La escena vivida la pasada semana en el Cabildo, con el cruce de reproches entre dos consejeros a propósito del abandono de un partido por parte de uno de ellos, no es un episodio menor ni una simple disputa política. Es el síntoma visible de una práctica que sigue degradando la calidad democrática: el transfuguismo.

 

El debate no gira en torno a afinidades personales ni a estrategias coyunturales, sino a algo mucho más básico: el respeto al mandato de las urnas. Cuando un representante accede a su escaño dentro de una candidatura concreta y, ya en el cargo, decide romper con ese proyecto político pero conservar su posición, lo que está haciendo es alterar el significado del voto recibido.

 

No hay ambigüedad posible. El propio Pacto Antitransfuguismo lo define con precisión al referirse a quienes, “traicionando al sujeto político que los presentó a las elecciones, abandonan este, pasando a apoyar a otros o manteniéndose en el cargo alterando las mayorías”. La situación denunciada en ese pleno encaja de lleno en esa descripción.

 

Ampararse en que el acta es personal no resuelve el problema; lo agrava. Ese principio constitucional no fue concebido para legitimar cambios de lealtad sin coste político, sino para proteger la libertad de criterio frente a imposiciones. Convertirlo en una coartada para conservar un escaño tras romper con el proyecto que lo hizo posible es, sencillamente, una distorsión interesada del sistema.

 

Lo ocurrido en el Cabildo deja una imagen nítida: de un lado, la exigencia de coherencia democrática; del otro, la resistencia a asumirla. Porque aquí no hay matices técnicos que valgan. Quien abandona el partido con el que fue elegido y mantiene el cargo está apropiándose de una representación que ya no le corresponde en los mismos términos.

 

Eso tiene un nombre, por más que incomode: oportunismo.

 

El daño no es solo institucional, sino profundamente político. Se envía a la ciudadanía el mensaje de que el voto es maleable, de que puede reinterpretarse una vez conseguido el escaño, de que la rendición de cuentas puede aplazarse indefinidamente. Y en un contexto de creciente desafección, esa señal resulta especialmente destructiva.

 

La salida es tan evidente como incómoda: devolver el escaño y someter el nuevo proyecto al juicio de los ciudadanos. Todo lo demás —incluido el intento de normalizar lo ocurrido— no es más que una forma de degradar la democracia desde dentro.

 

Porque los escaños no se conquistan para uso personal. Se ocupan en nombre de quienes votaron. Y traicionar ese vínculo tiene consecuencias, aunque algunos se empeñen en ignorarlas.

 

Quienes se autodefinen como la nueva política, llevan 25 años dentro de ella.