El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado una multa de 600 001 euros interpuesta por el Gobierno de Canarias contra una cooperativa agrícola de La Palma por la presunta venta de combustible a terceros que el Ejecutivo basó en la investigación de una agencia de detectives contratada por el denunciante del caso. Para otra vez que se lo curren mejor y que no se queden con una sola versión.






























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