El mapa del sinsentido en Santa María de Guía

En La Atalaya de Guía disponemos de un Centro Sociosanitario público que costó 8 millones de euros. Tres años después de su inauguración, el edificio sigue cerrado, cogiendo polvo y devaluándose. Pero lo más alarmante no es el retraso, sino la amenaza que se cierne sobre él: la aprobación de una planta de biogás a escasos 800 metros. ¿Cómo es posible que el mismo Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Santa María de Guía que construyen una residencia para nuestros mayores autoricen, en su entorno, una industria de tratamiento de residuos incompatible con el bienestar y la salud que requiere un centro de mayores? Es una contradicción técnica, administrativa y humana insalvable.

Para rematar este despropósito económico, el Cabildo tiene aprobada una inversión de 10 millones de euros, para reformar un edificio privado y viejo perteneciente al Obispado (Los Salesianos), que deberá ser devuelto a su propietario en el futuro.

La pregunta es obligada: ¿Por qué se bota el dinero público en rehabilitar patrimonio ajeno mientras se deja morir una infraestructura pública de 8 millones? ¿Por qué se autoriza una planta de biogás que, en la práctica, hará inviable la apertura del centro de La Atalaya por olores y riesgos ambientales?

El Ayuntamiento de Guía y el Cabildo de Gran Canaria parecen actuar sin coordinación, gestionando el dinero público como si no fuera de nadie. Los vecinos y, sobre todo, nuestros mayores, merecen una explicación coherente y una gestión que priorice el patrimonio público sobre los intereses privados.

Y aunque el acuerdo que firmó el Cabildo con el Obispado prescribió en septiembre pasado, el Ayuntamiento "por unanimidad" ha vuelto a respaldar recientemente, de manera incomprensible, el dislate económico y social.

Este Cabildo sigue como pollo sin cabeza -al igual que el Ayuntamiento de Guía- botando el dinero público en centros sociosanitarios que luego no puede poner en marcha por incompatibilidad con industrias altamente contaminantes aprobadas con posterioridad. Finalmente ha conseguido pararse provisionalmente la planta de biogás gracias a la presión vecinal, lo que ha obligado al Ayuntamiento a NO conceder la Licencia de Obras a tremendo despropósito. Asunto ahora judicializado por el promotor (el Grupo Félix Santiago Melián).

El caso de Santa María de Guía refleja varias contradicciones alarmantes:

1. El absurdo de la infraestructura vacía

Invertir 8 millones de euros en el Centro Sociosanitario de La Atalaya para mantenerlo cerrado durante tres años es un fallo de gestión pública grave. No solo es un desperdicio de dinero, sino un coste de oportunidad social: cada día que permanece cerrado es un día que las familias y personas dependientes de la zona no reciben la atención que necesitan.

2. Incompatibilidad de proyectos: El factor Biogás

-Si bien la planta de biogás podría ser una variable energética lejos de las poblaciones, ubicarla a escasos metros de un núcleo urbano y de un centro sociosanitario es una decisión técnica y administrativa socialmente cuestionable.

-Los olores, el tráfico de residuos y los posibles riesgos ambientales son difícilmente compatibles con un entorno que debe garantizar la salud y el descanso de personas vulnerables.

3. Dinero público para un edificio privado de un negocio privado en cesión temporal.

La comparación entre el centro de La Atalaya (público) y la inversión en el edificio del Obispado es el punto más crítico:

-Reformar con dinero público un edificio privado para luego devolverlo es una operación claramente rechazable por la falta de retorno patrimonial. Es botar el dinero público, hablando en plata.

-Resulta ilógico rehabilitar edificios viejos y privados que requieren reformas millonarias para un uso temporal, cuando ya existe una infraestructura pública y moderna cerrada (la de La Atalaya).

Este tipo de situaciones pueden resolverse a través de tres vías:

1. Presión Ciudadana: Los movimientos vecinales y la plataforma contra la ubicación de la planta de biogás son los únicos que están forzando que estos temas entren en la agenda política. La mayoría de partidos guardan silencio, incluso los que pidieron el Pleno Extraordinario en el que se votó por unanimidad la No concesión de la Licencia de Obras al promotor.

2. Fiscalización: Urge la intervención de órganos de control o la exigencia de explicaciones en el Pleno del Cabildo sobre la prescripción del acuerdo con el Obispado del proyecto de Los Salesianos.

3. Transparencia: Es urgente que se aclare qué informe técnico justifica que una planta de biogás no afecte a una residencia sociosanitaria cercana.

Este es el mapa del sinsentido en Santa María de Guía, el ejemplo perfecto de por qué la política local necesita ojos ciudadanos críticos, que conecte los puntos que la administración parece querer ignorar.

Paco Vega