La UGT Canarias valora positivamente el nuevo proyecto de financiación autonómica, y aunque considera que es mejorable, en ningún caso es rechazable, especialmente teniendo en cuenta la situación estructural que arrastran los servicios públicos en Canarias tras años de infrafinanciación. El actual contexto social, económico y demográfico del Archipiélago exige una respuesta clara del Estado que garantice una financiación suficiente y estable para sostener y mejorar la sanidad, la educación, los servicios sociales y las políticas de empleo.

UGT Canarias advierte de que Canarias no puede permitirse renunciar a un incremento de la financiación estatal, ya que hacerlo supondría perpetuar déficits históricos que afectan directamente a la calidad de vida de la ciudadanía y a las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores del sector público.

Asimismo, el sindicato manifiesta su preocupación ante el riesgo de que los recursos económicos destinados a Canarias se utilicen como arma de confrontación política, desviando el debate del verdadero objetivo: garantizar servicios públicos fuertes, equitativos y de calidad. UGT Canarias reclama responsabilidad institucional y altura de miras para que la financiación autonómica sea tratada como una cuestión de interés general y no como un elemento de disputa partidista.

En este sentido, UGT Canarias subraya que no se han presentado alternativas reales y viables al nuevo modelo planteado, mientras que el sistema vigente se encuentra claramente caduco y ha demostrado ser profundamente ineficaz con Canarias, que durante años ha sufrido un reparto insuficiente que no atendía adecuadamente a sus singularidades territoriales, sociales y económicas.

Para UGT Canarias, ya es hora de superar un modelo que ha sido injusto con el Archipiélago y avanzar hacia un sistema de financiación que garantice la cohesión social, la igualdad entre territorios y el fortalecimiento del Estado del Bienestar en Canarias.

Esta organización sindical reitera su compromiso con la defensa de los servicios públicos y con un modelo de financiación que permita a Canarias disponer de los recursos necesarios para afrontar los retos presentes y futuros con justicia social e igualdad territorial.