Quién está detrás de la planta de biogás de La Atalaya: empresas, vínculos y responsabilidades

Este artículo es el resultado de un trabajo de análisis e investigación sobre la cadena de valor del Grupo Félix Santiago Melián (FSM) en relación con el proyecto de planta de biogás previsto en La Atalaya. A partir de información pública, documentación oficial y la identificación de las empresas y alianzas que intervienen directa o indirectamente en el proyecto, se han examinado las conexiones económicas, técnicas y comerciales que lo sostienen, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía una visión clara y comprensible de quiénes participan realmente en esta iniciativa y qué responsabilidades se derivan de ello.

 

Las relaciones entre el Grupo Félix Santiago Melián (FSM), Repsol y Genia Bioenergy no son casuales ni independientes. Forman una red empresarial que tiene consecuencias directas sobre la planta de biogás proyectada en La Atalaya, y también sobre algo más importante: la confianza de la ciudadanía en las decisiones públicas y en la llamada transición energética en Canarias.

 

1. Tres empresas conectadas entre sí

 

Por un lado está el Grupo FSM, que a través de su empresa agrícola Conagrican impulsa la construcción de la planta de biogás en Santa María de Guía. Según el proyecto, la planta serviría para tratar residuos agrícolas y ganaderos y producir energía y abono.

 

Este mismo grupo, FSM, aparece además como gestor de varias gasolineras Repsol en el norte de Gran Canaria, incluida Santa María de Guía. Es decir, mantiene una relación comercial directa y estable con Repsol.

 

Por otro lado está Genia Bioenergy, la empresa que ha diseñado técnicamente la planta. Genia es una compañía especializada en biogás y biometano y desarrolla proyectos similares en otros territorios. Lo relevante aquí es que Repsol es dueña del 40% de Genia Bioenergy, porque ambas empresas colaboran en el desarrollo de plantas de este tipo en toda España.

 

En resumen:

 

• FSM promueve la planta.
• Genia la diseña.
• Repsol es socia de Genia y, al mismo tiempo, tiene negocios con FSM.

 

Las tres empresas están claramente conectadas.

 

2. Cuando un proyecto afecta a un barrio, la responsabilidad no es solo de una empresa

 

Cuando se impulsa una instalación de este tipo, no basta con mirar si es rentable o si cumple ciertos trámites administrativos. También hay que pensar en las personas que viven alrededor, en el entorno y en las consecuencias reales del proyecto.

 

En La Atalaya, los principales afectados son los vecinos y vecinas del barrio, pero también el municipio en su conjunto e incluso del municipio vecino de Gáldar. Por eso, la responsabilidad no puede recaer solo en Conagrican o en FSM.

 

• Repsol, al ser socia de Genia y estar vinculada comercialmente a FSM, no puede mirar hacia otro lado.
• Genia Bioenergy, como empresa que diseña la planta, tampoco puede decir que “solo hace la parte técnica”.

 

Cuando hay un conflicto social evidente, como el rechazo vecinal organizado que existe en La Atalaya, las empresas implicadas tienen la obligación de escuchar y reaccionar.

 

 

3. La ubicación sí importa

 

El punto clave del conflicto es dónde se quiere construir la planta. El proyecto se sitúa a menos de 500 metros de un barrio densamente habitado, y eso ha generado una oposición clara y sostenida por parte de la población.

 

Que algo pueda cumplir ciertos requisitos administrativos no significa que sea socialmente aceptable ni justo. Si Repsol y Genia defienden que trabajan por un modelo energético más limpio y responsable, deberían demostrarlo también en la práctica.

 

• Repsol se juega su imagen si su nombre acaba asociado a proyectos que generan rechazo social y sensación de imposición.
• Genia tiene capacidad técnica para asesorar a FSM y proponer otra ubicación del proyecto que no choque frontalmente con la vida cotidiana de un barrio.

 

Una transición energética que se impone sin consenso pierde legitimidad.

 

4. El problema real de los residuos: mucho estiércol y muchos camiones

 

Aunque se ha hablado mucho de restos de plátanos y papayas, la realidad es que la planta necesita sobre todo estiércol animal para funcionar de forma continua.

 

Ese estiércol no se genera en La Atalaya ni únicamente en las fincas del propio grupo promotor. Tendría que transportarse desde explotaciones ganaderas repartidas por toda la isla, con camiones entrando y saliendo de la zona.

 

Esto plantea varios problemas claros:

 

• No es un modelo cercano ni local: mover residuos de toda Gran Canaria para concentrarlos junto a un barrio no encaja con la idea de aprovechar recursos “de proximidad”.
• Más tráfico y molestias: más camiones, más emisiones, más riesgo de olores y más impacto sobre la calidad de vida de los vecinos.
• Beneficios para unos, costes para otros: los beneficios económicos se concentran, pero las molestias las asume un barrio concreto y, por la incidencia de los vientos alisios, toda la comarca noroeste.

 

Vender esto como un ejemplo perfecto de sostenibilidad resulta, como mínimo, discutible.

 

5. Una prueba de coherencia y responsabilidad

 

La planta de biogás de La Atalaya no es solo un proyecto industrial. Se ha convertido en una prueba real de coherencia para el Grupo FSM, Repsol y Genia Bioenergy.

 

Aquí no basta con hablar de energías verdes o de economía circular en folletos y notas de prensa. La verdadera responsabilidad pasa por:

 

• Escuchar a la población afectada.
• Reconocer que la ubicación elegida genera un conflicto social grave.
• Revisar el proyecto y buscar alternativas razonables.

 

Repsol y Genia no son actores secundarios. Su dinero, su tecnología y su prestigio forman parte del proyecto. Si quieren ser referentes de una transición energética justa, deben implicarse de verdad y ayudar a replantear la ubicación y el modelo.

 

Solo así el biogás podrá verse como una solución útil para Canarias, y no como otro ejemplo de decisiones tomadas de espaldas a la gente.

 

Plataforma Stop Planta Biogas La Atalaya