El Tribunal de Cuentas ha dado carpetazo definitivo a la investigación por responsabilidad contable del caso mascarillas canario, el expediente por el que el Servicio Canario de Salud (SCS) pagó cuatro millones de euros por adelantado a la empresa de compraventa de coches RR7 United a cambio de un millón de cubrebocas que nunca se entregaron.El órgano fiscalizador ha decretado la caducidad del procedimiento al haber transcurrido dos años desde el archivo provisional dictado en diciembre de 2023 sin que nadie presentara alegaciones. Es para preguntarse los motivos por los que han considerado que esta compra es corrupta no han presentado alegaciones, propiciando un carpetazo que sonroja.





























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