Una Canarias para los canarios… también cuando enfermamos
El Gobierno de Canarias ha anunciado que llevará a la Fiscalía posibles casos de abandono de personas dependientes que permanecen en hospitales tras recibir el alta médica. La noticia sorprende, pero sobre todo indigna a quienes hemos vivido de cerca lo que significa cuidar a un familiar enfermo en un sistema que muchas veces llega tarde.
Porque antes de hablar de abandono, quizá las instituciones deberían preguntarse qué está fallando.
En los últimos días escuchamos en el debate político una frase que se repite con frecuencia: “una Canarias para los canarios”. Una expresión que apela a la protección de la ciudadanía, al cuidado de quienes viven aquí y sostienen esta tierra. Pero cuesta entender cómo ese discurso puede convivir, apenas un día después, con la amenaza de llevar a la Fiscalía a familias que en muchos casos están desbordadas, solas y sin recursos.
Lo sé por experiencia propia.
Mi padre falleció y seis meses después llegó la resolución de su dependencia. Cuando esa carta apareció en el buzón ya no servía para nada. Ni para él, ni para quienes lo cuidamos hasta el final.
Ese retraso no es una anécdota. Es el reflejo de un sistema que demasiadas veces llega cuando ya es tarde. Y cuando finalmente llega la resolución, muchas veces la situación de la persona dependiente ya no es la misma que cuando se solicitó. La enfermedad avanza, el estado de salud empeora o, como en mi caso, la ayuda llega cuando la persona ya no está.
Mientras tanto, en los hospitales ocurre algo que muchas familias conocen bien. Cuando un paciente recibe el alta médica, los trabajadores sociales de hospitales o clínicas instan a las familias a llevárselo a casa lo antes posible. Se ponen en contacto con los servicios sociales del municipio, se abren expedientes, se hacen informes… pero la realidad es que muchas veces no existe ninguna solución inmediata.
Y es entonces cuando aparecen los problemas que desde los despachos parecen invisibles.
Hay casas que no están adaptadas para una persona dependiente. Viviendas sin ascensor, baños imposibles para una silla de ruedas, espacios que no permiten colocar una cama articulada o movilizar a un enfermo con seguridad.
Hay hijos que trabajan para mantener a sus familias. Hay nietos que también necesitan cuidados. Hay personas que, sencillamente, no cuentan con la formación ni con la fuerza física para atender a un mayor con gran dependencia.
Y no se trata de falta de cariño.
Se trata de realidad.
La Ley de Dependencia nació precisamente para evitar que las familias tuvieran que enfrentarse solas a estas situaciones. Pero en Canarias demasiadas veces esa ley llega tarde, cuando llega. Expedientes que se eternizan, valoraciones que tardan meses o años, ayudas que se conceden cuando la persona ya ha fallecido.
Por eso resulta profundamente injusto que ahora se plantee acudir a la Fiscalía para investigar posibles abandonos en los hospitales o clínicas.
Porque cuando una familia no puede llevarse a un dependiente a casa, en la mayoría de los casos no es porque no quiera. Es porque no puede.
No puede adaptar una vivienda de la noche a la mañana.
No puede dejar un trabajo del que depende la economía familiar.
No puede sustituir con buena voluntad un sistema público que debería garantizar recursos sociosanitarios suficientes.
Antes de señalar a las familias, las administraciones debería preguntarse por qué Canarias sigue teniendo retrasos inadmisibles en la atención a la dependencia, por qué faltan plazas sociosanitarias y por qué tantas familias sienten que el sistema solo aparece cuando ya no hace falta.
Porque cuando un padre o una madre enferman, las familias hacen todo lo que pueden. Lo hacen con amor, con agotamiento, con miedo y muchas veces con una profunda sensación de soledad.
Lo que no es aceptable es que, después de haber cuidado como se ha podido, el sistema responda con sospechas.
Porque el verdadero abandono no empieza en una casa.
Empieza cuando las instituciones miran hacia otro lado mientras las familias se rompen intentando cuidar.
Si de verdad queremos construir una sociedad más justa, el primer paso es reconocer quién está sosteniendo el cuidado cuando el sistema falla.
Y entonces actuar.
Porque una tierra que presume de proteger a su gente no puede permitir que la dependencia llegue tarde, que cuando por fin llega la resolución el estado de salud del dependiente ya haya cambiado radicalmente y que, encima, se amenace a las familias con acudir a la Fiscalía.
Si de verdad queremos una Canarias mejor, empecemos por lo más básico: cuidar a quienes nos cuidaron.
Eso también es construir una Canarias para los canarios.
Pedro Lorenzo Rodríguez Reyes




























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