La Ley de Contratos del Sector Público obliga a programar, planificar y publicar con antelación la actividad de contratación de las administraciones públicas, pero en el caso de Canarias de 819 órganos de contratación inspeccionados, solo el 7% cumple la obligación de programar sus contrataciones, según un informe de prevención de la corrupción realizado por la Audiencia de Cuentas de Canarias. Quien tiene que cumplir no cumple y no pasa nada.





























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