay que mirar el color político que ha estado todos estos años en el poder en Guía.
Hoy, a pocas semanas del desalojo, cerca de 200 personas se enfrentan a la posibilidad real de quedarse en la calle. Familias enteras, con menores incluidos, cuya situación debería haber sido abordada hace mucho tiempo mediante planes de intervención individualizados, recursos de vivienda y un acompañamiento social efectivo.
Lo que ahora se presenta como una emergencia no es más que el desenlace de una larga cadena de negligencias políticas. No basta con pedir ayuda a última hora, ni con emitir declaraciones institucionales. La responsabilidad existe, tiene nombre y tiene recorrido.
Durante más de 15 años, Guía ha carecido de una estrategia sólida en materia de servicios sociales y vivienda. Y las consecuencias son hoy evidentes: una crisis social de gran magnitud que no es fruto del azar, sino de la desatención sistemática.
Porque sí, como dice el refrán, “de aquellos polvos, estos lodos”. Pero en este caso, los polvos no fueron inevitables. Fueron el resultado de decisiones —o de la ausencia de ellas—. Y los lodos, hoy, son cientos de personas al borde del desamparo.
Guayarmina Guanarteme
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