El silencio del Andén Verde

En Las Palmas, en los primeros meses tras el golpe, la palabra "rebelión" se pronunciaba al revés. En un consejo de guerra sumarísimo, a un maestro y alcalde de un municipio aislado le imputaron auxilio a la rebelión por un alzamiento militar que él no había dado. La acusación incluía dinamita, carretera y resistencia armada. Pero en el extremo occidental de Gran Canaria, donde la carretera era aún una promesa, la dinamita más eficaz fue otra: la de una justicia construida para convertir en culpables a los vencidos.

El valle de La Aldea de San Nicolás, en el extremo occidental de Gran Canaria, era en julio de 1936 una isla dentro de la isla. No había carretera que lo uniera al resto del mundo. El único acceso terrestre era un sendero de cabras que serpenteaba entre los riscos de Tirma y el mar, o la travesía marítima desde Agaete, cuando el oleaje lo permitía. Esa incomunicación geográfica, que durante siglos había sido una condena para los campesinos que veían pudrirse sus tomates antes de llegar al puerto, se convirtió aquel verano en una losa de salvación.

Mientras en el norte de la isla, Arucas, Gáldar, Agaete, los falangistas y la Guardia Civil desataron una caza de brujas que dejó cuerpos en los barrancos y desaparecidos en el fondo del mar, en La Aldea el terror llegó con otra intensidad. Más silenciosa. Más burocrática. Pero igual de demoledora para quienes ocupaban los cargos públicos que el Frente Popular había conquistado en las urnas de febrero.

Cecilio Segura Bautista tenía treinta y nueve años cuando el golpe militar del 18 de julio le encontró sentado en la alcaldía de su pueblo natal. Maestro nacional desde 1919, había enseñado en Mogán, Santa Brígida, La Laguna. Era uno de esos docentes de la República que creían que la escuela podía enderezar la espalda de los hijos de los jornaleros. En 1930 había vuelto a La Aldea para abrir una escuela en el barrio de La Palmilla. Seis años después, por una concatenación de azares burocráticos, renuncias, reemplazos, la política de pueblo pequeño pasó de concejal a alcalde accidental. No era militante acérrimo. Estaba afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, leía revistas pedagógicas, simpatizaba con el socialismo sin hacer ostentación de ello. Un hombre de tiza y pupitre, no de pistolas.

Pero el cargo lo condenó.

La dinamita que nunca llegó a sus manos

La acusación que cayó sobre Segura sonaba a sainete trágico, si no fuera porque le costó catorce años de vida. En el Consejo de Guerra sumarísimo que se celebró en Las Palmas en los meses siguientes al golpe, el maestro-alcalde fue juzgado por un delito que la propia fiscalía debió saber que no existía tal como se formuló: auxilio para cometer rebelión. La versión oficial, redactada por militares que necesitaban justificar el golpe como una cruzada contra el caos, sostenía que Segura había facilitado dinamita de las obras de la carretera en construcción al delegado gubernativo republicano Fernando Egea Ramírez, para que este organizara la resistencia armada contra el Movimiento Nacional.

La realidad era otra. Y los documentos lo demuestran.

Fernando Egea, farmacéutico socialista de Agaete nombrado delegado gubernativo del norte de Gran Canaria en mayo de 1936, sí intentó organizar la resistencia en la zona. Reunió a varios centenares de hombres, en torno a quinientos, según las reconstrucciones disponibles en el Morro del Gallego, sobre el Cenobio de Valerón. Requisó armas, vehículos, gasolina. Y sí, también intentó hacerse con explosivos de las obras de la carretera que unía Agaete con La Aldea, la futura GC-200, cuyo trazado por el Andén Verde era entonces una cicatriz abierta en la montaña. Pero esos explosivos nunca llegaron a La Aldea. Nunca pasaron por las manos de Cecilio Segura.

