Los colectivos Tamaranae y Altahay denuncian ante fiscalía posibles responsabilidades penales tras las graves inundaciones en el barranco de Arguineguín

Las organizaciones ecologistas Altahay y Tamaranae han presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas por posibles responsabilidades penales derivadas de las graves inundaciones del barranco de Arguineguín, ocurridas tras el paso de la borrasca Therese.

 

Se trata de la tercera inundación registrada este invierno en el barranco, lo que, según los colectivos, confirma la existencia de un riesgo estructural conocido y no corregido, lejos de tratarse de un episodio aislado o imprevisible.

 

 

La denuncia pone el foco en dos elementos clave:

 

Por un lado, las obras en la Presa de Soria, impulsadas por el Cabildo de Gran Canaria a través de la Comunidad de Aguas La Lumbre, que fueron tramitadas sin evaluación de impacto ambiental. Esta omisión impidió analizar previamente riesgos fundamentales como la pérdida de capacidad de contención de avenidas o el aumento del peligro para la población aguas abajo. Durante el episodio, la presa se encontraba inoperativa, con el sistema de desagüe abierto y sin ejercer su función de laminación, lo que contribuyó a agravar la magnitud de la inundación. Estos hechos ya fueron denunciados en 2023 ante la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, sin que se hayan adoptado medidas efectivas.

 

Por otro lado, se señalan las obras que Red Eléctrica de España ejecuta en el cauce medio-bajo del barranco dentro del proyecto Chira-Soria, incluyendo carreteras de acceso, conducciones, infraestructuras eléctricas y movimientos de tierra de gran envergadura.

 

 

Según la denuncia, estas actuaciones están alterando de forma significativa la morfología del barranco, eliminando vegetación, modificando el drenaje natural y reduciendo la capacidad de evacuación del cauce, lo que incrementa el riesgo de desbordamientos y arrastres durante lluvias intensas.

 

Especial gravedad reviste el hecho de que la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto ya advertía expresamente de estos riesgos, incluyendo el incremento de caudales, el arrastre de materiales y la afección a núcleos habitados aguas abajo, sin que se hayan adoptado medidas adecuadas para prevenirlos.

 

Asimismo, el barranco carece de planes específicos de inundación, pese a su historial, lo que podría suponer un incumplimiento de la normativa europea y estatal en materia de gestión del riesgo.

 

 

Para Tamaranae, “lo ocurrido en Arguineguín no es una sorpresa, es la materialización de riesgos que estaban perfectamente identificados y que no se han gestionado correctamente”.

 

Desde Altahay se advierte que “intervenir en un barranco sin respetar su dinámica natural y sin aplicar medidas de seguridad adecuadas convierte cada episodio de lluvia en una amenaza para la población”.

 

Las inundaciones afectaron a unas 2.500 personas, provocando cortes de carreteras, barrios incomunicados y situaciones de riesgo extremo con rescates en condiciones críticas.

 

 

La denuncia sostiene que existe una cadena de decisiones y omisiones —incluyendo la falta de evaluación ambiental en la presa, la alteración del cauce por las obras y la ausencia de planificación del riesgo— que han contribuido de forma directa a los daños producidos.

 

Por ello, las organizaciones solicitan a la Fiscalía la apertura de diligencias para investigar posibles delitos de imprudencia grave, prevaricación administrativa y otras responsabilidades derivadas de la gestión de estas actuaciones.

 

Finalmente, exigen la revisión urgente de todas las intervenciones en el barranco de Arguineguín y advierten de que, si no se actúa de forma inmediata, estos episodios volverán a repetirse.