Los afectados por residir en sus apartamentos y no dedicarlos a explotación turística siguen recibiendo multas pese a que el año pasado se aprobó un decreto que pretendía paralizarlas. Según confirmó la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, en las islas hay abiertos por este motivo 176 expedientes, de los cuales hay 110 recursos de alzada presentados, 66 sin recurso, 37 pendientes de enviar, 63 pendientes de resolver y diez que ya han sido resueltos. Erre que erre y además sobre lo propio legislado.






























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