El propio Egea, fugado hacia el sur de la isla con el diputado comunista Eduardo Suárez Morales, fue capturado el 24 de julio en una cueva de Tasartico, a mitad de camino entre La Aldea y Mogán, tras ser localizado, según recogen las diligencias y reconstrucciones posteriores, después de la delación del patrón de la falúa que los transportaba. Fusilado el 6 de agosto de 1936 en el Cuartel de Ingenieros de La Isleta, Egea no pudo declarar en ningún juicio que Segura le hubiera entregado nada. Porque no lo hizo. Porque no hubo tal entrega.

Pero en los Consejos de Guerra franquistas no hacía falta que los hechos ocurrieran. Bastaba con que encajaran en la narrativa de la rebelión que los sublevados necesitaban construir para justificar su propio alzamiento armado contra un gobierno legítimo.

La soledad del alcalde de un pueblo sin salida

La Aldea de 1936 era un municipio atrapado entre la montaña y el mar. La carretera que hoy serpentea por el Andén Verde con sus vías, sus miradores sobre el acantilado, era entonces una promesa incumplida. Las obras, iniciadas en 1934, avanzaban a paso de tortuga. Los picos y las palas abrían un paso estrecho entre los riscos, pero el asfalto aún no había llegado. Los camiones de la empresa constructora subían desde el puerto de La Aldea con material, pero el trayecto hasta Agaete seguía siendo una odisea de horas por senderos que solo conocían los arrieros.

Esa incomunicación física se tradujo en una incomunicación política que, paradójicamente, salvó vidas. Mientras en Agaete, Gáldar y Arucas los falangistas organizaban paseos nocturnos que terminaban en los acantilados o en los pozos de Jinámar, en La Aldea, hasta donde alcanza la documentación disponible y el estado actual de la investigación, no se registró una violencia letal comparable a la del norte de la isla: no constan fusilamientos ni desapariciones en la escala de los municipios vecinos.

Pero sí hubo terror.

Segura fue destituido de inmediato. El 18 de julio, o quizás el 19, un emisario militar llegó al pueblo probablemente por mar, ya que la tierra no permitía otra cosa y le comunicó que ya no era alcalde. Que el nuevo régimen había asumido el control. Que debía presentarse en Las Palmas. Lo que vino después fue el mecanismo de la represión burocrática: suspensión de empleo y sueldo, incautación de bienes, proceso judicial.

La represión no terminó en el ámbito militar: el expediente del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas abierto en Las Palmas (1939) documenta el aseguramiento preventivo de sus bienes y la persecución patrimonial.

El Consejo de Guerra le condenó a catorce años de prisión. No a muerte, como a Egea y Suárez. Quizás porque la ausencia de violencia física en La Aldea gracias a esa incomunicación no permitía justificar una ejecución. Quizás porque Segura no era, en el fondo, un peligroso revolucionario. Era un maestro que había tenido la mala suerte de ocupar una silla en el momento equivocado.

La sentencia, además de la cárcel, le impuso la expropiación de sus tierras y casas. Dejó a su esposa y a sus tres hijos menores en la indigencia. La mujer, cuyo nombre la historia olvida pero que un investigador local especializado en la memoria histórica de la isla logró rescatar, murió de tuberculosis en 1940. Cuatro años después del golpe, cuando el maestro aún cumplía condena en los centros de internamiento y clasificación de La Isleta y Gando, y luego en la Prisión Provincial de Las Palmas.

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La memoria de los archivos y el olvido del pueblo

Cecilio Segura no fue fusilado, pero su vida fue despedazada. Pasó cinco años en prisión, de 1936 a 1941, hasta que un indulto le devolvió la libertad condicional. Pero no la dignidad. Ni el oficio.

La depuración del magisterio franquista, regulada por el Decreto de 8 de noviembre de 1936, buscaba precisamente eso: destruir la escuela laica, la coeducación, el espíritu de renovación pedagógica que hombres como Segura habían intentado implantar. El régimen necesitaba reorientar la escuela hacia el nacional-catolicismo y desactivar la cultura pedagógica republicana; los maestros vinculados a esa renovación eran un objetivo prioritario.

