Agaete mi pasión: "Un testimonio para la memoria histórica, Agaete 1923"

La historia política de Agaete, como la de tantos municipios rurales del archipiélago canario, estuvo marcada durante siglos por redes familiares que ejercieron un poder casi absoluto sobre la vida local. Desde el siglo XVIII, la familia Armas, junto con otras ramas afines, formó parte del gobierno municipal de una u otra forma. Ese predominio se consolidó especialmente durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX, cuando el caciquismo se convirtió en un engranaje habitual de la política española, y Agaete no fue una excepción.

 

Un documento inesperado

 

 

Hace poco llegó a mis manos, procedente de un archivo privado, un escrito fechado en octubre de 1923, y dirigido al entonces presidente del Directorio Militar, Miguel Primo de Rivera, semanas después de instaurada su dictadura. Su supuesto autor, el agaetense Juan García Arteaga, quien años después, en 1931, participa en la fundación de la Agrupación Socialista de Agaete, elevó una queja formal denunciando la situación política del municipio, dominado según él, por un grupo de familias que controlaban la administración “como si de una propiedad privada, hereditaria y perpetua se tratara”.

 

El documento, parece que fue publicado en su día por el periódico El Tribuno, constituye un valioso testimonio de la percepción ciudadana sobre el poder local en aquellos años, y arroja luz sobre tensiones políticas que difícilmente aparecen en documentos oficiales. La misiva, de tono firme y por momentos dramático, ilumina las tensiones sociales y políticas que subyacían bajo la aparente normalidad administrativa de la época en Agaete.

 

Críticas al poder local: “La conciencia ciudadana es violada”

 

García Arteaga describe a los ediles y caciques locales como un grupo cerrado, ajeno al interés público y entregado a la manipulación electoral y sus propios intereses:

 

“No ha de imperar otra voluntad que la de ellos. La conciencia ciudadana es violada, y el elector que no cede a los halagos o promesas, tendrá que sucumbir a las amenazas. Las leyes del Estado para ellos no existen…”

 

En su denuncia señala la supuesta existencia de un sistema que premiaba la obediencia y castigaba la disidencia, garantizando así la continuidad de estas familias al frente del Ayuntamiento.

 

¿Un incendio intencionado en 1910?

 

Uno de los pasajes más impactantes alude al incendio del Archivo Municipal en septiembre de 1910. El escrito sugiere que aquel fuego, que destruyó expedientes y documentación no fue casual, sino una maniobra para ocultar irregularidades:

 

“Hace algunos años, eran tan graves las responsabilidades en que habían incurrido, y por temor a una inspección, la ‘casualidad’ salvadora quiso que el archivo del ayuntamiento ardiese…”

 

Aunque estas afirmaciones no pueden tomarse como prueba concluyente, sí revelan la profunda desconfianza de parte de la población hacia las autoridades locales.

 

Servicios públicos en abandono

 

El texto ofrece además un retrato muy duro del estado de los servicios municipales hacia 1923: calles sin alumbrado, vías sucias y deterioradas, escuelas insuficientes, plazas utilizadas para beneficiar a personas afines al poder,  y un cementerio descrito de manera especialmente cruda:

 

“El Campo Santo… , cuyo camino, en vez de un camino es una vereda (...) asemejase más a un muladar que a un cementerio de seres humanos. Innumerables huesos (…) háyanse esparcidos sobre la superficie.”

 

La descripción del matadero municipal: “en el extremo de una calles más céntrica, al aire libre” y convertido en “un constante foco de infección”, muestra el contraste entre los impuestos pagados por los vecinos, en especial el "odioso" impuesto  de consumo, y la casi total inexistencia de servicios dignos.

 

Obras públicas al servicio de intereses privados.

 

Según García Arteaga, los recursos municipales se desviaban hacia obras destinadas a favorecer a los propios caciques:

 

“El dinero del municipio (…) está saliendo para una carretera que conduce a unas fincas particulares de estos mismos caciques y a un hotel recién construido, donde se explotan clandestinamente aguas medicinales.”

 

Se refiere al hotel y balneario, conocido en la época como La Salud, propiedad entonces de las familias Armas Merino y Ramos Medina, ocupa hoy el emplazamiento de la actual Casa San Pablo.

 

 “En las plazas, en vez de tenderse a su embellecimiento y ensanche, se regalan solares para edificar en ellas los allegado a la politica dominante”…

 

Un llamamiento desesperado.

 

El escrito de cinco cuartillas, termina con un ruego dramático, en el que el autor se presenta como portavoz del “esclavizado pueblo” de Agaete, pidiendo a Primo de Rivera una inspección urgente del Ayuntamiento y un castigo ejemplar para los responsables:

 

“El pueblo, profundamente agradecido, bendeciría a V.E. eternamente.”

 

Aunque desconocemos si su petición tuvo algún efecto, el documento nos permite comprender el clima político y social que se vivía en Agaete en aquellos años de transición hacia la república y posterior dictadura.

 

Un testimonio para la memoria histórica de Agaete

 

 

Más allá de las acusaciones concretas, este escrito refleja una época en la que la vida municipal de muchos pueblos estaba profundamente condicionada por redes familiares, clientelismo y ausencia de controles efectivos. En el caso de Agaete, dos apellidos aparecen con especial frecuencia en la documentación histórica: Armas Merino y Ramos Medina, cuyos miembros, como Francisco de Armas y Graciliano Ramos, además cuñados, se turnaron en la alcaldía durante buena parte de las primeras décadas del siglo XX.

 

El hallazgo de este documento es, por tanto, una pieza más para entender un período clave de nuestra historia local.

 

Más allá de las acusaciones concretas, que pertenecen al terreno de la interpretación histórica y deben situarse dentro del clima político del momento, este documento representa una valiosa ventana hacia la vida municipal de Agaete en los albores del siglo XX. Constituye, además, un raro testimonio de resistencia ciudadana frente a la estructura caciquil que caracterizó buena parte de la política canaria hasta la llegada de la Segunda República.

 

La voz de Juan García Arteaga, preservada contra todo pronóstico, nos permite escuchar el eco de un tiempo en que la lucha por la dignidad pública y la transparencia administrativa comenzaba a tomar forma en los márgenes de los pueblos.

 

Nos permite escuchar la voz de un vecino que, hace ya un siglo, expresó con valentía su indignación y dejó un testimonio que hoy contribuye a conocer mejor el pasado político de Agaete.

 

José Ramón Santana Suárez

Agaete mi pasión.