En los últimos tiempos estamos asistiendo a una deriva preocupante en la forma de hacer política y de relacionarse con los vecinos. Es inaceptable que haya quienes sigan utilizando a la ciudadanía y a los colectivos vecinales como herramientas para fabricar conflictos inexistentes o sobredimensionar incidencias normales con el único objetivo de obtener rédito político.

Estas prácticas no solo son irresponsables, sino profundamente desleales. Resultan aún más graves cuando proceden de personas que ya han ocupado cargos públicos y conocen perfectamente el funcionamiento de la administración. Utilizar los barrios como campo de batalla política es una falta de respeto absoluta hacia quienes viven en ellos y hacia las instituciones.

La ciudadanía no necesita espectáculos ni sobreactuaciones. No necesita alarmismo calculado ni escenificaciones interesadas. Necesita servicios que funcionen, respuestas eficaces y representantes serios, no agitadores que viven del conflicto permanente y del desgaste político.

Especialmente grave es permitir que una incidencia se prolongue deliberadamente para después intentar presentarla como un “logro propio” o como una supuesta “victoria vecinal”. Convertir un problema en un arma política es una práctica indecente que erosiona la confianza pública y alimenta una crispación innecesaria entre vecinos.

Igualmente inaceptable es la apropiación de colectivos vecinales por parte de personas con clara actividad política, aprovechándose de la baja participación y actuando con total opacidad. A ello se suma el desenmascaramiento de quienes se autoproclamaban defensores del pueblo sin intereses políticos y que hoy ya se posicionan abiertamente, confirmando que su discurso nunca fue honesto ni desinteresado.

Conviene decirlo con claridad y sin rodeos: la ciudadanía no es un instrumento político. No lo son sus problemas, ni sus barrios, ni sus asociaciones. Quien utiliza a los vecinos para alimentar su ambición personal o su estrategia de confrontación demuestra una falta de ética y de responsabilidad incompatible con cualquier compromiso público serio.

Las instituciones están para resolver problemas, no para crearlos. Para trabajar con rigor, discreción y eficacia, no para convertir cada incidencia en un circo mediático. La política útil se construye gestionando, no manipulando; escuchando, no utilizando; respetando, no enfrentando.

Santa María de Guía merece una política responsable, honesta y madura. Y merece poner fin, de una vez por todas, a estas prácticas tóxicas que solo buscan dividir, confundir y deteriorar la convivencia.
 

Juan Jiménez Suárez

Concejal de Vías, Obras e Infraestructuras

Ayuntamiento de Santa María de Guía