Historia de la integración canaria en la Unión Europea

Historia de una decisión política, la fractura social interna y el coste estructural para el modelo económico canario.

La adhesión de España a la Unión Europea el 1 de enero de 1986 suele presentarse como un hecho homogéneo. Sin embargo, esa lectura oculta una realidad determinante, pues Canarias no se integró plenamente desde el inicio.

El Archipiélago quedó amparado por el Protocolo nº 2 del Acta de Adhesión, que reconocía su singularidad y establecía un régimen diferenciado y transitorio, heredero de sus Fueros Históricos y del sistema de Puertos Francos.

Aquel período transitorio, previsto hasta 1992, mantenía a Canarias fuera del territorio aduanero comunitario, al margen del IVA europeo y con amplias excepciones a las políticas comunes.

Era el reconocimiento de una evidencia, una economía archipielágica, fragmentada y dependiente no podía asumir sin consecuencias la aplicación automática de las libertades del mercado interior.

Sin embargo, ese marco no llegó a agotarse. La decisión política de 1991 supuso un punto de inflexión. Antes de finalizar el período transitorio, se optó por adelantar la integración de Canarias en la lógica comunitaria general, acompañándola de medidas compensatorias.

La justificación oficial fue evitar el aislamiento del Archipiélago en el contexto del Mercado Interior europeo. La realidad fue más compleja y, sobre todo, profundamente conflictiva dentro de sectores sociales de Canarias.

La batalla interna fue plátano, el mercado peninsular o proponer un modelo de país con soberanía económica

Uno de los ejes centrales del debate fue el sector platanero. Una parte significativa de los productores defendió la Plena Integración como vía para blindar el acceso preferente al mercado peninsular, frente a la competencia de terceros países.

Para este sector, el encaje pleno en el mercado interior europeo ofrecía seguridad jurídica y comercial, aunque fuera a costa de aceptar un marco más restrictivo para el conjunto de la economía canaria.

Ese posicionamiento tuvo un peso político determinante. La salvaguarda del plátano se convirtió, de facto, en moneda de cambio.

A cambio de garantizar ese mercado, Canarias aceptó un REF debilitado, cada vez más alejado de su lógica histórica de libertad económica, y la introducción de instrumentos como la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), presentada como palanca de desarrollo pero que, con el tiempo, ha demostrado ser ineficaz y profundamente distorsionadora.

La RIC no impulsó una economía diversificada, innovadora ni generadora de empleo de alto valor añadido. Al contrario, contribuyó a consolidar un modelo rentista, orientado a la acumulación patrimonial y al refuerzo de sectores de bajo valor añadido, sin transformar la estructura productiva ni mejorar la productividad real de la economía canaria.

Una segunda y una tercera vía que también estuvieron sobre la mesa

Junto a este debate, existió una segunda vía impulsada por sectores industriales canarios que defendían una economía basada en un mayor proteccionismo frente a los productos exteriores. Este planteamiento apostaba por limitar la competencia externa para proteger la producción local. Sin embargo, se trató de un sector que nunca alcanzó relevancia estructural, tanto por la falta de una visión estratégica orientada al exterior como por pretender restringir su desarrollo al consumo interno, en un territorio limitado y dependiente del comercio exterior para su equilibrio económico.

La tercera vía, de mayor recorrido estratégico, planteaba un modelo similar al de Groenlandia, bajo un estatus PTU como País y Territorio de Ultramar. Esta opción permitía salvaguardar los Fueros Históricos, mantener el sistema de Puertos Francos y conservar amplias libertades comerciales, fiscales y económicas, garantizando capacidad real de decisión sobre el modelo de desarrollo del Archipiélago.

Esta alternativa no fue marginal ni improvisada. Fue defendida y fundamentada por académicos, juristas, economistas, empresarios y organizaciones sindicales canarias, que vieron en el estatus PTU un encaje jurídico viable dentro de la Unión Europea, existente desde 1957, capaz de preservar soberanía económica y margen normativo propio.

La alternativa que se descartó

Frente a la integración plena, existía una propuesta estratégica clara y viable.

Sectores sociales, académicos y económicos defendían mantener y profundizar el estatus diferenciado, apoyándose en los Fueros Históricos, los Puertos Francos y la libertad comercial como pilares de desarrollo.

Su posición no era fruto de una utopía ni una ocurrencia marginal, pues el estatus PTU ya existía en el marco europeo desde 1957 y ofrecía un encaje jurídico que permitía a territorios no integrados plenamente en el mercado interior preservar soberanía económica y capacidad de decisión.

Ese modelo alternativo apostaba por:

• Consolidar a Canarias como plataforma comercial y logística atlántica.

• Mirar estratégicamente a África como espacio natural de cooperación, comercio y oportunidad.

• Mantener una fiscalidad propia sin necesidad de tributos compensatorios artificiales como el AIEM, que encarecen el consumo y penalizan a la población.

• Proteger la economía local desde la capacidad normativa propia, no desde parches compensatorios.

Pero esa vía fue descartada. No por inviabilidad jurídica, sino por decisión política.

Se optó por la integración plena con excepciones que no han sido de gran ayuda, asumiendo que la compensación sustituiría a la soberanía. 

Fue una apuesta consciente de la clase política liberada por Jerónimo Saavedra PSOE y Manuel Hermoso Cc, siendo conscientes de las consecuencias que se derivarían para nuestra economía, empleo, calidad de vida y oportunidades de progreso en el tiempo,  como hoy sucede.

El resultado fue una compensación sin poder real de decisión

Treinta años después, el balance es elocuente. Canarias quedó integrada en un marco que no controla, sometida a libertades económicas encorsetadas que han favorecido la concentración, la dependencia exterior y la fragilidad productiva.

Las compensaciones existen, pero no corrigen el problema estructural por la falta de capacidad para decidir su modelo económico, comercial y territorial.

La Plena Integración no fracasó por Europa, sino por el trueque político que se aceptó, es decir, se sacrificó un marco propio amplio a cambio de seguridad sectorial para algunos y de instrumentos fiscales que no han servido para transformar la economía. Se confundió la protección de un producto - el plátano - con la protección de un país, el nuestro.

Lección estratégica de aprendizaje

Este recorrido es una lección política de primer orden. Porque Canarias tuvo alternativas reales, jurídicamente posibles y estratégicamente coherentes. 

Sin embargo, se eligió otra vía y hoy se pagan las consecuencias en forma de dependencia, escasa diversificación y empleo de bajo valor añadido.

Entender esta batalla interna, sus actores y sus decisiones es imprescindible para abordar con rigor el debate actual sobre autogobierno real y nuevos marcos de relación con la Unión Europea y con el Estado español para la recuperación de capacidad de decisión para no repetir el mismo error que supuso aceptar límites estructurales a cambio de compensaciones que nunca sustituyen al poder de decidir el propio futuro.

Liberación Canaria
Ricardo González-Roca Fonteneau