Candelaria y sus señorías, o la indecencia de culpar a los pobres

Me van a disculpar por seguir con Candelaria Delgado (CC), la Consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, tras la aclaratoria respuesta a la que nos obligó hace unos días cuando cargó contra una madre y un padre y contra la prensa por el caso de la posible agresión sexual a unas menores tuteladas. Pero parece que le gusta esto de culpar y criminalizar a los que están peor -me pregunto dónde quedó la empatía de una trabajadora social de profesión-, y la práctica comienza a ser norma y bandera en su gobierno. Lo digo porque la última ocurrencia aporofóbica de su consejería es la amenaza de llevar a la Fiscalía, esto es, de denunciar penalmente a las familias de los pacientes sociosanitarios ancianos o dependientes que permanecen en los hospitales canarios tras recibir el alta médica, por no hacerse cargo de sus mayores. Y no sólo lo dicen, lo hacen convocando a la prensa y dándole toda la pompa que han podido, como si fuera una medida honrosa, cuando en realidad no es más que una vergonzosa huida hacia adelante, pintando de irresponsabilidad familiar lo que es un estrepitoso fracaso del sistema sociosanitario canario.

Un fracaso que no lo digo solo yo, nos lo confirman los datos. Canarias dispone hoy de apenas unas 9.900 plazas residenciales para mayores, lo que equivale a 2,57 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, aproximadamente la mitad de la cobertura que los expertos consideran mínima, situada en 5 plazas por cada 100 mayores. Traducido a cifras concretas, el Archipiélago necesitaría al menos 9.400 plazas adicionales solo para alcanzar ese umbral básico, aunque hay otras estimaciones que cifran en 20.000 las plazas que faltan. En resumen:  un desastre en toda regla. Y mucha prisa no se dan, a tenor de lo que leemos en el portal de noticias de la Cadena Ser a fecha noviembre de 2025: Durante este mandato solo se han creado unas 400 plazas de manera efectiva y se necesitan cerca de 8.000, mientras las instituciones se culpan unas a otras.

 

Mientras tanto, las listas de espera del sistema de dependencia canario se alargan durante más de 400 días de media, muy por encima de comunidades donde el acceso puede resolverse en apenas tres o cuatro meses. Y el resultado de esta combinación de falta de plazas, saturación estructural y lentitud administrativa, sumados los sueldos bajísimos, la pobreza estructural y lo cara que está la vida, es lo que todos conocemos: hospitales convertidos en residencias improvisadas, familias desbordadas y personas mayores que, aun teniendo el alta médica, no tienen adónde ir. 

 

Con este panorama, cualquier gobierno con un mínimo de decencia pediría perdón, o dimitiría alguien, o en último caso callarían, pero esta gente no. Esta gente anda tan sobrada que se atreve a amenazar con el Código Penal a quienes ya están soportando las consecuencias del abandono institucional. Pero, ¿a quién quieren engañar ustedes? La inmensa mayoría de los ancianos que ocupan camas hospitalarias tras recibir el alta no lo hacen porque sus familias quieran eludir responsabilidades, lo hacen porque no tienen alternativa. No hay plazas en residencias públicas, no hay centros sociosanitarios disponibles, y los que hay, privados, son prohibitivos; tampoco hay recursos suficientes de atención domiciliaria. Y muchos de esos mayores requieren cuidados permanentes, supervisión constante o movilización especializada que sencillamente no puede asumir una familia sin apoyo institucional, por mucho dinero que tengan.

Pretender que una familia -muchas veces con trabajos precarios, viviendas pequeñas o sin capacidad física para cuidar a un dependiente severo- pueda hacerse cargo de estas situaciones sin ayuda pública es una ficción administrativa. Convertir esa ficción en una amenaza penal es otra cosa: una cosa muy fea, que prefiero no calificar, y que siendo benévolos, podemos llamarlo aporofobia (criminalizar la precariedad).

Pero hay algunos datos aún más reveladores para explicar este colapso sociosanitario, que hace todavía más indignante la amenaza del Gobierno. Y es que no se trata de falta de dinero. Porque si nos vamos a los últimos ejercicios económicos del Gobierno de Canarias, la resultante es que sus señorías han dejado más de 3.300 millones de euros sin ejecutar de sus propios presupuestos. Y los Cabildos no le van a la zaga, para muestra lo que se lee en un titular del Canarias7 de hace unos años: Los cabildos dejan de ejecutar en este mandato más de 3.000 millones. Más de lo mismo con los fondos europeos NextGen, de donde más de 500 millones irán devueltos. 

 

Es decir, mientras el sistema sociosanitario canario acumulaba déficits estructurales de inmensa gravedad, sus señorías deciden no utilizar más de 6.000 millones de euros de dinero público. Y de nuevo me tengo que morder la lengua para no ponerle a esto calificativos. Porque ese dinero estaba presupuestado. Era un dinero que existía, y que podía haberse invertido en residencias, centros sociosanitarios, recursos de dependencia o atención domiciliaria. Pero no quisieron. El sueldo sí se lo han ido subiendo, eso sí, y las dietas, ahí no fallan ningún año. Candelaria Delgado por ejemplo, cobra más de 76.000 euros al año según el portal Newtral. Y no han parado de impulsar proyectos discutibles, infraestructuras de dudosa prioridad o inversiones que difícilmente pueden compararse con la urgencia de garantizar una red digna de cuidados para nuestros mayores. ¿Les suena el circuito del motor en Tenerife?: 56 millones de euros cuesta el capricho. Por no hablar de las millonadas que se van en  fiestas de todo tipo, en promociones turísticas en todos lados -cuando hace años que se está diciendo que ya no caben más turistas-, en sociedades y empresas públicas con alto gasto de gestión o en la legión de cargos, asesores y enchufados a dedo que soportan nuestras tres administraciones. 

Y cómo suele decirse y uso mucho últimamente: "No hay más preguntas, Señoría". Esto es lo que hay: abandonan a los mayores, esquilman y amasan todo lo que pueden, y luego culpan a las familias. ¿Indecentes?, igual es suave. Y prepárense, porque ahora tocan las consecuencias de la guerra de Trump. A ver qué inventan sus señorías para seguir sin dar palo al agua y acabar cargándonos a todos la cuenta de sus orgías. 

 

Eloy Cuadra, escritor y activista social.