Los salarios, la constitución y la democracia

Según estadísticas recientes, durante las últimas tres décadas los salarios medios reales en España apenas han aumentado un 5%, frente al conjunto de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se han incrementado en un 31%. Y eso que, desde el ordenamiento constitucional español, el mandato de una distribución justa de la renta y riqueza es claro y el derecho al trabajo incluye la percepción de una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades personales y familiares.

A pesar de ello y de que el Producto Interior Bruto per cápita creció un 46% en el mismo periodo, los salarios reales españoles están entre los de menor crecimiento en la OCDE. Hasta nuestros países vecinos nos superan ampliamente, Francia con un incremento del 27% y Portugal, con un 22%. Por lo que si los hogares españoles han visto aumentada su renta disponible no se ha debido a que los salarios hayan mejorado de forma significativa sino al incremento del empleo, a que hay más gente trabajando.

Y aun así, al comparar las diferentes generaciones de población activa, para las más jóvenes este estancamiento salarial es peor, porque lo ven reducido a la congelación o, incluso, el retroceso, lo que representa una vulneración del principio constitucional de igualdad de oportunidades y del mandato a los poderes públicos de promover una distribución de la renta más equitativa.

Así mismo, en 2025 la presión fiscal sobre el trabajo volvió a subir debido a que los tramos del IRPF no se actualizaron con la inflación, por lo que la ciudadanía asalariada, aunque mantuvo su poder de compra, terminó pagando un porcentaje mayor de impuestos. De hecho, tras pagar el IRPF y las cotizaciones, esa capacidad media se redujo un 5%, respecto a 2015. Aunque estas cargas contradigan el artículo que establece que el sistema tributario debe ser justo y basado en la capacidad económica.

Y es que España es, entre los países más avanzados, uno de lo de mayor presión fiscal sobre el trabajo, con casi un 41,5%. Aunque por debajo de Alemania (49%) y Francia (47%), porque en muchos gobiernos de los países liberal democráticos se ha hecho común que incrementen la fiscalidad sobre la clase trabajadora como una forma sencilla de aumentar la recaudación necesaria para cubrir los gastos públicos. Pues hacerlo sobre los detentadores de capital les resulta más complicado, por su capacidad de oponer resistencias y de moverse internacionalmente.

Estas injustas e insolidarias prácticas, referenciadas a nuestro Estado, comprometen hasta el primer Artículo de la Constitución, el que establece la condición de ser un Estado social, democrático y de derecho. Y todo ello pone de manifiesto es que desde la instauración del neoliberalismo lo que está fallando no es el modelo constitucional democrático sino los abusos de unos, la hipocresía de otros y la debilidad general que han cronificado su incumplimiento impune.

Aunque las élites de poder, acostumbradas a imponer sus intereses, pase lo que pase y caiga quien caiga, estén buscando un cierre autoritario y belicista, lo que las mayorías sociales precisamos para evitar el desastre es más democracia social, política y, también, económica, y una regeneración radical de nuestras instituciones y políticas. Lo que no necesitamos, desde luego, es más dictaduras ni guerras ¿En qué cabeza cabe?

Xavier Aparici Gisbert, filósofo y experto en gobernanza y participación