No hay ningún argumento válido para tumbar el Decreto Ómnibus

Sabemos que el Congreso de los Diputados votó recientemente tumbar el decreto ómnibus (o sea un tipo de norma que abarca varias medidas de distintos sectores en una sola norma), que incluía: la revalorización de las pensiones lo que supone, que la subida del 2,7% de las pensiones contributivas, vinculadas al IPC, no se aplicaría en febrero, lo que afectaría al poder adquisitivo de los pensionistas; la suspensión de los desahucios por impago del alquiler para familias vulnerables sin alternativa habitacional, dejará de estar en vigor, lo que puede dejar a muchas familias sin hogar; la prohibición de cortar la luz, el agua y el gas a familias vulnerables también decae, lo que puede dejar a muchas personas sin acceso a servicios esenciales; los incentivos fiscales para la rehabilitación energética de viviendas ya no estarán disponibles, lo que puede desincentivar la inversión en eficiencia energética; la actualización de los coeficientes de la plusvalías municipales que buscaban desincentivar la especulación inmobiliaria ya no se aplicarán, lo que puede afectar a la planificación fiscal de miles de operaciones inmobiliarias.

En general, el rechazo del escudo social puede aumentar la vulnerabilidad de los colectivos más desfavorecidos y empeorar la situación económica de muchos españoles. Como hemos podido observar, era de vital importancia sacar este decreto adelante para evitar que la inflación continuara empobreciendo a quienes habían trabajado toda su vida; pero, las fuerzas de derechas, decidieron tumbarlo. Hemos visto que se repite la historia, y la derecha parlamentaria volvió a votar en bloque contra una medida que beneficia de forma directa a la mayoría social.

Ni que decir tiene, que la subida prevista estaba claramente definida; las pensiones debían incrementarse un 2,7% en 2026, con carácter general; las pensiones mínimas subirían un 7%, mientras que las no contributivas, las de viudedad con cargas familiares y las de cónyuge a cargo, alcanzarían una revalorización del 11,4%. No era para nada, un gesto político, sino , claro está, una medida de justicia social.

Estas revalorizaciones, obviamente, afectaban al conjunto del sistema de pensiones: pensiones de jubilación, de viudedad, de incapacidad permanente, de orfandad y de, en favor de familiares, además, como no podía ser de otra manera, de las clases pasivas. Y no se debe olvidar bajo ningún concepto, que ahora mismo, hay un total de 9,4 millones de personas que dependen de su pensión para vivir.

Según las estimaciones oficiales, la subida habría supuesto unos 570 euros más al año para una pensión media; lo que para millones de hogares, podría significar poder pagar la luz, y los medicamentos o simplemente acabar el mes, con algo menos de angustia.

Pero, ni que decir tiene, que el decreto ómnibus, no se limitaba a las pensiones, como bien indicabámos arriba; incluía también medidas de alto impacto social que afectan a cientos de miles de personas en situación de vulnerabilidad. Una de ellas era la subida del Ingreso Mínimo Vital, una prestación clave para hogares sin recursos suficientes, muchos de ellos con menores a cargo, que encuentran en este ingreso la única red de seguridad frente a la exclusión social.

El Ingreso Mínimo Vital, no es una ayuda marginal; es una herramienta fundamental para combatir la pobreza severa y reducir la desigualdad. Su actualización permite que miles de familias puedan cubrir necesidades básicas como la alimentación, el material escolar o el alquiler. Votar en contra de su mejora es dar la espalda a quienes ya viven en los márgenes del sistema.

El decreto incluía también la prórroga del bono social eléctrico, medida imprescindible en un contexto de precios energéticos elevados. Para muchas familias y personas mayores, y otros mecanismos indicados arriba, no son un complemento, sino la diferencia entre vivir con dignidad o hacerlo en condiciones de pobreza energética.

También se incluían incentivos a la movilidad eléctrica, se pierden las ayudas por la compra de vehículos eléctricos, la cual suponía una deducción del 15% en el IRPF, así como las exenciones para la instalación de puntos de recarga, ayudas a personas desempleadas y medidas fiscales para quienes han sufrido las consecuencias de los desastres habidos en nuestro país; la mayoría provocados por las inclemencias del tiempo.

Pero, la derecha y la ultraderecha han vuelto a votar juntas, una alianza recurrente cuando se trata de frenar avances sociales.

¿Y qué es lo que han argumentado las derechas para tumbar ómnibus? : pues, que se mezclan temas urgentes con otros no tan urgentes, lo que puede llevar a aprobar medidas sin el debate parlamentario adecuado; que limita el poder del Parlamento, ya que solo puede convalidar o derogar el decreto, sin posibilidad de introducir modificaciones parciales y finalmente, que puede incluir materias que no son adecuadas para ser reguladas por esta vía, como cambios sustanciales en impuestos o presupuestos. Y también alegan: que consideran que el gobierno abusa del RD-Ley, para imponer su agenda política sin debate parlamentario; que el decreto ómnibus es inconstitucional, ya que no cumple con el requisito de“extraordinaria y urgente necesidad” para su aprobación y, que critican que se incluyan medidas que no son urgentes, como cambios en la ley de cine o regulación de drones; que el decreto traslada la responsabilidad de proteger a las familias vulnerables a los propietarios, en lugar de asumirla el Estado, etc.

Estos argumentos y alegaciones, en mi opinión, son muy respetables, pero del todo insuficientes como para tumbar este decreto, en tanto que, se trata de medidas imprescindibles para garantizar la protección social.

No obstante, hay que decir, que el gobierno, ante la caída del decreto, lejos de quedarse a verlas venir, aprobó en Consejo de Ministros, a renglón seguido del rechazo, una nueva versión desdoblada en dos decretos, del paquete ómnibus, que fue derrotado en su momento en el Congreso de los Diputados. Por un lado, la revalorización de las pensiones, que esta vez no debería encontrar ningún obstáculo para su aprobación y, en consecuencia, permitirá que este mes de febrero los pensionistas no vean revertido el aumento que empezaron a percibir en enero. Por otro lado, la veintena de medidas agrupadas bajo el concepto de escudo social, que probablemente si encuentren obstáculos para su aprobación; entre ellas la prórroga de la prohibición de desahucios sin alternativa de alojamiento a los inquilinos en situación de vulnerabilidad que hayan dejado de pagar el alquiler a sus caseros. En este caso, hemos de decir, que se ha modificado también la propuesta inicial, tras pactar con el PNV que el desalojo sí se podrá ejecutar cuando el propietario tenga como máximo dos pisos de su propiedad; lo que tampoco fue del agrado de las derechas que votaron en contra de ómnibus.

Juan Reyes González