Ni la población española ni la población migrante, colapsan los servicios fundamentales del estado de bienestar. Quien los colapsan son los políticos que no invierten el dinero público en estos servicios para mejorarlos, y obvian que son defensores de lo público y que su deber es defenderlo. Dinero hay, pero hay administraciones que prefieren privatizar antes que gestionar para todos y por el bien de todos.































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