Siempre defendí las energías renovables. Era —y sigue siendo— una cuestión de sentido común: reducir emisiones, proteger el territorio y avanzar hacia un modelo energético limpio. ¿Quién podría oponerse a eso?

Me generaba cierta esperanza ver cómo se llenaban nuestras islas de aerogeneradores. Lo veía como el principio del fin de las centrales térmicas, de sus chimeneas humeantes y de nuestra dependencia de combustibles fósiles, siempre en peligro de desabastecimiento por conflictos internacionales. Confiaba en que las administraciones públicas lideraran este proceso, garantizando precios justos y un beneficio colectivo.

Pero la realidad ha sido bien distinta. La planificación energética resulta insuficiente y poco transparente. El riesgo de apagones o “ceros energéticos” es la constante con la que justifican millonarias inversiones, plantas sobredimensionadas y tendidos aéreos tremendamente agresivos con el territorio. El desarrollo de las renovables en Canarias ha demostrado estar más cerca del negocio privado que del interés general, marcado desde sus inicios por la nefasta corrupción. A las leyes de protección del territorio las embrida el propio Gobierno canario con el bozal del “interés público o social”, que aplica en función del promotor o de la oportunidad; y que las propias entidades locales aplauden entusiastas cuando de aparentar firmeza ante las críticas ciudadanas se trata.

Hoy, la eólica y la fotovoltaica no sustituyen a las centrales térmicas: conviven con ellas. Se nos prometió una transición energética, y lo que tenemos es una superposición de modelos, con mayor impacto territorial y sin resolver el problema de fondo. Territorio productivo convertido en negocio energético, con el añadido previsto de la invasión marina, esta vez con aerogeneradores. El paisaje queda gravemente degradado sin una planificación adecuada para el negocio de los de siempre.

El proyecto Chira-Soria es un ejemplo paradigmático de lo que no debe hacerse: vendido como solución estratégica de un “carnaval ecológico” en el que ya nadie cree, por falso; percibido por muchos como un atentado medioambiental y una peligrosa imposición para los vecinos del Barranco de Arguineguín. Se entregan las mayores presas de Canarias y el uso exclusivo de su agua a un ente privado por un periodo máximo de 75 años. Una aberración en la que los grancanarios perdemos el control del agua y la energía, unos bienes muy valiosos para la supervivencia de todos.

Y ahora, el biogás. Otra vez el mismo patrón: prisas, opacidad y desprecio total a los canarios, que son los que acabarán sufriendo las consecuencias. Los riesgos son socializados y minimizados hasta el ridículo, mientras los beneficios son descaradamente privatizados con millonarias ayudas públicas (las «paguitas» de los señores).

El problema no son las renovables. El problema es quién las controla y para qué. El problema es cuando las administraciones públicas se desentienden de su implantación y desarrollo, dejándolo todo en manos de los grandes poderes económicos, que además subvencionan.

Sí, renovables sí, pero no así. No a cualquier precio. No como excusa para repetir el mismo modelo de concentración en manos privadas, degradación del territorio y marginación de la ciudadanía.

Paco Vega