Obstáculos, deficiencias y descoordinación que arriesgan vidas

El pasado miércoles 10 de diciembre de 2025, alrededor de las 21:30 horas en Sardina del Norte (Gáldar), una familia vivió momentos críticos cuando un ser querido sufrió un grave desvanecimiento. La llamada a los servicios de emergencia fue clara: el paciente no podía mantenerse en pie ni caminar, y para acceder al domicilio era necesario subir 48 escalones. Ante esta situación, se solicitó especial atención y medios adecuados para el traslado, recibiendo como respuesta la tranquilidad de contar con profesionales experimentados.

Sin embargo, lo que debería haber sido una intervención rápida y eficaz se convirtió en una carrera contra el tiempo. La ambulancia no pudo llegar a la playa porque la barrera de acceso estaba bajada. Tras múltiples intentos fallidos de contactar con la policía local mediante el pulsador y vía telefónica—fuera de servicio desde hacía más de dos meses—, fue el propio familiar quien tuvo que desplazarse -dejando solo al paciente que no se podía valer- hasta la barrera para abrirla con su tarjeta de residente. Pero aún así, -a pesar de haberlo avisado- faltaban medios para trasladar al paciente por las escaleras hasta la ambulancia, lo que obligó a solicitar la intervención urgente de los bomberos.

Esta cadena de obstáculos e ineficiencias puso en serio riesgo la salud y la vida del paciente, reflejando una preocupante falta de recursos y coordinación entre los servicios disponibles. Situaciones así generan incertidumbre y malestar entre los ciudadanos, quienes confían en unos servicios públicos capaces y preparados para responder ante cualquier emergencia.

Afortunadamente, gracias a la rápida actuación y profesionalidad del cuerpo de bomberos, el traslado pudo realizarse finalmente a la ambulancia y posteriormente al hospital, donde se aplicaron los cuidados médicos necesarios sin más demora.

Pero este no es un hecho aislado. En el municipio de Agaete, otro paciente tuvo que esperar casi tres horas para ser trasladado al hospital, donde finalmente quedó ingresado. La respuesta ante la larga espera fue tan escueta como preocupante: “es que no hay ambulancias”. Una explicación que, lejos de tranquilizar, pone en evidencia la falta de medios materiales y humanos para atender las emergencias con la rapidez y eficacia que los ciudadanos merecen.

Estas situaciones son un claro reflejo de cómo la privatización creciente de los recursos sanitarios, financiados con fondos públicos, pueden afectar negativamente a la calidad del servicio y a la seguridad de todos. Canarias, en los últimos tiempos lidera tristemente estas privatizaciones de servicios sanitarios, dejando a muchas familias en una situación vulnerable cuando más apoyo necesitan.

No podemos permitir que estos episodios caigan en el olvido. Como sociedad democrática, tenemos el deber y el derecho de denunciar cualquier deficiencia que ponga en peligro nuestro tan valorado —y tantas veces reivindicado— estado del bienestar. Proteger unos servicios públicos sólidos y eficientes es proteger nuestra salud, nuestra tranquilidad y nuestro futuro.

Es momento de exigir soluciones reales: recursos suficientes, coordinación efectiva y compromiso firme por parte de quienes gestionan nuestros servicios esenciales. Porque cada minuto cuenta cuando se trata de salvar vidas.