Los paraisos fiscales al servicio de los ultrarricos

Según un estudio de la organización Oxfam Intermón la riqueza oculta en paraísos fiscales se mantiene en niveles elevados y concentrada en manos de las grandes fortunas del mundo: los más ricos, que acumulan más riqueza que la mitad de la humanidad con menos recursos, poseen en esos “Paraísos” que esquivan la tributación, más del 80% del total, casi tres billones y medio de dólares, el equivale al PIB anual de economías como Francia.

El informe de Oxfam también denuncia que la evasión fiscal es estructural, porque los paraísos fiscales forman parte del sistema financiero global; que, aunque parte del dinero procede de actividades ilícitas como la corrupción y el crimen, una fracción significativa es resultado de actividades legales de ingeniería financiera que permiten la elusión fiscal; y que dada la escala del ocultamiento de riqueza eso demuestra que la gobernanza global para poner coto a esas prácticas indeseables está fracasando.

Y eso que el impacto de esas prácticas es sistémico, pues mientras generalizan la acumulación económica en la cúspide, sustraen enormes ingresos fiscales a la capacidad redistributiva de los Estados (a nivel global, cientos de miles de millones de dólares al año), desplazan la carga fiscal hacia las clases medias y trabajadoras e intensifican la desigualdad entre los países. Y, desde luego, son un incentivo muy lucrativo para que las élites económicas sigan desvirtuando la función regulatoria de las Administraciones para configurar una legalidad contraria a los principios que deberían fundamentarla con el resultado de, aunque ello erosione la legitimidad institucional, la reproducción global de la desigualdad.

No obstante, como los sistemas constitucionales modernos el derecho tributario se fundamentan en la igualdad ante la ley, la generalidad del sistema fiscal, la prohibición de abuso de derecho y en la proporcionalidad en la contribución, muchas de las prácticas asociadas a paraísos fiscales, incluso siendo legales, en sentido material son un fraude de ley. Y tampoco éticamente son justificables, porque vulneran los fundamentos normativos de los órdenes democráticos, como el que las desigualdades solo son justificables si benefician al conjunto social, el que hay que cumplir con la reciprocidad básica y el que quienes concentran más recursos no deben sustraerse a las obligaciones comunes.

Aun así, tanto a nivel estatal como internacional, las actuales élites económicas, en connivencia con las políticas y las tecnológicas, continúan manteniendo la capacidad de acondicionar las legislaciones y normas a su conveniencia con mecanismos de dominación estructural para utilizar las asimetrías legales y regulatorias que les benefician con el fin de minimizar sus impuestos y proteger sus capitales.

Ante este estado de cosas suenan a más de lo mismo las medidas que se proponen dentro del sistema, como el apelar a la coordinación internacional suficiente para cerrar las grietas, aumentar la capacidad estatal para hacer cumplir normas o fortalecer la presión política para que eleve el coste reputacional y legal de la evasión.

Porque el orden internacional basado en normas está absolutamente desacreditado. Así que establecer estándares mínimos globales de transparencia financiera obligatoria e impuestos sobre patrimonio global, reducir las relaciones de la función política con los lobbies privados, procurar el fortalecimiento de las administraciones tributarias y aumentar la presión democrática a través de la exposición pública sistemática y el aumento de las penas a titulares e intermediarios, no resultarán factibles cuando el problema viene creciendo desde hace décadas y las elites actuales están acostumbradas a enormes desregulaciones y rebajas fiscales, generosas amnistías financieras y rescates privilegiados. Y más aún, cuando son las mayores beneficiadas de estas insolidarias políticas y no pretenden asumir ninguna responsabilidad por ello. En fin, con estas cartas, no habrá que cambiar las normas, habrá que cambiar la baraja.

Xavier Aparici, filósofo y experto en gobernanza y participación.