Plataforma Stop Planta de Biogás en La Atalaya: "Cuando la defensa del territorio entra en los juzgados"

La pasada semana celebramos la tercera asamblea vecinal de la Plataforma Stop Planta de Biogás en La Atalaya. No fue una reunión más. Fue, probablemente, la más importante hasta ahora, porque sirvió para explicar con claridad que el conflicto ha entrado en una nueva fase: el proyecto está ya judicializado y, con ello, cambia por completo el escenario de la lucha vecinal.

Hasta ahora, el debate se había librado en el terreno social, informativo y político. Asambleas, alegaciones, acciones de visibilización y llamadas a la responsabilidad institucional. Todo eso sigue siendo necesario, pero hoy la defensa del territorio se juega también en otro ámbito: los tribunales. Y ese es un terreno más lento, más técnico y, sobre todo, más costoso.

Cuando un conflicto llega a los juzgados, los tiempos dejan de ser los de la calle y pasan a ser los de la justicia. No hablamos de semanas ni de meses, sino de procesos largos que exigen constancia, rigor y recursos económicos. Es importante que la ciudadanía lo sepa y lo entienda: esta fase no es menos importante que las anteriores, es decisiva.

En la asamblea explicamos, de forma accesible, la situación actual del proyecto: procedimientos judiciales abiertos, autorizaciones cuestionadas y decisiones administrativas que deberían ser revisadas. No se trata de tecnicismos legales, sino de algo muy sencillo de comprender: cuando existen dudas razonables sobre cómo se han hecho las cosas, es legítimo y necesario que sea un juez quien las analice.

Como plataforma ciudadana, hemos dado el paso de defender los intereses del pueblo en sede judicial. Lo hacemos porque creemos que la calidad de vida, la salud y el derecho a ser escuchados no pueden quedar subordinados a decisiones tomadas de espaldas a la población afectada. Pero también somos claros: esta batalla no puede librarse solo desde un grupo reducido de personas voluntarias.

Ahora más que nunca necesitamos el respaldo del pueblo. Defendernos en los juzgados implica asumir costes legales que una plataforma vecinal no puede soportar en solitario. Por eso hacemos un llamamiento directo y honesto a los vecinos y vecinas: cada aportación, por pequeña que sea, suma. No hablamos de financiar una causa ajena, sino de sostener una defensa colectiva que nos afecta a todos y todas.

La judicialización del conflicto no significa que el proyecto esté ganado ni perdido. Significa que entramos en una fase decisiva donde la unión, la información y el compromiso ciudadano marcarán la diferencia. La Atalaya ya ha demostrado que sabe organizarse y alzar la voz. Ahora toca también sostenerla.

Defender el territorio tiene un precio. No hacerlo, lo sabemos bien, siempre sale mucho más caro.