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Derecho al Techo exige la nulidad del nuevo decreto de vivienda pública de Canarias por considerar ilegal su exigencia de 12 años de residencia continuada, que vulnera el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española. El colectivo denuncia que esta barrera administrativa “excluye a sectores vulnerables, no resuelve la escasez de parque público y sirve de maniobra electoralista con adjudicaciones inexistentes”. Está claro que el decreto no gusta a muchos y que será muy cuestionado.