Casi un centenar de menores no acompañados ha renunciado a su derecho a recibir protección internacional para no salir de Canarias. En los últimos meses, el Ejecutivo regional y el Estado han avanzado en el cumplimiento de la orden del Tribunal Supremo que, a petición de Canarias, solicitó al Gobierno central que se hiciera cargo de los menores refugiados en sus centros y así aliviar el hacinamiento de los recursos de las islas, donde estaban siendo acogidos estos jóvenes. El Gobierno autonómico ha asegurado que 99 jóvenes han puesto fin a este trámite para poder quedarse en sus centros de acogida. No quieren irse de estas islas, y eso dice mucho y bueno de esta tierra.





























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