Segura no pudo volver a las aulas. Durante casi treinta años hasta 1963, cuando ya había superado los sesenta fue rechazado en cada solicitud de rehabilitación. Los informes del párroco, de la Guardia Civil, de los vecinos de derechas que habían enviado cartas anónimas en 1936, pesaban más que su trayectoria docente. Que sus alumnos, que recordaban a un profesor bueno y admirado. Que la injusticia manifiesta de una acusación fabricada.

En 1948, desesperado, intentó la emigración clandestina a Venezuela. Se fugó con otros represaliados en una goleta de madera llamada Express, navegando a vela durante cerca de noventa días, según relatan las reconstrucciones biográficas del episodio. Llegó a Caracas, pero volvió. No se sabe exactamente por qué. Quizás la nostalgia. Quizás la imposibilidad de rehacer la vida en una tierra que no era la suya. Quizás la esperanza siempre vana de que la justicia llegaría. Regresó a Canarias, pero la sombra del Consejo de Guerra siguió persiguiéndolo. Trabajó como peón, como administrativo, como lo que fuera. Hasta que en 1963, ya anciano, una revisión administrativa le permitió volver a la enseñanza. Se jubiló en 1967 en la escuela de San José de Santa Brígida, con el reconocimiento tardío, irrisorio, de cuarenta y siete años de servicio.

Murió en Las Palmas de Gran Canaria en 1973. Tenía setenta y seis años. Murió dos años antes de la muerte de Franco y de la llegada de la democracia. No llegó a ver ni la Transición ni, por supuesto, una reparación pública de su nombre. Sí vería, póstumamente, cómo su historia era rescatada del olvido por un estudio académico que le dedicó una monografía rigurosa publicada por una editorial especializada en patrimonio canario.

La lección del valle

La historia de Cecilio Segura no es única. Es una entre miles. Pero tiene particularidades que la hacen emblemática de la represión franquista en Canarias.

Primero, la paradoja de la acusación: un alcalde republicano juzgado por auxilio a la rebelión cuando lo que hizo o más bien, lo que no hizo fue permanecer en su cargo durante un golpe de Estado militar. La inversión de la realidad que caracterizó toda la justicia militar del franquismo.

Segundo, el papel de la geografía. La Aldea, aislada, sin carretera, incomunicada, no pudo ofrecer resistencia organizada. Y esa imposibilidad de resistir, esa ausencia de peligrosidad, se convirtió en una forma de protección: el terror no llegó allí con la misma traducción letal inmediata que en otras zonas; lo hizo, sobre todo, por vía administrativa y judicial.

Tercero, la longevidad del castigo. Segura no murió en 1936, pero vivió durante décadas bajo la condena de una sociedad que le había convertido en paria. La represión franquista no fue solo las ejecuciones sumarias de los primeros meses. Fue la depuración silenciosa, la inhabilitación prolongada, la muerte lenta por inanición económica y humillación social.

Cuando hoy se viaja entre Agaete y La Aldea, ya no se utiliza la antigua carretera del Andén Verde: su tramo más expuesto lleva años fuera de servicio por su peligrosidad y ha sido sustituido por nuevas vías, mucho más seguras y rápidas. Pero basta evocar aquel viejo camino colgado sobre el acantilado para entender que en 1936 no era más que una obra inconclusa, una herida abierta en la montaña, el pretexto para condenar a un maestro inocente.

La dinamita que Segura supuestamente entregó nunca pasó por sus manos y, sobre todo, nunca quedó probada esa entrega. Pero la condena sí. Y la cicatriz, aún hoy, permanece. Quizás por eso, cada vez que el valle se abre al salir del túnel, convendría recordar en voz baja el nombre de Cecilio Segura Bautista, para que el silencio que un día lo destruyó no vuelva jamás a cubrir a nadie.

Juan Vega Romero