Iván Vega señala que la exclusión de esta convocatoria limita y ralentiza la capacidad de impulsar proyectos estratégicos en Gáldar, suponiendo una mayor dependencia de otras administraciones y demorando el desarrollo de proyectos al tener que recurrir a financiación alternativa.
Según la resolución del Ministerio de Política Territorial, el proyecto presentado por el Ayuntamiento fue inadmitido, lo que ha impedido acceder a una financiación clave para el desarrollo urbano del municipio.
La pérdida de esas ayudas las pagan los vecinos de Gáldar con obras largas y eternas, qué se alargan en el tiempo, añade Iván.
Vega ha señalado que esta pérdida no afecta a una actuación concreta, sino que tiene un impacto estructural: “No estamos hablando de una subvención aislada, sino de una herramienta estratégica que habría aportado el músculo financiero necesario para impulsar la transformación urbana de Gáldar”.
En este sentido, explicó que estos fondos están diseñados para financiar proyectos integrados de ciudad, vinculados a la modernización de infraestructuras, la regeneración urbana, la movilidad sostenible y la mejora de los servicios públicos.
“El problema no es solo perder una oportunidad, sino ralentizar la capacidad del Ayuntamiento para ejecutar proyectos con garantías y en plazos razonables”, afirmó.
Vega subrayó que, aunque algunas actuaciones podrán avanzar a través de otras vías de financiación, la ausencia de un plan integral respaldado por fondos EDIL hará que el desarrollo sea más lento, fragmentado y dependiente de otras administraciones.
Asimismo, advirtió de que esta situación tiene un impacto directo en la percepción ciudadana: “La ciudadanía percibe con preocupación cómo algunos proyectos se dilatan en el tiempo o no terminan de arrancar, lo que evidencia la necesidad de mejorar la capacidad de gestión”.
“Es complicado explicar ser el ayuntamiento más votado (con 19 concejales) y al mismo tiempo dejar dinero encima de la mesa.”
Iván Vega señala que puede poner a disposición de la ciudadanía la documentación en la que el Ministerio no admite la solicitud del Ayuntamiento, a efectos de que no haya malas interpretaciones o se intente desviar o quitar relevancia a estos fondos perdidos.
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